Los coches oficiales, los cargos y los trajes de etiqueta enfrentaron a los miembros de la Comisión Permanente

Los ruegos y preguntas de la Comisión Permanente, en su reunión de ayer, convirtieron una sesión ordinaria, en la que se habían aprobado 72 de los 74 puntos del orden del día, en un nuevo enfrentamiento entre los concejales de UCD y los socialistas y comunistas. Los temas que provocaron la discusión, iniciada por los centristas, «en cumplimiento con su deber de oposición y colaboración constructiva», fueron singulares: la adscripción política de los conductores de algunos concejales comunistas, las interferencias de los miembros del servicio de seguridad del alcalde en tareas de otros funcionarios, el uso que se hace y que se hizo de los coches oficiales; la renuncia del sueldo del señor Tamames como primer teniente de alcalde, la duplicidad de cargos de algunos concejales y el mantenimiento del protocolo y la aceptación de las observaciones sobre trajes de etiqueta en recepciones oficiales.

El orden del día de la Comisión Permanente tenía como únicos puntos destacados la adjudicación, por un valor superior a los 35 millones de pesetas y un plazo de un mes, de las obras de reparación y acondicionamiento de los pasos a distinto nivel situados en la glorieta del Emperador Carlos V; la aprobación del proyecto de reparación y adecentamiento del pabellón XI de la antigua Feria del Campo, por un importe de 22.300.000 pesetas, y la aceptación del proyecto adicional del de ajardinamiento y equipamiento de la avenida del Generalísimo.Lo que en un principio parecía una reunión de escasa duración, se reavivó, sin embargo, cuando Carlos Alonso de Velasco, concejal de UCD tomó la palabra para leer en el turno de ruegos y preguntas un informe que inmediatamente se repartió entre los periodistas presentes, en el que, a lo largo de dos folios y medio, se analizan unas anomalías consideradas «gravísimas e imputables únicamente a la coalición de izquierdas». Estas anomalías se referían a la organización del servicio de conductores a la orden, a la cualidad política de los funcionarios para la adscripción al servicio de personas determinadas y a las interferencias de personas ajenas al funcionariado, pero de partido, en los servicios.

Según el informe, «el alcalde, los tres tenientes de alcalde, los dieciocho presidentes de juntas, los delegados de servicios y, en su caso, los delegados responsables, utilizan automóviles y conductores a su discreción, «con la misma extensión e intensidad que cuando formalmente existía el servicio de conductores a la orden». Según el escrito, como consecuencia de la aparición de dos decretos del alcalde, los oficiales conductores de talleres generales, no incluidos entre los conductores a la orden, protestaron por una diferencia de 12.000 pesetas que cobraban los segundos «para iguales horas de servicio».

A continuación, el informe dice que «se ha tenido en cuenta, a pesar de qué el señor Tamames lo negó en una reunión anterior, la calidad política de los funcionarios para adscribirlos a los servicios». En este sentido, el informe da el nombre del conductor del señor Tamames, «conocido militante del PCE, y los de los conductores de los concejales comunistas, señores Pla, Mangada y Cristina Almeida.

Antes de pedir que se reorganice «sin demagogias el servicio de conductores a la orden con los oportunos controles» y que se adopten decisiones inmediatas «para finalizar con situaciones anómalas dentro de los talleres generales, en razón a las cualidades políticas», el informe habla del profundo malestar creado por la existencia «de coacciones y amenazas de denuncias contra funcionarios» y se da el nombre de un oficial carpintero «que se autodenomina», según el informe, «inspector del partido para los servicios de talleres generales, algo así como un comisario político».

Servicio de seguridad

Con respecto a las interferencias de tres personas del servicio de seguridad del PSOE, «ajenas al Ayuntamiento, que continuamente acompañan al señor alcalde», se dice que están produciendo roces con otros funcionarios. Las razones de este servicio de seguridad «se nos escapan, existiendo más de 3.500 policías municipales, y puede significar una desconfianza a este cuerpo, difícilmente justificable», se dice en el texto.Tras la lectura del informe, Ramón Tamames calificó el estudio de minucioso, repartido, «pero no puede caracterizarse por su intención constructiva. Los horarios de estos conductores se han visto forzados; si están cobrando 12.000 pesetas más, las están ganando hora a hora. Sin embargo, ahora no hay desplazamientos a provincias, a Francia o a Africa, como en épocas anteriores. Ningún programa electoral habló de coches y su uso es inevitable. Los que están sentados en los bancos de UCD los usaron sin llamarse nunca al orden».

Eduardo Mangada, del PCE, manifestó que «en ningún momento he solicitado ningún conductor. Ignoro la filiación política del mío», y Cristina Almeida calificó las acusaciones de UCD de «imputaciones gravísimas» y dijo que su conductor era el mismo del anterior presidente de la junta municipal.

Las intervenciones posteriores aclararon que el alcalde tiene un servicio de escolta de la Policía Municipal, que «los concejales de UCD no tenemos nada que ocultar», según dijo el señor Alvarez, y que el establecimiento de un servicio de seguridad había sido consultado con el delegado de Seguridad y Policía Municipal, según informó el mismo alcalde. Por último, el tercer teniente de alcalde, señor Barrionuevo, pidió que se hiciera un informe del consumo de gasolina desde el mes de abril hasta ahora y que se comparara con otro período similar de la anterior Corporación.

Terminado el tema, el señor Tamames anunció que renunciaba a sus ingresos como primer teniente de alcalde, «ya que al ser diputado del Congreso, y ser éste mi primer cargo cronológico, quiero que el sueldo municipal quede en las cajas del Ayuntamiento para los gastos generales». A propósito de esto, Alonso de Velasco tocó el tema de la duplicidad de cargos, a lo que el señor Tamames, que acababa de ocupar la presidencia al tener Enrique Tierno que salir de la sala por la visita de unos embajadores árabes, manifestó que «el concejal está en su derecho de promover un decreto-ley de UCD, que todos los hombres que ocupan cargos políticos de UCD podrían estudiar».

La discusión, más relajada, se centró en el tema propuesto por el concejal centrista Miguel Herrero de Miñón, sobre la necesidad de que el Ayuntamiento promueva una campaña ciudadana en hoteles, televisión y cines para evitar desastres como el de Los Alfaques o el del hotel Corona de Aragón. El señor Barrionuevo, concejal responsable de la Delegación de Seguridad y Policía Municipal, informó que se estaba redactando ya un folleto que comprendería las actuaciones a tomar en casa, en la calle, en accidentes de tráfico y hasta en la protección contra el terrorismo. Asimismo manifestó que habría que revisar la ordenanza sobre incendios, ya que es demasiado compleja.

La reunión de la comisión terminó con una discusión sobre el protocolo, «que o se suprime, con el voto contrario de UCD, o se cumple». El tema surgió por la asistencia de los concejales socialistas y comunistas «vestidos muy frescos», según el concejal de UCD señor Soto, a la cena que se celebró en honor del Lord Mayor de Londres.