"La responsabilidad del Consejo del País Valenciano en el proceso autonómico ha terminado"

«Con la entrega a la Cámara legislativa y al Gobierno de la documentación sobre el abrumador pronunciamiento autonomista de los ayuntamientos, el Consejo del País Valenciano ha concluido su responsabilidad en el proceso hacia el Estatuto. Ahora, la palabra la tienen el Gobierno y los parlamentarios.» En estos términos se manifestó su presidente, el socialista José Luis Albiñana, a EL PAÍS horas después de hacer entrega del acta de nacimiento del País Valenciano como pueblo, en que un 95% de los municipios, que representan el 98% de los electores, pedían formalmente la autonomía. Este hecho sitúa a la comunidad valenciana en la punta de lanza de las autonomías no históricas que optan por el procedimiento del articulo 151 de la Constitución.

«El Consejo ha dado de sí todo lo que podía de acuerdo a su capacidad de conexión con todos los ayuntamientos. En la nueva etapa del proceso autonómico la autonomía debe ser potenciada por todos para que el pueblo la entienda como un bien del conjunto de la comunidad. Cada consejero y la misma presidencia deben desarrollar una actuación propia, porque la unidad, fruto de la claudicación o la coacción, sería rechazable y la autonomía que saliera, inaceptable».La Constitución prevé que, tras el pronunciamiento municipal, el Gobierno convocara, sin determinar un plazo, a los parlamentarios valencianos para constituirse en asamblea y elaborar el Estatuto que deberá obtener el acuerdo de la mayoría absoluta de sus componentes. Los parlamentarios, a iniciativa propia, se adelantaron meses atrás, con la creación de la «comisión de los nueve», encargada de redactar el Estatuto, cuyo contenido depende de los resultados de las conversaciones en marcha entre las fuerzas mayoritarias.

«No tengo inconveniente en convocar al plenario de parlamentarios para que se constituya pero me temo que tendría el mismo éxito que en las dos ocasiones anteriores, cuando hice entrega de los proyectos de Estatuto recibidos por el Consejo, y la segunda para poner en marcha la comisión redactora», respondió José Luis Albiñana a la pregunta sobre su posible intervención en la constitución de la Asamblea de Parlamentarios.

Un presidente sin respaldo democrático

«Y que no se reúna me parece grave por el protagonismo que le cabe en la elaboración del Estatuto, así como por el papel tutelar que le corresponde ejercer sobre la marcha del Consejo. La presidencia ha estado carente de este respaldo democrático y es el plenario de parlamentarios y esto ha afectado gravemente a la marcha del Consejo. Mientras el plenario responde al estado más aproximado del voto popular, en el Consejo se introduce un factor distorsionante, con la representación de segundo grado de las diputaciones provinciales, que ha permitido ostentar la mayoría a un partido diferente del de presidencia. Esta situación equivale a la de un Gobierno formado por una mayoría diferente al Parlamento de origen.»La política valenciana ha sido monopolizada por las conversaciones del PSOE y la UCD. Con un plenario sin constituir y un Consejo bloqueado, los partidos acordaron crear una nueva cancha de entendimiento con estas conversaciones, de las que en su fase primera han sido marginados los comunistas. «Un acuerdo entre los partidos puede favorecer la agilización de todos los trámites del proceso autonómico y sortear los obstáculos que hoy se plantean, manifestó a este respecto, pero me temo que esto pueda afectar a la vida institucional. Los ayuntamientos son autónomos, el Consejo también, y su responsabilidad no se diluye por conversaciones partidistas. Si ello fuera así, bastaría reunir a los secretarios generales para administrar hasta el ayuntamiento más pequeño de nuestra geografía.»

Los temores del presidente Albiñana aluden también a la desmovilización y describilidad que se pueden crear en el pueblo que contempla la negociación desde fuera. «Se podría pensar incluso que el Gobierno del País Valenciano ha sido sustituido excepcionalmente por un directorio o junta militar. Esto me parece un grave error porque el Consejo tiene un poder político muy superior a sus competencias reales. La capacidad política que ha recibido de la confianza popular es un patrimonio que el Consejo debe administrar autónomamente.»

En el marco de estas conversaciones, uno de los temas claves es la presidencia del Consejo. Las aspiraciones iniciales de UCD a eliminar la distorsión en el Gobierno valenciano accediendo a la presidencia por ser el partido mayoritario se han situado en un lugar secundario, por detrás de la negociación del contenido del Estatuto. Sin embargo, José Luis Albiñana parece dispuesto a aceptar su salida si así se acordara.

«He repetido varias veces a mi partido que me encuentro en disponibilidad total. Pienso que estoy en la política de manera provisional desde el momento en que fui secuestrado de mi despacho profesional de abogado por el proceso de recuperación democrática. Estoy en la presidencia en la medida en que mi actuación es útil. Pero en el momento en que sea recomendable mi sustitución, por ni parte no habrá ninguna resistencia.»

Las expectativas del primer referéndum autonómico, que diversos sectores han propuesto para el próximo 28 de febrero, coincidente con el de Andalucía, no pueden desprenderse de los resultados de los referendos vasco y catalán. «No creo que nuestros procesos respectivos puedan relacionarse», dijo José Luis Albiñana. «Si allí se ha producido un alto índice de abstención es por circunstancias muy diversas, las condiciones climatológicas o la falsa creencia popular de que el Estatuto ya estaba aprobado, como ocurrió con la Constitución.