Junta de Canarias pedirá un canal de TV para el archipiélago

El próximo día 4 de octubre la Junta de Canarias presentará al Ministerio de Administración Territorial la propuesta de transferencia de competencias al ente preautonómico, las primeras de las cuales serían concedidas para primeros de enero de 1980. Destaca en la lista aprobada por los consejeros de la Junta de Canarias y los miembros de la comisión de transferencias la petición de un canal de televisión para el archipiélago y la competencia exclusiva para la Junta en materia de aguas.

El trabajo desarrollado por la comisión mixta de transferencias ha sido muy criticado. El secretario general del Partido Comunista canario ha llegado a decir que «lo que se está planteando la Junta implica sólo meras transferencias administrativas». En otros medios se ha significado que sólo las consejerías de Agricultura y Economía habían presentado a la comisión estudios con la auténtica problemática y organización del sector. Los demás consejeros, según ha trascendido de lo tratado en la reunión, se habían limitado a copiar la lista de transferencias a la Generalitat.Días pasados tuvo entrada en la Junta de Canarias un proyecto de Estatuto de Autonomía presentado por el diputado de UCD por Santa Cruz de Tenerife en la anterior legislatura Rubens Henríquez, hoy ausente en los órganos de dirección del partido. Esta propuesta ha causado sorpresa entre los parlamentarios de UCD y en el mismo comité provincial de Tenerife.

Las características más significativas de esta versión de Estatuto presentada por Rubens Henríquez son: el conflictivo problema de la sede de la comunidad autónoma, se relega a una ley de la futura Asamblea canaria, si bien se dispone que los órganos se compartirán entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, bajo los principios de «equidad, racionalidad y eficacia». La composición del órgano de gobierno de la Asamblea queda relegado igualmente a una futura ley canaria, si bien esta última quedará bajo los criterios de la representación proporcional, con un distrito electoral correspondiente a la totalidad del archipiélago, por el que se eligiría la mitad de los miembros de la Asamblea y siete distritos más, coincidentes con cada una de las islas, con los que se elegirá la otra mitad.

Los cabildos insulares se configuran en esta propuesta de Estatuto como ejecutores de los acuerdos de la comunidad autónoma, en lo relativo a obras y servicios, en tanto la comunidad no los recabe para sí. Uno de los aspectos más amplios del borrador del Estatuto se refiere a la hacienda y economía. En el capítulo de ingresos, se propone los correspondientes al régimen tradicional de arbitrios insulares y en lo demás se sigue el sistema establecido en el Estatuto catalán.