Enfrentamiento entre el gobernador y el Ayuntamiento de Guadalajara
El gobernador civil de Guadalajara parece dispuesto a invalidar los acuerdos tomados por el pleno municipal con respecto a las medidas urgentes sobre urbanismo, tendentes a detener la especulación y la destrucción del casco antiguo de la ciudad.El señor García de Predes justificó su decisión diciendo que «la suspensión de licencias de estas dos importantes zonas de expansión de Guadalajara (refiriéndose al barrio del Alamín y la estación) se paralizarán en gran medida. No sólo la construcción, sino el desarrollo de la capital, además de favorecer la especulación del suelo al tiempo que aumentará el paro del sector y se retraerán considerablemente las inversiones». Hizo también senador-, planteándole mitación de alturas, que las medidas fijan en un máximo de siete plantas, calificándola de ilegal, por ir contra le ley del Suelo.
Las reacciones no se hicieron esperar. El PSOE, grupo político que elaboré las medidas urgentes, respondió, a través de su secretaría de prensa, calificando la postura del gobernador civil de «irracional». «El señor gobernador», se dice en la nota, «parece ponerse del lado de los especuladores que supeditan la inversión en la construcción a la aceptación de unas condiciones irracionales de explotación capitalista y de destrucción urbanística...»
En cuanto a la postura tomada por el Ayuntamiento, su titular, Javier de Irizar, ha declarado: «Voy a presentar una interpelación al Gobierno -el señor Irizar es también Senador-, planteándole si está dispuesto a hacer uso de la ley de Régimen Local, en la parte en que prevé la suspensión de acuerdos por parte de los gobiernos civiles, siempre que no les gusten estos acuerdos o si, por el contrario, considera que dicha ley ha sido derogada por la Constitución y van a respetar la autonomía de las corporaciones locales, sin perjuicio del control judicial de los acuerdos.»
En este mismo sentido, la nota del PSOE dice: «El señor gobernador parece empeñado, de un tiempo a esta parte, en mostrar raíces franquistas de su concepción de la política. Amenazar con invalidar el acuerdo de limitación a siete alturas supone un total desconocimiento de la Constitución, que preconiza la autonomía de los municipios.»
Por otra parte, este enfrentamiento ha dado lugar a fuertes tensiones entre el alcalde y el gobernador civil, ya que este último envió al Ayuntamiento a dos funcionarios («en plan policía», matizaría Javier de Irizar) solicitando las actas del acuerdo. Ante este hecho, el alcalde mantuvo una conversación telefónica con el señor García de Paredes manifestándole su negativa a entregar dichas actas. Sobre el particular, el señor Irizar aclararía: «En un principio, tal y como siempre hemos hecho con todos los acuerdos, pensábamos enviar el acta al gobernador, ateniéndonos a la ley de Régimen Local, pero debido al tono que este señor mantuvo en la conversación, siempre imperativo e incluso coercitivo, me negué a ello.»
De momento, el gobernador civil, señor García de Paredes, se ha marchado de vacaciones, pero existe una especial y general preocupación por el tema. «En el caso de que el gobernador decida continuar con el proceso iniciado por él», ha dicho el alcalde, «solamente los tribunales son competentes para dirimir el conflicto, y a ellos me remitiré.»
