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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Nota oficial del Ministerio del Interior

En relación con las informaciones difundidas a través de algunos medios de comunicación social, sobre supuestos malos tratos, torturas y vejaciones a presuntos miembros de la organización terrorista ETA, detenidos por la Guardia Civil, como consecuencia de la desarticulación del comando que intentó colocar un artefacto explosivo de 35 kilogramos de goma-2 en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Inchaurrondo (Guipúzcoa), el Ministerio del Interior hace las siguientes precisiones:

Primero, El diputado por la coalición Euskadiko Ezkerra, don Juan María Bandrés Molet, comunicó al Ministerio del Interior, inicialmente de forma verbal y con posterioridad por carta de 27 de octubre de 1979, que los detenidos Miguel Amilibia Urcelay e Izaskun Arrazola Mallona, aseguran haber sido torturados durante su estancia en la comandancia de la Guardia Civil y comisaría de policía de San Sebastián.

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El contenido de la citada carta y el escrito sin firma que detallaba tales hechos han sido posteriormente difundidos en algunos medios de comunicación del País Vasco y de Madrid.

Segundo. En relación con tales denuncias, el Ministerio del Interior, a través'de la Dirección de la Seguridad del Estado y Dirección General de la Guardia Civil, ordenó la práctica de las informaciones preceptuadas en los reglamentos vigentes de sus respectivos Cuerpos, con el fin de proceder a la averiguación y total esclarecimiento de las denuncias formuladas.

Practicadas las informaciones correspondientes y demostrada la falsedad de tan graves acusaciones, el Ministerio del Interior se ha dirigido al fiscal general del Estado Para que inste de los órganos judiciales competentes las actuaciones precisas para la determinación de tal falsedad y, en su caso, consiguiente condena de los autores de las mismas.

Tercero. Finalmente, el Ministerio del Interior manifiesta sus fundadas sospechas de que tales denuncias forman parte de una campaña de desprestigio contra los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

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