Claridad sobre el divorcio

La prevista ley del divorcio establece una grave confusión de atribuciones acerca de las condiciones en que se puede conceder el divorcio o, mejor dicho, en que se podrá conceder el divorcio en un futuro no muy lejano. Así, por ejemplo, se dice que, de acuerdo con lo establecido en el nuevo Concordato entre la Iglesia católica y el Estado, el matrimonio católico (sin previo matrimonio civil) tiene plenos efectos legales a los ojos del Estado y que basta la presentación de una certificación eclesiástica ante el juzgado para que se registre el matrimonio en el Registro Civil. Por otra parte, se establece en la futura ley del divorcio que los casados por la Iglesia católica no podrán acudir al Estado para divorciarse, ya que el Estado reconoce la «indisolubilidad» del matrimonio católico.Estas dos disposiciones delinean un Estado claramente partidista en el tema religioso, lo cual es totalmente censurable, pues está en contradicción con la neutralidad que en este tema debe mantener el Estado, según se estipula en la misma Constitución.

El Estado debería reconocer, a efectos legales, exclusivamente el «matrimonio civil», que no debe constituir impedimento para que más tarde la pareja se case por la Iglesia católica, la protestante o por

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cualquier otra, si esa es su voluntad. Asimismo, si el Estado reconoce unas causas de divorcio, éstas de ben aplicarse a todos los matrimonios que lo soliciten, sin que deba importarle si la pareja que se quie re divorciar es católica, islámica o atea. Son los propios católicos los que, en conciencia y de acuerdo con su religión, deben áutoexcluir se de recurrir al divorcio como me dio de solucionar las desavenencias conyugales, pues la religión católica no lo admite. Pero si, a pesar de haberse casado por lo civil y por la Igtesia, una pareja católica desea divorciarse, no debe ser el Estado el que se lo impida: será una cuestión de la pareja divorciada y de sus respectivas conciencias.