La inspección de Comercio recibe menos de veinte denuncias diarias

«¡Es un robo! No sé qué es lo que hacen los del Gobierno, pero no hay derecho a que me cobren esto por el colegio de mis hijos.» «La operación de mi mujer me ha costado un riñón.» «Luego quieren que tomemos transportes públicos: desde Leganés me sale mucho mejor coger el coche.» Estas y otras muchas protestas son escuchadas diariamente en cualquier parte, y se plasman en las encuestas que se realizan sobre problemas que afectan al ciudadano.Sin embargo, las protestas y la preocupación se quedan en eso. «El ciudadano no sabe sus derechos», dicen las autoridades cuando lanzan una campaña contra el fraude de los precios, y prueba de ello es que sólo unas veinte personas en Madrid llaman cada día a la Jefatura Provincial de Comercio Interior para denunciar un exceso de precio o una falta de calidad tanto en los sectores de servicio como de alimentación.

El número, insignificante para la situación real, parece estar, sin embargo, muy acorde con los medios de que dispone un organismo como la Jefatura Provincial de Comercio Interior, encargada del control de precios, del estudio de los niveles de abastecimiento de una capital como Madrid, de la comprobación de las denuncias que se realizan y de la recogida de muestras para su análisis en laboratorio,

El organismo, dependiente de la Delegación Regional de Comercio, cuenta tan sólo con diez hombres para los precios y veintiocho para la inspección, y tiene una consignación económica de 600.000 pesetas anuales para la compra de muestras, que tienen que ser adquiridas por triplicado.

«Contamos con muchos obstáculos, ya que no hay colaboración, por ejemplo, para la determinación del abastecimiento. Sabemos que un 40% de la carne clue se consume en Madrid pasa por canales municipales, en tanto el resto viene a través de mataderos frígoríficos. Sobre la entrada de frutas y verduras, gran parte pasa por el mercado de Legazpi, pero no hay datos, ya que no hay obligación por parte de los comerciantes de comunicarnos sus canales de abastecimiento. Sólo algunas cadenas y grandes comercios nos informan cuando quieren», manifestó Jesús Fernández Calvo, jefe provincial de Comercio Interior.

Control de precios

Afortunadamente, no todos los temas sobre los que se ejerce el control se encuentran en condiciones parecidas. La Jefatura Provincial parece haber volcado sus escasos medios en la misión de controlar los precios. Numerosos gráficos con el precio máximo, el mínimo y el corriente son realizados sobre todos los productos alimenticios en venta; se vigilan los márgenes comerciales: el 17% que aplica el carnicero por arrastre y merca, las seis pesetas por litro de aceite de oliva, las 3,50 por litro de aceite de girasol, las dos pesetas por kilo de patatas; se ve si los precios considerados como autorizados en la provincia -la leche fresca, el agua, el agua de riego, las clínicas, los sanatorios, los hospitales, los aparcamientos, los garajes, el Metro, autobuses y taxis- cumplen los topes marcados, y se fijan los precios de artículos que, como los huevos o los pollos, son estudiados cada semana.Asimismo, el jefe provincial de Comercio Interior forma parte de la Comisión Provincial de Precios, encargada de fijar las subidas en los artículos autorizados y de aceptar o no los precios de los productos considerados como comunicados, y que en la provincia van desde el engrase y los cambios de piezas de automóviles hasta las entradas de fútbol o de cine, pasando por los restaurantes (excepto los de cinco tenedores), los bares y las cafeterías.

En el caso de que la Comisión decida que los precios comunicados son excesivos, al margen de que éstos pueden entrar en vigor, la Comisión Provincial, en la que están representados casi todos los ministerios, puede enviar su dictamen a la Junta Superior de Precios, que podría incluso cambiar la consideración del artículo de comunicado a autorizado.

Como consecuencia de todas estas modalidades de vigilancia, las catorce parejas dedicadas a la inspección incoaron el pasado año 2.719 expedientes -de ellos, 2.142, por fraudes de precio o calidad en productos alimenticios-, y se resolvieron 2.214, mediante la imposición de sanciones por un importe total de 36.852.000 pesetas, cobradas por el Ministerio de Hacienda.

En los nueve primeros meses de este año la, recaudación por sanciones se ha visto incrementada, ya que a finales del mes de septiembre el total de las multas impuestas se acercaba a sesenta millones de pesetas. Eso- sin tener en cuenta -la mayor sanción que puede poner la Jefatura es de 50.000 pesetas- las multas que pone la Dirección General de Disciplina de Mercado, por valor máximo de 500.000 pesetas, o las que el Consejo de Ministros decide por una cuantía superior.

Del estudio de las sanciones impuestas destacan las producidas por fraude de productos alimenticios. «Aunque las reparaciones en garajes u otros servicios son también denunciadas, al no haber en muchos casos legislación sobre el tema, no podemos más que recomendar a los particulares que denuncien el hecho en los tribunales de justicia», manifestó el señor Fernández Calvo.

Análisis de calidad

De todos los expedientes citados, sólo un 5 % corresponde a fraudes de calidad demostrados en laboratorio. La razón de este pequeño porcentaje podría deberse a que con la consignacion economica que tiene la Jefatura, y que, sin embargo, es la más alta de todas las provincias españolas -Avila, por ejemplo, tiene para compra de muestras 32.000 pesetas-, el año pasado sólo se pudieron enviar al laboratorio central, sito en Barajas, 824 muestras, pertenecientes a los sectores de productos lácteos, conservas, productos cárnicos, alcoholes, droguería, cosmética, aceites, pasta de sopas, pimentón, caldos y sopas deshidratadas, chocolates y turrones.

Para efectuar el muestreo, los inspectores levantan acta de que compran un producto en un determinado comercio o a la salida de fábrica. Dos de las tres unidades de la muestra comprada son enviadas al laboratorio, donde se ve si existe falta de peso, existencia de bromatos, exceso de humedad y otros análisis que determinan si la composición del producto está de acuerdo a las condiciones marcadas por la legislación.

En caso de que el análisis dé positivo, se avisa a las empresas para que envíen a un perito, que con la segunda muestra hace un segundo análisis, que, de ser contradictorio, tendrá que ser repetido con la tercera muestra. El análisis dirimente conllevará o no la apertura de un expediente sancionador.

«El pasado año, de las 824 actas, 85 dieron positivo, y de ellas, 53 fueron enviadas a provincias, ya que eran originarias de fuera de Madrid. Las 32 restantes motivaron la imposición de sanciones.»

Este año se han enviado 521 muestras y se calcula que el tanto por ciento de análisis positivos es similar. «Lógicamente, las sanciones son impuestas a la empresa fabricante, excepto cuando desaparece la tercera muestra, en poder del comerciante, ya que entonces se sanciona a éste y se tiene que sobreseer el expediente de la empresa.»