La legalización de la venta ambulante puede retrasarse hasta marzo

La ordenanza reguladora de la venta ambulante no podrá aplicarse posiblemente hasta el mes de marzo o abril, a pesar de que el anteproyecto definitivo fue estudiado ayer, martes, por una comisión mixta formada por miembros de UCD, PSOE y PCE. El nuevo anteproyecto recoge algunas de las enmiendas presentadas por los organismos que se consideran afectados, aunque la mayor parte de las recibidas en el Ayuntamiento no han sido tenidas en cuenta por ser enmiendas a la totalidad de un texto que legaliza por primera vez una venta considerada desde siempre por muchos sectores como prohibida.

El anteproyecto, una vez recogidas algunas de las enmiendas presentadas, ha variado poco con respecto al texto que les fue entregado para su estudio a los comerciantes y a los vendedores ambulantes. Por consiguiente, si el texto es ratificado en el Pleno ordinario que se celebrará a finales de mes es posible que sean permitidos los mercadillos y los puestos aislados en los lugares que determine cada junta de distrito.Sin embargo, este permiso puede aún retrasarse hasta el mes de marzo o abril en virtud del período de información pública y las enmiendas que, esta vez oficialmente, hagan comerciantes y otros grupos que consideran esta venta lesiva para sus intereses y que incluso pueden motivar la intervención del Ministerio de Administración Territorial sobre el tema.

Prueba de la presión que se espera realicen los comerciantes para impedir el desarrollo de esta ordenanza son las enmiendas a la totalidad presentadas por asociaciones de comerciantes, que van desde los peleteros hasta los joyeros.

Regulación provisional

Entretanto, los vendedores ambulantes, a quienes se les ha prohibido su actividad en la zona centro y en las estaciones de Metro, pueden acogerse a unas normas provisionales aprobadas el pasado 25 de junio y firmadas por el entonces alcalde en funciones, Ramón Tamames, así como por José Barrionuevo y Luis Rufilanchas, en sus calidades de tercer teniente de alcalde y el concejal responsable de la delegación de Abastos y Mercados, respectivamente. Estas normas, desconocidas casi totalmente por los vendedores ambulantes, permiten a las juntas municipales elegir solares para la instalación de mercadillos, determinar el número de puestos y el horario de venta.Según la normativa entonces dada, tras la petición a la junta municipal, en la que los interesados tienen que hacer constar sus datos y su situación laboral, el expediente es enviado a la delegación de Abastos, que se encarga de conceder la autorización personal e intransferible, aunque provisional, hasta que la definitiva ordenanza entre en vigor. Como consecuencia de este desconocimiento, se calcula que el número de licencias concedidas en estos cuatro últimos meses no pasa de las cincuenta.

La nueva ordenanza diferencia la venta ambulante por el género vendido y su situación geográfica, ya que establece la existencia de mercadillos de frutas y verduras y situados o puestos aislados en la vía pública de artículos de artesanía y ornato de pequeño volumen. Para la elección del lugar donde tendrán que ser instalados ambos, la junta «tendrá en cuenta los legítirnos intereses del comercio regularmente establecido, el grado de abastecimiento de la zona, las demandas del vecindario y las facilidades de instalación y acceso de vendedores y compradores».

Mientras los mercadillos serán autorizados hasta dos días por semana, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, los situados, o puestos aislados, podrán instalarse todos los días de la semana en un horario determinado por la junta del distrito y comprendido entre las ocho de la mañana y las diez de la noche.

Para la otorgación de autorización será criterio preferente la situación de desempleo del peticionario y el carecer de otros medios de subsistencia, «quedando expresamente excluidos aquellos que estén disfrutando del subsidio de desempleo». Las autorizaciones serán recogidas en la delegación de Hacienda una vez sea satisfecha la tasa correspondiente justificado el alta en la licencia fiscal.

La delegación de Sanidad y Asistencia Social, por su parte, inspeccionará los artículos y la delegación de Seguridad y Policía Municipal se ocupará del mantenimiento del orden público y del cumplimiento de las normas de la ordenanza. En caso de incumplirse éstas, existirán unas sanciones que irán desde cien pesetas a 10.000, según sean las faltas leves, graves y muy graves; como consecuencia de la comisión de estas últimas, puede revocarse la autorización y decomisar la mercancía.