De nuevo la televisión privada

Un nuevo debate sobre la televisión privada puede estar en puertas, a juzgar por la forma en que puede entenderse la enmienda adicional que presentó con fecha 26-6-79 el grupo parlamentario centrista del Congreso al proyecto de Estatuto Jurídico de RTVE que se está debatiendo en la correspondiente Ponencia del Congreso.La enmienda dice textualmente: «El Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá otorgar en las condiciones que reglamentariamente se establezcan concesiones específicas para la gestión de los servicios públicos de Radiodifusión y Televisión a personas físicas y jurídicas de carácter público o privado en cualquiera de las modalidades técnicas previstas en este estatuto.» La motivación que aduce el grupo parlamentario centrista que ha presentado esta enmienda al proyecto de Estatuto presentado por el propio Gobierno de UCD es que «se pretende dotar de una mayor operatividad a la gestión de los servicios públicos de Radiotelevisión Española».

Algunos sectores han visto en este texto una vía abierta para hacer concesiones de producción, de dirección e incluso de emisión de programas a empresas privadas. De aquí a la implantación de las emisoras y estaciones privadas de televisión quedaría un paso bien sencillo y fácil de resolver jurídicamente, como sucede en el campo de las radios.

Entre las primeras voces que han pretendido alertar sobre las consecuencias que puede tener la aprobación de esta enmienda está la de la sección de UGT de Televisión Española.

En estos momentos no faltan empresas privadas dispuestas a montar centros de producción, dirección y emisión de programas de televisión. Entre éstas se encuentran Televisión Catalana e incluso se ha hablado del grupo Z. El proyecto de televisión privada se ve apoyado por la Asociación Española de Anunciantes, quienes temen que el monopolio del Estado en televisión pueda representar una seria amenaza para la libertad en general, y pueda llegar a ser un instrumento de opresión en manos de un Estado autoritario. Otros grupos que también se encuentran interesados en la televisión privada son la Cadena SER, las empresas que editan El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía, y la Asociación de Cineastas Vascos.

Existe otra posibilidad que se aleja del centralismo televisivo, pero que no alcanza a la empresa privada: es la de potenciar los centros emisores regionales hasta tal punto que puedan ser asumidos por las administraciones autonómicas. Parece que el Gobierno también ha pensado en esta solución.

Según los últimos sondeos, distribuidos por una agencia nacional, el partido del Gobierno, Coalición Democrática, Partido Nacionalista Vasco y, en parte, Convergencia Democrática de Cataluña, son partidarios o favorables de la televisión privada o de la inversión del capital privado en las emisoras de televisión. Mientras que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España y todos los demás partidos de izquierda, aunque no tengan representación parlamentaria, se muestran favorables a una televisión pública descentralizada.