El preocupante retraso del calendario legislativo
LOS BUENOS augurios iniciales de que la nueva legislatura, superada ya la etapa de inexperiencia y falta de entrenamiento de la anterior, iba a tomarse en serio su trabajo y convertirse para sus conciudadanos en un ejemplo de cumplimiento del deber y sentido de la responsabilidad comienzan a ser desmentidos por los hechos. Al comienzo, del verano, el Gobierno trató de cumplir el calendario legislativo al que se había comprometido, y las ponencias, comisiones y plenos del Congreso dictaminaron, discutieron y aprobaron hasta septiembre normas tan importantes como los estatutos de Guernica y de Sau, el estatuto de Televisión y la ley del Tribunal Constitucional. Sin embargo, durante las últimas semanas, el brusco frenazo de la iniciativa legislativa gubernamental se ha visto correspondido por el ritmo lento de los trabajos parlamentarios para dar curso a los proyectos llegados al Congreso y por lamentables espectáculos de absentismo laboral e indiferencia en las sesiones plenarias.No debe ser tomado como descortesía que se recuerde a los señores diputados que sus electores les han enviado al Congreso para que representen sus intereses, hagan las leyes y controlen y vigilen al poder ejecutivo; y que por esas labores, a cuyo cumplimiento les obliga su sentido de la responsabilidad ciudadana y política, perciben, además, unos elevados honorarios que les vinculan como profesionales a unas tareas voluntariamente aceptadas. Las fotografías del hemiciclo vacío len vísperas de un largo «puente» o un modesto fin de semana dañan más a las instituciones democráticas que cualquier virulento ataque dirigido contra ellas en un mitin o en un artículo. Y ni qué decir tiene que la culpa de esos lamentables testimonios gráficos no corresponde a los que los obtienen o publican, sino a quienes los hacen posibles con sus ausencias.
Pero, aunque sea menos espectacular, igual importancia revisten los atascos y dilaciones del trabajo parlamentario en ponencias y comisiones. Mañana se inicia el debate del estatuto del trabajador, pero todavía no han entrado en las comisiones correspondientes los proyectos de ley sobre financiación de las comunidades autónomas, policías autónomas, Defensa, seguridad ciudadana, Consejo General del Poder Judicial, libertad religiosa, reforma del Código Civil y procedimiento monitorio. Posiblemente el retraso en la discusión de estos proyectos de ley, enviados por el Gobierno en los meses de junio y julio, tenga en algunos casos una explicación técnica y en otros una motivación política, entendiendo por tal las negociaciones de pasillos entre los principales grupos parlamentarios. Sería necesario, sin embargo, que el presidente del Congreso hiciera de cuando en cuando un balance público de los trabajos de su Cámara e informara a la opinión del estado en que se encuentra cada proyecto.
Más grave resulta todavía el parón del Gobierno, que -con la excepción notable de la ley del Defensor del Pueblo- se ha apoderado de la iniciativa legislativa en régimen de monopolio. Su parálisis en este terreno, así, corta el grifo de entrada en el Congreso de los proyectos de ley. Mientras, en el mes de septiembre, su buen trabajo en los meses de junio y julio, la tensión y los esfuerzos consagrados a los estatutos de autonomía y la pausa veraniega de agosto le hacían acreedor de un margen de confianza para cubrir su ligero retraso, a finales de octubre empieza a resultar preocupante el incumplimiento del calendario legislativo anunciado a bombo y platillo en su día por el ministro de la Presidencia. Resulta así que de los trece proyectos de ley comprometidos para los tres últimos meses sólo ha llegado al Congreso la ley orgánica del Consejo de Estado, mientras otros dos proyectos aprobados en principio por el Consejo de Ministros -la ley de Autonomía Universitaria y la reforma del Código Penal- parecen haberse extraviado en el camino hacia el palacio de la carrera de San Jerónimo. Los diez textos restantes, algunos de vital importancia para el desarrollo constitucional, esperan todavía la «luz verde» del palacio de la Moncloa o el arbitraje por el presidente del Gobierno de los conflictos y desacuerdos que enfrentan a sus desunidos ministros.
Para refrescar la memoria, recordaremos las materias de esos proyectos condenados temporalmente al limbo: regulación de la huelga, Administración central del Estado, protección pública. a la vivienda, referéndum, poder judicial, ministerio fiscal, régimen local, Tribunal de Cuentas, divorcio y protección a la familia.
En diversas ocasiones hemos señalado que la defensa del régimen parlamentario contra los ataques que le dirigen los enemigos de las libertades y de las instituciones representativas tiene su mejor arma en la transparencia, honestidad y eficacia de la vida pública democrática. Si los mecanismos del trabajo legislativo, ya de por sí complicados en un sistema parlamentario, quedan bloqueados o trabados por un Gobierno que no cumple con su propio calendario y unos diputados más preocupados por conocer el resultado de las negociaciones de pasillos entre sus líderes que por hincar el diente a los proyectos llegados al Congreso, la clase política incurre en la grave responsabilidad de estar ofreciendo un flanco desguarnecido y culpable a los dardos disparados desde la ultraderecha. El prestigio de las instituciones democráticas debe ser guardado, ante todo, por quienes desempeñan los principales papeles en su funcionamiento y están obligados a cumplir sus tareas con honestidad, eficacia y seguridad.
