Los sindicatos piden revisiones salariales entre el 4% y el 8%

Mientras decrece la expectación por el programa económico que el Gobierno ha ultimado y que presentará en breve a la opinión pública, crecen entre las organizaciones sindicales y patronales las inquietudes por el contenido de la revisión de salarios. Esta revisión viene «moralmente impuesta» por el decreto-ley del Gobierno publicado en diciembre que regulaba la política de rentas para el presente año.

El decreto estableció que, en el caso de que los precios superaran en el primer semestre el 6,5 %, podría procederse a una revisión salarial. Los precios sobrepasaron ocho décimas el tope establecido voluntariamente por el Gobierno, y las perspectivas para el segundo semestre son muy poco favorables, lo cual lleva a muchos expertos a esperar que el año se cerrará con una tasa de inflación que oscilará entre el 15% (optimistas) y el 19% (pesimistas).Las centrales sindicales, de forma más o menos confusa, han avanzado ya sus plataforma, reivindicativas iniciales de revisión de salarios con carácter inmediato y en algunos casos retroactivo a enero. La patronal ha preferido guardar silencio y esperar a que el Gobierno se defina. Y éste, mientras tanto, no ha hecho más que lanzar leves indicaciones indirectas a través del vicepresidente Abril, aún no concretadas, y que parece que se formularán con claridad al abrigo del nuevo plan de política económica.

Según comentarios de personas próximas al vicepresidente, el planteamiento del Gobierno será sugerir un ajuste de salarios por empresas, en cuantías que no pasen del 2%, y siempre según la situación de la sociedad. Con respecto al sector público, se espera una congelación de las remuneraciones en la mayor parte de los sectores. El Gobierno tratará de justificar esta medida en base a la necesidad de una política de control de la inflación que supone controlar los costes de producción.

La posición de las centrales es claramente divergente y oscila desde la demanda que, al parecer, va a plantear CCOO, que se situará en torno al 7,5%, hasta el 4% o 5% que defenderán UGT y USO.

La mayor parte de las fuentes consultadas coinciden en señalar la posibilidad de que el Gobierno convoque, antes de adoptar una decisión formal, a las fuerzas sociales para realizar conversaciones exploratorias. Estas conversaciones -se insiste en dichos medios- no serían exactamente una negociación en regla entre el Gobierno y las fuerzas convocadas, sino unos contactos «simplemente exploratorios».