Aprobada la ley del Consejo General del Poder Judicial

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La división de la izquierda quedó de manifiesto en las intervenciones del socialista Gregorio Peces-Barba y del comunista Josep Solé Barberá, con réplica final del primero en defensa de que el PCE no es la única izquierda. El señor Peces-Barba aseguró que todas las pretensiones socialistas, excepto la relativa al derecho de asociación de jueces y magistrados, habían quedado satisfechas en la ley. Criticó la interpretación pequeña hecha por el PNV, así como el deseo de los comunistas por mostrar que su grupo parlamentario está aislado y es la única izquierda.

El señor Solé Barberá recordó las casi cincuenta enmiendas de su grupo rechazadas y explicó que la actitud comunista responde a un planteamiento muy serio. Manifestó su sentimiento por haber tenido que votar en contra, en cumplimiento del deber de «decir que no a lo que no nos gusta, sin que nos aparten de ello ni las amenazas ni las coacciones».

Por su parte, José María Gil-Albert, por UCD, explicó que su grupo había votado con entusiasmo a favor del proyecto de ley porque entendía que desarrollaba fiel y coherentemente los principios contenidos en la Constitución en torno a la configuración del poder judicial. Negó que el proyecto de ley aprobado mermase las competencias autonómicas en materia de justicia y manifestó no comprender el recelo manifestado al respecto por el grupo del Partido Nacionalista Vasco.

El Grupo Comunista, el más constante en la defensa de sus enmiendas, no logró que prosperase ninguna de ellas como consecuencia de la defensa conjunta de centristas y socialistas del texto del proyecto de ley elaborado por la ponencia. Los socialistas sólo plantearon batalla, enfrentándose con fuerza al Grupo parlamentario de UCD en el tema del asociacionismo judicial regulado en la disposición adicional segunda del proyecto de ley.

En este punto, el Grupo Socialista, a través del diputado Joaquín Navarro, mantuvo la tesis de que la posición centrista obstaculizaba grandemente la democratización del poder judicial. El texto del proyecto de ley, que logró salir adelante por la escasa mayoría de nueve votos (141 diputados votaron sí y 132 en contra) admite la libertad de asociación profesional de jueces y magistrados, pero establece dos requisitos para el ejercicio de este derecho: que las asociaciones de jueces y magistrados que pretendan constituirse sean de ámbito nacional Y que las mismas cuenten con la adhesión de, al menos, el 20% de quienes pudieran formar parte de las mismas.

Según los socialistas, las limitaciones impuestas por el partido del Gobierno conducen, de hecho, a que solamente pueda constituirse una asociación única de jueces y magistrados. Por otra parte, los socialistas mantuvieron que esta unidad asociativa impuesta por la ley no tiene en cuenta la realidad social, por lo que será, con toda seguridad. germen de enfrentamiento y de atomización de los profesionales de la justicia. Refiriéndose al porcentaje del 20% necesario para constituir una asociación judicial, el diputado Joaquín Navarro lo calificó de baldón ignominioso para la carrera judicial, producto del recelo del Gobierno y de UCD ante el grupo de Justicia Democrática, sector que luchó en la época del franquismo por la democratización de la justicia y por la consecución de un estado de derecho. El señor Navarro informó al Pleno que un representante del sector reaccionario de la justicia había manifestado a algunos diputados centristas lo siguiente: «No me rebajéis ni en una sola décima ese porcentaje del 20%.»

Contra la regulación de UCD al asociacionismo judicial, también propusieron enmiendas los restantes grupos de izquierda, los nacionalistas catalanes y Coalición Democrática. Los comunistas, aparte de propugnar como los socialistas el reconocimiento pleno para jueces y magistrados del derecho de asociación profesional, mantuvieron la necesidad de que los fiscales no fueran excluidos de las asociaciones de jueces y magistrados.

El diputado comunista Josep Solé Barberá, tras reconocer públicamente la aportación del ministerio fiscal en los años del franquismo al advenimiento de la democracia, calificó de exclusión innecesaria e injusta la que establece el proyecto de ley respecto al derecho de los fiscales a asociarse conjuntamente con jueces y magistrados. Los nacionalistas catalanes, a través de la Minoría Catalana, hicieron hincapié en el carácter nacional que se exige a las asociaciones judiciales que pretendan constituirse. El diputado Roca Junyén recordó que esta limitación legal choca en este momento con los hechos, pues en algunas zonas, y concretamente en Cataluña, existen ya asociaciones de ámbito regional, tal la Asociación de Funcionarios de la Administración de Justicia de Cataluña.

En el polo opuesto de las enmiendas presentadas por los grupos de izquierda y nacionalistas, Coalición Democrática defendió una enmienda contraria al texto del proyecto de ley, por la que se propugnaba una asociación única de jueces y magistrados. UCD, a través del diputado señor Moscoso, mantuvo su posición y respondió a los argumentos contenidos en las distintas enmiendas presentadas. Respecto a la exclusión de los fiscales de las asociaciones de jueces y magistrados, argumentó que el derecho de asociación de los primeros deberá ser contemplado en el estatuto del ministerio fiscal, ya próximo a ser remitido por el Gobierno al Congreso. Respecto a la acusación de que UCD limita el derecho de asociación profesional de jueces y magistrados, el señor Moscoso manifestó que no había tal limitación al derecho de asociación, ya que lo único que su grupo pretendía con los requisitos establecidos era el evitar la atomización y el fraccionamiento de los miembros de la carrera judicial. Las enmiendas de la izquierda y de los grupos nacionalistas fueron rechazadas por los votos en contra de UCD, mientras que la de Coalición Democrática no sólo tuvo en contra los votos del partido del Gobierno, sino también los de los restantes grupos parlamentarios.

Sólo admitida una enmienda

Con anterioridad al debate planteado sobre el asociacionismo judicial, que se prolongó durante dos horas en la sesión de la tarde, el Pleno aceptó en la sesión de la mañana una enmienda socialista por la que se limitan algunas de las funciones atribuidas al presidente del Consejo General. Esta ha sido la única enmienda admitida y que modifica mínimamente un texto pactado previamente casi en su totalidad entre el partido del Gobierno y el grupo mayoritario de la oposición.

Contra este pacto UCD-PSOE siguieron estrellándose las enmiendas comunistas, contra las que votaron no solo los diputados centristas, sino también los socialistas, tras haber abandonado éstos la postura abstencionista mantenida en la sesión del día anterior.

Los comunistas insistieron, a través de algunas de sus enmiendas, en que el proyecto de ley no mantiene una situación de igualdad entre los vocales del Consejo General de procedencia judicial y los de procedencia parlamentaria, a los que se niega funciones directivas en el seno del Consejo General y sus órganos de apoyo. Los socialistas, que asumieron en varias ocasiones la tarea de oponerse a las enmiendas comunistas, replicaron que el objetivo de su grupo siempre fue el de reforzar el principio de representatividad frente al jerárquico en el órgano de gobierno del poder judicial. Así, precisó el diputado socialista Joaquín Navarro, el Grupo Socialista ha conseguido aumentar las competencias del Pleno del Consejo General, hasta el extremo de que el texto conseguido consagra la hegemonía democrática de este órgano sobre la Comisión Permanente y sobre las facultades el presidente.

Otro tema en el que no hubo coincidencia entre comunistas y socialistas fue el relativo al órgano técnico denominado «servicios de personal, gestión e inspección» y a las competencias y funciones del secretario general del Consejo del Poder Judicial. El Grupo Comunista pretendía la desaparición de la inspección, así como la reducción de las competencias del secretarlo general, ya que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial. En nombre de los socialistas, el diputado Joaquín Navarro manifestó que su grupo estaba de acuerdo, en principio, con suprimir un órgano que había tenido actuaciones sombrías en el pasado, pero que, visto el texto constitucional, era imposible obviar la función inspectora sobre los juzgados y tribunales. Manifestó que la fórmula que se había encontrado era la de que este órgano estuviese sometido al Consejo General.

Otra de las cuestiones planteadas por los comunistas, en la que se encubría una determinada concepción política del Estado, fue la relativa a la necesidad de constituir en el ámbito de los entes autonómicos consejos territoriales del poder judicial, como órganos de gobierno de la magistratura en el ámbito autonómico. Este tema, que no aparece en ninguno de los artículos del proyecto de ley, fue planteado por el Grupo Comunista a través de una enmienda por la que se pretendía añadir al proyecto de ley un nuevo título bajo la rúbrica «de los consejos territoriales del poder judicial». Según los comunistas, la estructura autonómica del gobierno del poder judicial responde al estado de autonomías reconocido en la Constitución.