Apoyo minoritario para la campaña contra el paro convocada para septiembre

La comisión de gobierno de la Diputación Provincial de Sevilla a anunciado su propósito de no permitir el uso de las instalaciones de la Corporación por sectores no representativos de la totalidad de opciones políticas presentes en la misma. El acuerdo constituye una réplica oficial al encierro y las reuniones llevadas a cabo días atrás por un amplio grupo de alcaldes sevillanos, que acaban de anunciar, por otra parte, su intención de organizar nuevas movilizaciones populares contra el paro que sufre la región andaluza.

La Corporación provincial ha exigido de la Administración central que se conceda un papel prioritario a la Diputación en la planificación de los fondos del empleo comunitario destinados a la provincia; considera que «siendo el problema del paro algo que afecta al conjunto de municipios de Sevilla, como tal Corporación provincial no puede respaldar acciones patrocinadas por sectores que, por ser minoritarios, no representan al conjunto del espectro político de la provincia».La decisión del órgano de gobierno de la Diputación, tomada a propuesta de su presidente, fue condenada ayer duramente por un portavoz del Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA), uno de los impulsores de las acciones de los alcaldes. José Tomás Pérez, secretario regional de organización, mostró sorpresa e indignación por esta medida, señalando que «en vez de servir de colchón entre el Gobierno y los parados, la Diputación debería apretarle las clavijas a las autoridades y defender los intereses del pueblo sevillano».

El líder del PTA añadió que se trata de una decisión claramente represiva y que, a cambio de ella, la Diputación se limita a pedir de forma abstracta al Gobierno sin explicar cómo va a presionar a éste para que cumpla sus compromisos. Finalmente, José T. Pérez indicó que es absolutamente incorrecta la apreciación de la Diputación sobre la supuesta falta de representatividad de los alcaldes que forman la comisión permanente, ya que pertenecen a grupos políticos con presencia en cierto número de ayuntamientos: PSOE, PSA, Candidatura Unitaria de Trabajadores, independientes y el propio PTA.

Hay que señalar, por otra parte, que esta comisión de alcaldes, junto a representantes de las centrales sindicales Sindicato Andaluz de Trabajadores, CSUT y SU, han dirigido un llamamiento a la movilización responsable y consecuente del pueblo andaluz durante la primera semana de septiembre, para conseguir que el Gobierno abra una negociación seria sobre el paro con los ayuntamientos, los sindicatos y la Junta de Andalucía. Ha sido convocada, igualmente, una asamblea de alcaldes de toda la región para el día 4 del mismo mes. Desde el punto de vista de los convocantes, tal negociación estaría encaminada a lograr una garantía de trabajo para todos los parados andaluces hasta finales de año con cargo a los presupuestos del Estado, ampliación de cultivos sociales, jubilación a los sesenta años, restricción al empleo intensivo de maquinaria agrícola y otra serie de medidas a medio plazo.

CCOO y UGT, en desacuerdo

Tanto los partidos mayoritarios de la izquierda como los sindicatos de mayor implantación, CCOO y UGT, han criticado más o menos duramente las iniciativas de este grupo de alcaldes. Joaquín Galán (PSOE) comentó ayer a EL PAIS que, a pesar de la justeza de las reivindicaciones planteadas, su actuación política no había sido la adecuada al papel que deben jugar como representantes del pueblo. Con respecto a la participación del alcalde de Aguadulce, el señor Galán declaró que, aunque elegido en la lista del PSOE, no es militante de este partido.