Los objetores de conciencia denuncian los sistemas de organización militarista

El Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC), creado a comienzos de 1977 de una manera independiente de los grupos que hasta entonces habían alegado la objeción de conciencia para el servicio militar armado por motivos estrictamente religiosos, se ha definido, por primera vez, en un plano ideológico coherente. Hasta ahora había proclamado posiciones apolíticas refundiendo sus diversos contenidos éticos, filosóficos e ideológicos y religiosos como «una objeción política, en el sentido de que adquiere una dimensión social». Tal opción y objeción política la concreta en una denuncia del sistema militarista, entendiendo que «el antimilitarismo es un planteamiento de lucha revolucionaria que se enfrenta a la estructura militar». Esta es tina de las conclusiones fundamentales de la declaración ideológica entregada ayer a los medios informativos de la localidad alavesa de Landa (Alava), donde a lo largo de la semana pasada se han reunido un centenar de objetores de conciencia de toda España, aunque las representaciones más nutridas han sido las de Cataluña y Euskadi.Según fuentes del MOC, hay unas 2.000 personas agrupadas en este movimiento, incluidas mujeres, y unos seiscientos u ochocientos objetores tienen relaciones asiduas con la organización, que funciona de manera autónoma en cada nacionalidad. El primer reconocimiento oficial acerca de los objetores se produjo por un decreto de enero de 1977, en el cual se contemplaba la posibilidad de objetar el servicio armado por motivos religiosos, ingresando los objetores en la reserva para cumplir un servicio civil de tres años de duración. En noviembre de 1977 otro decreto-ley sitúa a los objetores en situación de prórroga de incorporación a filas hasta que se regule su situación, que, en principio, se contempla en la Constitución. Los objetores critican que en el texto constitucional no hay un reconocimiento explícito del derecho a la objeción de conciencia, sino que se indica que se regulará la forma de cumplir un servicio civil, como excepción al servicio militar, a los que aleguen objeción.

En la declaración entregada ayer se indica que en el plano teórico no se, acepta el derecho del Estado a imponer un servicio obligatorio, con fines militares o civiles, pero que el MOC entiende, partiendo de la existencia del servicio obligatorio impuesto por el Estado, que «las disposiciones en favor de un servicio civil constituyen un progreso. Concebimos», dicen, «que este servicio civil debe ser socialmente constructivo.» La opinión mayoritaria de los congresistas es que la organización de este servicio debe ser autogestionada por los mismos objetores, aunque algunos no admiten en la práctica ninguno, ni civil ni militar.

Objetivo difícil

A la pregunta de si creen alcanzable una organización social en la que en ningún caso fuese necesario recurrir a los sistemas de organización militarista (jerarquización, violencia, autoritarismo, etcétera) se nos contestó que tal objetivo es difícil, pero que su misión no es acabar con los ejércitos, sino hacer que vaya surgiendo una conciencia colectiva y una sensibilidad en este sentido. «El antimilitarismo», dice la declaración elaborada en Alava, «tiene como objetivo el dejar campo libre, en el que se pueda desarrollar todo tipo de alternativa no represiva.» En consecuencia, proclaman el principio de «rechazo al actual sistema de defensa armada» y p roponen «la alternativa global de la defensa popular no violenta, entendiendo que es la defensa asumida por todo el pueblo con una estrategia no violenta». Afirman que se comprometen a «estudiar y desarrollar esta alternativa».

Dicen que algunos objetores tienen militancia en partidos políticos, pero, según declaraciones que nosha hecho algún congresista, «parece no existir un compromiso claro de los partidos con los objetivos de la objeción». De hecho, se nos declaró que en Euskadi pasan bastante inadvertidos, y no han encontrado mucha solidaridad. En relación a los puntos mínimos que solicitan para ese servicio civil que se les reconoce en la Constitución, indicaron que cada objetor tiene su nivel propio, pero que, en principio, se estima que debiera tener la misma duración que el militar, cumplirse en la nacionalidad de origen, no tener ninguna relación con organizaciones militares y que el acceso al mismo no se controle por un tribunal, sino que se reserve este aspecto a la propia libertad de conciencia del individuo. Citaron como modelos más avanzados en este sentido las regulaciones de los países nórdicos y de Bélgica.