Tras la muerte de Macías

LA PENA de muerte, cualquiera que sea el lugar donde se aplique, es un acto moralmente injustificable, por atroces y sanguinarios que hayan sido los crímenes del acusado, y sin el valor ejemplificador que pretenden darle sus defensores. Los muchos «sin embargos» -políticos, sociológicos o religiosos- que apoyarían a la justicia que acaba con la vida del tirano no ocultan el que también en Malabo se haya utilizado la violencia para castigar la violencia. La ejecución del ex presidente Macías, sometido a un juicio que no reunía las mínimas garantías, podría y debía haberse evitado. Su muerte nada aporta al nuevo proceso político guineano; antes bien, es un mal comienzo. El nuevo Gobierno de Guinea Ecuatorial tiene que iniciar una rápida y tenaz tarea de constituir un sistema político en el que los dictadores no tengan cabida y donde la vida humana sea respetada escrupulosamente. Esta postura contra la pena capital debe ser así entendida como un acto de principios superior a los argumentos de eficacia política.El próximo 12 de octubre, el pueblo y el Gobierno de Guinea celebrarán el undécimo aniversario de su independencia. Hasta ahora, el camino ha sido una especie de calvario, en el que también España ha tenido sus culpas y pecados. Unos meses después de la independencia, en la primavera del año 1969, España colaboró con algunos políticos guineanos en la preparación de un golpe de Estado contra Macías, y cuando la operación estaba favorablemente resuelta, llegaron contraórdenes de Madrid. El resultado fue la estampida hacia afuera de la población española y la primera oleada de depuraciones y asesinatos del tirano. Desde entonces, el odio antiespañol se agudiza, y comienza un proceso de miedo y terror cuyo resultado final sería la salida de la población blanca (sin que se produzca ni un solo muerto) y un inexorable y tremendo proceso de degradación en todos los sectores del país. El sistema de organización política y económica de la época colonial es sustituido por el personalismo despótico, por la corrupción y una especie de calcomanía grotesca de una organización soviética de la producción. Los partidos políticos desaparecieron y la política exterior del pequeño Estado se limitó a dar una base pesquera a la URSS, obtener un poco de adiestramiento cubano para las milicias populares (más algunos médicos y maestros) y, cerrando el triángulo-circular de cooperación socialista, una sacrificada asistencia china.

Sin embargo, frente a esas apariencias, y a través de un tejido de influencias, durante los diez largos años del régimen de Macías el grueso de los intercambios comerciales de Guinea se ha venido realizando con España. España ha sido el principal mercado para el cacao, la madera y el café de Guinea, y en España ha comprado Guinea los abonos, el cemento, los alimentos y la maquinaría con que sustentar su economía. Todo esto fue posible gracias a la continuidad de unas pocas empresas españolas que quedaron en el país y cuya eficacia vendría a demostrar ser superior a la de toda la organización soviética. Pero estos miserables hechos, desgraciadamente, sirvieron de poco para que el sector oficial español articulase una política con Guinea, aunque las ayudas nunca han faltado en educación, sanidad y obras públicas. Pero ahora, en la España democrática de 1979, precisamente es el momento de rescatar el tiempo perdido y organizar una ayuda española al pueblo y al nuevo Gobierno de Guinea Ecuatorial. Se trata de un pequeño país con riquezas suficientes para una holgada supervivencia económica, situado en una zona estratégica de Africa y hacia el que confluyen las miradas atentas de la opinión internacional. España no puede fallar en esta nueva oportunidad.