El Gobierno israelí se encuentra ante una crisis de salida

En menos de 48 horas, el Gobierno de Israel, que preside el primer ministro Menahem Begin, se ha visto sacudido hasta los cimientos por dos hechos. El primero, la estrepitosa dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Dayan, debida a un grave desacuerdo con Begin sobre la cuestión palestina y las negociaciones sobre la autonomía. El segundo, veinticuatro horas después, la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo de Israel, que declara ilegal la colonia judía establecida en Elon Moreh, cerca de Neblus, y concede al Gobierno el plazo de un mes para evacuar a los colonos y desmantelar allí todas las instalaciones edificadadas.

La decisión del Tribunal Supremo ha sonado corno una bofetada en el rostro de Menahem Begin, quien, al día siguiente de su victoria electoral en mayo de 1977 se desplazó triunfalmente a Elon Moreh y proclamó, entre las aclamaciones de la multitud, que «no habría un solo, sino muchos Elon Moreh en Judea y Samaria» (la Cisjordania ocupada).El veredicto del alto tribunal israelí que declara ilegal la confiscación de tierras privadas «para satisfacer las necesidades de una ideología», es también un triunfo para Moshe Dayan, que se había opuesto sistemáticamente a ellas, junto con el ministro de Defensa, Ezer Weizman, y el viceprimer ministro, Igal Yadin.

«Privado de Moshe Dayan, una personalidad rica en matices, llena de ideas y dotada de una segura intuición política, el Gobierno israelí será en adelante más gris y más frágil que nunca», según escribió ayer el periódico popular Maariv (independiente nacionalista) El jefe de la redacción del segundo periódico del país, Yadioth A haronot (liberal e independiente), afirma que tras la salida de Dayan «el Gobierno Begin no tiene ninguna posibilidad de supervivencia », y propone su dimisión para dar paso a nuevas elecciones parlamentarias.Según la opinión de la mayoría de los comentaristas políticos, la decisión del Tribunal Supremo puede ocasionar más graves consecuencias para el Gobierno Begin que la dimisión de Dayan. Efectivamente, se trata de una desautorización directa de la política gubernamental que coloca a Begin ante una situación insostenible.

Ya se han elevado voces dentro del partido del primer ministro, el Likud, pidiendo que se vote en el Parlamento una ley con carácter retroactivo que anule el veredicto del Tribunal Supremo.

Legalmente esto es posible, pero Begin, consciente del peligro que supondría una acción en tal sentido, ha decidido, tras consultar al ministro de Justicia y varios expertos jurídicos, acatar la decisión del Tribunal Supremo.

Otros dirigentes del Likud han propuesto la «extensión de las leyes de Israel a Judea y Samaria», es decir, la anexión de Cisjordania, para evitar en el futuro situaciones tan embarazosas para el Gobierno.

Dilema irresoluble

El Gobierno deberá decidir sobre el camino a seguir. Puede decidir la anexión de Cisjordania y Gaza, que se encuentran sometidas hasta ahora a administración militar, en virtud de las leyes internacionales concernientes a los territorios ocupados. Si el Gobierno somete al Parlamento una ley que extienda las leyes israelíes a CisJordania, es decir, la anexión, con ello no sólo dividirá al país en dos bandos, sino que corre el riesgo de provocar estallidos de protesta entre los palestinos residentes en los territorios ocupados y provocará el estupor en la opinión internacional. Y, todavía más grave: constituiría una violación de los acuerdos de Camp David, firmados por Begin con Egipto Y Estados Unidos, y que prevén que el estatuto definitivo de CisJordania y Gaza no será fijado hasta dentro de cinco años, con la participación de egipcios y los palestinos.

Pero también puede decidir el Gobierno la renuncia temporal a la colonización judía en los territorios ocupados, con lo que viola su propio programa de gobierno, así corno la ideología dominante en la coalición compuesta por el L¡kudy los partidos religiosos.

Ya el Gush Emunim, movimiento ultranacionalista que preconiza la extensión de la colonización judía en Cisjordania, ha afirmado que no respetará la decisión del Tribunal Supremo y pretende concentrar millares de israelíes en Elon Moreli para evitar la expulsión de los colonos.

En resumen, la aplicación de la decisión del Tribunal Supremo se ha convertido en un test no sólo de la voluntad de la decisión del Gobierno de aplicar la ley en Israel, sino también del funcionamiento de las estructuras democráticas en el país.