EI IRYDA expropia una finca andaluza infrautilizada

La comisión permanente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) ha aprobado el justiprecio para la adquisición, por parte del propio instituto, de la finca Dehesa del Toro, de 69 hectáreas, situada en la zona regable de los canales del Guadalcacín, en Jerez de la Frontera (Cádiz). La finca era de José Bohórquez Ruiz.Según fuentes del IRYDA, se ha procedido a la expropiación al no haber alcanzado la finca la intensidad de cultivos establecida en el Plan General de Transformación de la zona, y en aplicación de la vigente ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, pero totalmente al margen de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que se encuentra a falta de luz verde por parte del Senado.

Al señor Bohórquez le fue ya expropiada hace años parte de la finca, que era mucho mayor, pero se le respetaron las mencionadas 69 hectáreas a condición de que mantuviera las condiciones de rendimiento en el cultivo exigidas por la Administración en el mencionado plan. Ahora, como esas condiciones no se han cumplido, se ha procedido a la expropiación: «una más de las tantas que se han realizado», según fuentes del IRYDA, «ya que han sido expropiadas más de 500.000 hectáreas en los últimos treinta años».

En este caso concreto, para la determinación del justiprecio se han tenido en cuenta los precios de secano, aprobados para la zona mediante el decreto 3.098 / 1975, de 31 de octubre; como la tierra de la finca está catalogada como de «clase 2.ª», se expropia a razón de 200.000 pesetas la hectárea. El señor Bohórquez recibirá, pues, una cantidad aproximada a los catorce millones de pesetas. Para una tierra de regadío de clase 2ª, la hectárea cuesta actualmente unas 600.000 pesetas, y 800.000 si fuera de 1.ª. La expropiación se hace en base al precio de secano y no según la plusvalía que supone su conversión a terrenos de regadío.

La tramitación legal de este expediente ha durado varios años y, según fuentes gaditanas autorizadas, actualmente hay abiertos otros cinco, en la misma zona y por los mismos motivos, que también podrían ser resueltos por el IRYDA próximamente.

Esta expropiación, y las que puedan acordarse, nada tienen que ver con las anunciadas la semana pasada por el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, en aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, cuya aprobación por el Senado está prevista para antes de que finalice el año.

En este sentido, el IRYDA, los delegados provinciales de Agricultura y los propios ayuntamientos están elaborando un catálogo de fincas manifiestamente mejorables para procederse con ellas a una «expropiación de uso».