La ley del divorcio

Queremos sumar nuestra voz a todas las voces que se han oído hasta ahora, y se seguirán oyendo, en tomo al tema del divorcio.En primer lugar, como casi todo el mundo reconoce, opinamos que el divorcio en sí no es deseable, puesto que supone el reconocimiento del fracaso de un proyecto de vida. Normalmente, los que se casan lo hacen pensando en una unión duradera, y si llegan al divorcio es porque algo muy importante ha fallado.

Por otra parte, no es necesario acudir a las estadísticas para coniprobar que el número de parejas que no acepta vivir en el fracaso crece cada día en España. La cifra de separaciones y anulaciones auménta considerablemente. Esta es la realidad, resulta infantil pretender cerrar los ojos y suponer que impidiendo una ley que regule estas situaciones podría evitarse la tendencia creciente de esta curva.

El perjuicio que esta situación produce en terceros inocentes -tantas veces utilizado como argumento tópico contra el divorcio-, desgraciadamente, ya no se puede evitar: los hijos de las parejas separadas están viviendo, de hecho, en una situación anormal, y no es desdeñable la posibilidad de que encuentren un nuevo ambiente familiar más positivo en el hogar rehecho del padre o de la madre.

Por supuesto, la existencia de una ley que regule el divorcio no

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significa que vayan a acogerse a ella las personas que, por razones de conciencia individual o por creencia religiosa, no puedan admitir la ruptura total del vínculo. No somos juristas y, por tanto, no pretendemos ofrecer una alternativa de proyecto de ley de divorcio; sin embargo, consideramos que la futura ley debe arbitrar un procedimiento razonablemente corto y económicamente viable para la mayoría. Asimismo, nos parece de todo punto necesario que, en materia tan compleja y hasta ahora íntima y encubierta, el juez competente se vea asistido por un tribunal de familia constituido por psicólogos, sociólogos, sexólogos, asistentes sociales, etcétera.

Como pertenecientes a un grupo feminista que, a lo largo de muchos años, ha venido desvelando las graves discriminaciones que sufre la mujer española y defendiendo sus derechos, creemos necesario que los legisladores tengan en cuenta la situación de inferioridad de la que parte la mujer casada, por haber cumplido durante muchos años una función que nuestra sociedad le asignó y que le ha impedido, muy a menudo, ejercer una profesión y, en consecuencia, lograr una independencia económica, imprescindible para afrontar en igualdad de condiciones con el hombre el momento de la ruptura.

Si la ley de divorcio que se proyecta parte de la base de que ambos cónyuges pueden tomar una decisión sobre su futuro con la misma libertad, nos tememos que sólo podrán acogerse a ella las mujeres sin problema económico, por su situación personal o por la seguridad de que su ex marido podrá pasarle una pensión suficiente. Suponemos que los legisladores españoles tendrán recursos a fin de arbitrar medidas transitorias que sirvan para salvar estas situaciones verdaderamente angustiosas que, aun hoy mismo, afectan a muchas mujeres separadas. Lo deseable sería que esas medidas transitorias lo fueran realmente y que, una vez conseguida la pertinente cualificación profesional de la divorciada, fueran abolidas por innecesarias.

(Secretaria del Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer)