Una estrategia frente a la inflación

Cinco años después del comienzo de la crisis económica de 1974, apenas reducida la hiperinflación que ha dominado todas las economías, con cifras de paro que testimonian sus últimos y más dolorosos efectos, con sectores industriales irreparablemente dañados por la crisis y aún no reestructurados, vuelve a registrarse, en 1979, la segunda crisis del petróleo. Un registro bruscamente anticipado en las fechas que era temido, pues se había descontado para mediados de los ochenta. Pues bien, cinco años antes de lo esperado y cinco después de abrirse la gran crisis de los setenta, ha llegado una nueva sacudida crítica precipitada por los acontecimientos políticos del Irán. Unos acontecimientos que han producido cambios importantes en el escenario económico con el que finalizaba 1978.Visto desde hoy, y para los países que formamos parte de la OCDE, 1978 fue un ejercicio favorable, dado lo que cabe esperar en un año que cae en tiempo de crisis económica grave, profunda y mundial. El aumento de la producción se situó en 3,5%, la inflación se estabilizó en tomo a 7/8%,y la mejora de la situación exterior fue clara: saldo positivo de la balanza de pagos de los países de la OCDE y neta subida de cinco puntos en la relación de precios de exportación de la zona respecto de los de importación. Todo estoy es hoy historia. La historia que ha precedido a los acontecimientos recientes: la OPEP ha demostrado desde el ejercicio de su poder de monopolio que los países de la OCDE no pueden realizar ganancias duraderas en la relación de intercambio y ha dictado unos precios en 1979 que anulan gran parte -si no toda- de la ventaja conseguida en el año pasado: las restantes materias primas suben cinco puntos frente a caídas de seis en 1978, por la mayor demanda y las limitaciones de la oferta. Acontecimientos que nos sitúan en la premisa de la «crisis de los setenta»: el aumento de los precios de la energía y las restantes materias primas, cimiento de la nueva inflación y causante, al mismo tiempo -paradójicamente-, de una caída en el crecimiento económico y de un aumento en las cifras de paro.

Esto explica que resignada y tristemente los países de la OCDE hayan revisado para 1979 sus previsiones de inflación dos puntos arriba y sus esperanzas de crecimiento casi dos puntos abajo, mientras se disponen a alargar sus pobladas cifras de parados.

La inflación española antes y después de la segunda crisis del petróleo

España no es diferente, aunque oficialmente el Gobierno siga aferrado aún a sus imposibles previsiones del programa de diciembre de 1978. Hoy, tras la segunda crisis petrolífera, sabemos que el PIB no puede crecer a la tasa prometida del 4,8 %, que cualquiera que sea el optimismo que se profese sobre el comportamiento de la economía española -a corto o a largo plazonadie puede creer que la inversión crezca en un 8,4% en 1979, como afirma el cuadro de objetivos vigente desde la política económica y que los precios no van a limitarse a ese 10% de aumento. en diciembre 1979 sobre diciembre 1978 o al aumento medio del 12,4% de 1979 que sigue mostrando el programa, todavía sin corregir, del Gobierno.

Ciertamente esos objetivos de crecimiento económico y de inflación los hubieran hecho imposibles los nuevos datos de la segunda crisis petrolífera en la que hemos entrado en la mitad de 1979.... si es que antes no hubiesen sido -como ya lo eran- altamente improbables, merced a las debilidades mostradas por la propia política económica en su lucha contra la inflación. Debilidades que arrancaban de la política de rentas definida para 1979 y las condiciones en que se realizó esa definición. La falta de un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios dejó como única alternativa la negociación de cada convenio sobre unos criterios salariales de referencia establecidos unilateralmente por el Gobierno que habrían de originar múltiples conflictos. Se ignoran hoy las tasas de aumento de la masa salarial efectivamente pactados, aunque predomine la opinión de que la banda superior del 14% ha sido la más frecuentada, con desbordamientos en muchos casos de ese límite. A la carga inflacionista de esa política de rentas debe añadirse el recimiento constante -día a día- del déficit del sector público, un déficit improvisado y no programado, consecuencia de un crecimiento muy superior al inicialmente previsto para los gastos de consumo y una caída en la potencia recaudatoria del sistema tributario, en especial de la imposición indirecta. Si a estos dos sumandos se añade el crecimiento del excedente exterior y las dificultades -y los retrasos- de la política monetaria para ajustarse a los objetivos previstos en 1979 respecto del crecimiento de la cantidad de dinero se tendrán las causas que explican el rebrote de las expectativas alcistas en los precios por parte de consumidores y empresarios y la quiebra en el mes de mayo de la tendencia decreciente mantenida durante veinte meses de los precios de consumo (agosto de 1977/abril de 1979). Acontecimíentos todos ellos anteriores a los nuevos datos de la crisis energética.

Para favorecer una mayor estabilidad y disminuir la carga inflacionista de la política económica de 1979 han estado la apreciación del tipo de cambio de la peseta, el buen comportamiento de los precios agrarios siguiente a las excelentes cosechas de 1978, el carácter de buen año agrícola con el que se iba configurando mes a mes 1979, y las intervenciones mantenidas en los precios de determinados bienes y servicios. Factores importantes pero incapaces de compensar por mucho tiempo el potencial inflacionista que acumulaban el crecimiento de los costes del trabajo, la escasa productividad del gasto público, el creciente déficit del sector público y la forma de su financiación, y el excedente, en fin, de la balanza de pagos.

Sobre la situación preinflacionista creada por estas características de la política económica han descargado su golpe contundente los nuevos precios del petróleo y los mayores precios de las materias primas que han dado pie a la última semana inflacionista que acabamos de vivir. Una semana singular, con decisiones importantes de política económica que habrán de registrar en los meses que vienen el índice de precios de consumo y las tasas de desarrollo de la economía.

Decisiones sobre precios

La primera decisión sobre los precios ha recaído en los productos energéticos. El Gobierno ha decidido repercutir las elevaciones decretadas por la OPEP, abandonando la idea oficialmente mantenida hasta hace muy poco tiempo de que la apreciación del tipo de cambio podía compensar esta subida. El criterio de ajustar los precios de la energía a sus variaciones relativas, olvidando su posible corrección por la mejora del tipo de cambio, es acertada. Como afirma con verdad y contundencia el reciente informe anual del Banco de España: «España no puede eludir el ajuste de precios relativos que impone la escasez de la energía si ha de contener el consumo energético de modo que éste no se convierta en un límite estricto a sus posibilidades de crecimiento y si ha de asumir las transformaciones en las formas de producción y de vida que impone la energía cara.» Este principio realista y duro para gobernar los precios de los productos energéticos exige clarificar con el mayor detalle las repercusiones en los distintos productos de los mayores precios en origen y diferenciar en esos precios mayores lo que son precios y lo que son impuestos. Si los españoles debemos pagar la energía más cara, es preciso que conozcamos lo que sus precios incorporan.

Y es preciso también que la corrección de los precios de los productos y servicios que se ajusten a los nuevos precios de la-energía lo hagan con la mayor disciplina en el margen preciso que autorizan sus incorporaciones de energía, evitando que para justificar las alzas se utilicen afirmaciones generales e inaceptables que emplean como todo argumento la autoafirmación no probada de su escaso o reducido impacto sobre el índice de precios de consumo.

El clima general de elevaciones de precios que se ha creado en la última semana al haber coincidido con las alzas de precios de productos energéticos otras modificaciones de largo tiempo aplazadas en productos intervenidos no debería hacernos olvidar que el mantenimiento de las menores tasas de inflación compatibles con la nueva estructura de precios relativos de la energía y materias primas constituye un objetivo fundamental de la política económica española o, dicho en otros términos, que definir una estrategia antiinflacionista es una exigencia prioritaria para superar la crisis económica. Estrategia que debe atender a las causas básicas que impulsan la nueva inflación tratando de afrontarlas con una política económica gradualista en sus fines, perseverante en su actuación e integrada en los medios utilizados.

El primer elemento de esta estrategia inflacionista se halla, sin duda, en concretar un horizonte de precios que sea compatible con las elevaciones ya autorizadas y con las modificaciones de los acontecimientos previsibles en lo que resta de año que deben repercutir sobre el índice de precios de consumo. Contar con una pauta a la que deben ajustar su recorrido los precios constituye un requisito previo para definir una política económica que trate de alcanzar esos objetivos. Esa tasa-objetivo de la inflación para el año actual desborda claramente las previsiones económicas del Gobierno realizadas el pasado mes de diciembre: ni el 10% previsto para el crecimiento diciembre 79/ diciembre 78, ni el 12,4% como promedio anual del crecimiento de los precios para el 79 eran objetivos alcanzables, dada la política económica antiinflacionista seguida con anterioridad a la segunda crisis del petróleo. Hoy esos objetivos son aún más distantes por la elevación de los precios interna cionales. Cualquier cálculo de la elevación previsible de precios de be tener en cuenta que el mes de julio incorporará ya -por las subidas decretadas en los precios de los productos energéticos-, al menos un impacto de 1,11 puntos, que es el aumento directo que se sigue de las elevaciones de productos que intervienen directamente en el IPC: butano, combustible para calefacción y gasolina. A esta elevación directa deben añadirse las alzas indirectas y más diferidas en el tiempo ocasionadas por la energía y que una creencia muy generalizada estima en valores próximos a otro 1%. A esas varia ciones habrán de añadirse las de los, productos y servicios que se han au torizado subir durante la última se mana. Teniendo en cuenta todas estas presiones y las contenidas en el potencial inflacionista de la política económica practicada durante los seis primeros meses del año, no resulta exagerado el situar como un objetivo exigente para el crecimiento de los precios de consumo en el año la tasa del 15,5-16,5%. En cualquier caso, sea éste u otro el objetivo de los precios, lo que no resulta admisible es continuar con un objetivo de crecimiento de los precios que nunca ha estado avalado por la política económica antiinflacionista efectivamente aplicada y que es claramente incompatible con la suma de decisiones adoptadas por el Gobierno en la última e intensa semana inflacionista.

Cinco frentes de la política antiinflacionista

Fijado el objetivo de precios, cinco son los frentes en que la política antiinflacionista tendría que concretar su atención:

1. La elevación de los precios internacionales. Las alzas de los precios de la energía y de las materias primas constituyen el más importante, pero no el único ejemplo a través del cual los precios internacionales condicionan la inflación interna. Es evidente que no cabe adoptar ante todas las variaciones de los precios exteriores la misma actitud. Existen elevaciones de precios exteriores que por responder a escaseces internas importantes deben aceptarse por la política económica. Tal es el caso de la energía y de otras materias primas estratégicas. Sin embargo, en otros productos la política del tipo de cambio, las modificaciones arancelarias a la baja, la eliminación de rigideces en los mercados de productos importados constituyen medios a los que una política económica no puede en manera alguna renunciar. En especial, el mantenimiento de un tipo de cambio que,acepte las responsabilidades que le íncumben como instrumento de política antiinflacionista resulta de especial relevancia.

Durante la, segunda mitad de 1978 y principios de 1979 el efecto calmante del coste en pesetas de los aprovisionamientos exteriores conseguidos por la apreciación del tipo de cambio ha desempeñado un papel importante que no debería perderse en el futuro inmediato. Por lo demás, y en lo que respecta a los productos energéticos, a las materias primas estratégicas y a los productos agroalimentarios, debería acentuarse la importancia de plantear la batalla antiinflacionista en el lado de la oferta. Ninguna necesidad más apremiante para estabilizar los precios españoles que la de definir claros programas ejecutados resueltamente que tiendan a disipar las vacilaciones que hoy rodean a la energía, a lanzar unos programas para aprovechar íntegramente nuestras dotaciones de materias primas y nuestras favorables oportunidades en el sector del agroalimentación.

2. El crecimiento de los salarios reales en relación con la productividad y el crecimiento de la renta nacional real. La experiencia reciente muestra cómo en todos los países, y especialmente en España, la inevitable ley de empobrecimiento relativo impuesta por la elevación de los precios internacionales de la energía y las materias primas no se ha aceptado socialmente con pasividad. Todos los grupos sociales han procurado defender el crecimiento de su consumo y de su nivel de vida como si nada hubiera ocurrido, como si la crisis no estuviera dolorosamente presente en las distintas economías nacionales. Los distintos grupos sociales, para preservar sus niveles de vida y defenderlos de la desfavorable relación precios internacionales- precios internos, han anticipado decisiones de mayores rentas y precios que han estado dispuestos a defender utilizando para ello al máximo su capacidad de agresión contra la paz civil. Ningún grupo social está dispuesto hoy a sacrificar el nivel de vida alcanzado ni su crecimiento futuro, por muy imperativas que sean las condiciones internacionales que se lo pidan, y al servicio de esas pretensiones, inconsecuentes con los datos económicos, pone toda la fuerza económica, social o política de que pueda disponerse. Naturalmente que al comportarse así lo que la conducta de los distintos grupos sociales provoca es una elevación generalizada de costes y precios que se superpone a la ocasionada por los nuevos precios internacionales. Este comportamiento socioeconómico genera una inflación que constituye en todos los países el efecto más temido, siguiente a los empeoramientos de la relación real de intercambio, impulsados por el alza del precio de la energía y de las materias primas.

Cuando se observa la realidad española hay razones importantes para destacar la gravedad de esta circunstancia. El gráfico 2 muestra al lector claramente cómo la crisis energética se ha traducido en nuestro país en una escalada de los salarios reales, que se han despegado claramente de los crecimientos de la productividad y de las tasas de desarrollo de la renta real. De esta manera, los costes salariales han pesado cada vez más en los costes totales de producción, y han disputado y conseguido una parte creciente en la renta nacional total. Este crecimiento de la participación de los salarios en la renta, logrado merced a movimientos alcistas a corto plazo de los salarios, ha ocasionado una disminución en el excedente empresarial del que se han resentido las inversiones cuya caída en el PIB, desde un 23 % hasta un 19%, es uno de los datos más graves que ofrece la economía española tras de la crisis, por cuanto se traduce en menores cifras de empleo y menores crecimientos de la productividad. Como puede comprobarse por el gráfico 1, este proceso no ha tenido en otras economías de la OCDE la misma intensidad y signo que en España. La caída de la renta nacional real siguiente a la crisis 1974-1975 y el crecimiento de los salarios reales y sus valores marchan acompasados desde el año 1976, mientras el desarrollo de la productividad crece a un mayor ritmo.

Las divergencias entre el abanico español de salarios, productividad y renta y el de la OCDE muestra la importancia que para definir una estrategia antiinflacionista tiene una política de contención responsable de la rentas del trabajo. Conseguir este objetivo es quizá la meta más difícil entre las de la política económica actual. Una política de rentas asistida por una política de contención de demanda puede lograr, contando con el apoyo de los distintos grupos políticos y sociales, efectos importantes, como demuestran los resultados de los acuerdos de La Moncloa. Es claro que la gran necesidad de la estrategia antiinflacionista -indispensable para salir de la crisis- reside en asentar el convencimiento social de que un comportamiento responsable de las rentas'es una palanca de primer orden para sacar al país de la crisis. Una política constructiva en este campo tendría que mirar hacia adelante en un plazo superior al año para fijar unas pautas de comportamiento que tuviesen consecuencias duraderas sobre la reducción del proceso infiacionista. Pero si este acuerdo no fuese posible, es preciso defender a todo trance un comportamiento disciplinado de las rentas y el costoso mecanismo de seguridad se llama, en este caso, el anuncio de una política monetaria mantenida con firmeza para mantener un crecimiento de las rentas compatible con la estabilidad de precios. Esta alternativa estabilizadora será costosa en términos económicos y sociales, pues habrá de afectar a los crecimientos de la producción, y de ahí la necesidad de insistir sobre la primera alternativa expuesta.

3. Crecimientos de costes no salariales. Los costes de trabajo tienen en las partidas de la Seguridad Social un efecto amplificador importante, y el uso inadecuado de los recursos tiene en los gastos de la Seguridad Social muchas economías necesarias que ganar. Si la política antiinflacionista no incorpora modificaciones fundamentales en estos dos frentes de la Seguridad Social, resultará muy difícil creer en que el Gobierno intente afrontar seriamente los graves peligros del alza de precios. Es este un sector en que se espera una respuesta largamente demorada. El hecho de que las cifras históricas de la Seguridad Social hayan incumplido todos los compromisos, incluso los pactados, como demuestra el crecimiento de las cotizaciones sociales en 1978, situadas en el 26,8%, muy por encima del 18 % acordado en los pactos de la Moncloa, y la creciente y acelerada marcha del déficit de la Seguridad Social prueban hasta qué punto el Gobierno tiene obligaciones prioritarias que cumplir y lugar donde demostrar la energía de sus decisiones.

4. Déficit del sector público. Desde todas las instancias sociales se ha venido acentuando la importancia que para la política económica española tiene el conseguir un control del déficit del sector público y una financiación no inflacionista del mismo, y no es menos cierto -como ha recordado recientemente el ministro de Hacienda- que también desde todas las instancias sociales el sector público se ve acosado para gastar más, para gravar menos y, en definitiva, para endeudarse más. Esta contradicción entre lo que la sociedad pide públicamente y lo que en los pasillos y en los despachos del poder diariamente reclama al sector público constituye una de las características más importantes en las que se manifiesta la inflación que vivimos. No cabe duda de que el sector-público puede ser un factor importante para utilizar sus gastos y sus ingresos con el fin de salir de la crisis económica. Pero estos gastos y estos ingresos deben programarse, deben ser queridos por la política fiscal y aprobados por la representación parlamentaria, y no aceptados por ésta siguiendo una política de hechos consumados, que viene a reconocer, finalmente, abandonos o despilfarros en la administración de los recursos públicos. El gobernador del Banco de Italia, Paolo Baffi, ha advertido recientemente que lo peor del déficit público italiano no es su enorme cuantía -a pesar de ascender a ¡más de un 12% del PNB!-, sino el despilfarro de recursos a que autoriza su realización. Para nuestra fortuna, el menor déficit del sector público -un 3,5% del PNB- tiene los mismos defectos, en cuanto que no favorece la mejor administración de los recursos y, sobre todo, tiene el inmenso peligro, si no se controla inmediatamente, de gravitar hacia el déficit italiano y de recorrer ese camino acumulando los despilfarros y generando con ellos más inflación. Es preciso fijar una norma que limite drásticamente el crecímiento del déficit del sector público, de forma que se congele su nivel actual y no se consienta más aumento del mismo que el que autoricen los crecimientos de la presión tributaría y la utilización, sin comprimir el crédito al sector privado, del aumento de las disponibilidades líquidas. Esta norma debería establecerse para el ejercicio de 1980, después de que el país conociese la cifra verdadera y actual del déficit del sector público. Una información imprescindible, y de la que hoy no se dispone.

5. El nivel de la Inflación y las expectativas inflacionistas. Toda inflación es un proceso con vida propia. Esto es, un proceso que está dotado de un elemento apreciable de inercia en virtud del cual la inflación del pasado tiende a crear inflación en el futuro. La magnitud de la propia inflación presente genera expectativas de crecimiento futuro de los precios, y de ahí la importancia de no aceptar pasivamente las alzas de la inflación actual bajo el pretexto de que serán corregidas por una política antiinflacionista en el futuro. La mejor forma de estabilizar los precios en el futuro consiste en disminuir el grado de inflación en el presente. Y esa disminución requiere integrar todas las piezas que deben formar parte de la estrategia antiinflacionista para definir una política comprometida públicamente con el país. Sin ese compromiso público, la política antiinflacionista vale muy poco, porque sus objetivos se modificarán diariamente ante la dificultad de conseguirlos, y se retrocederá claramente en el frente de los precios. Se ha afirmado en muchas ocasiones que la publicidad y la información general de las decisiones es al sector público lo que la competencia al sector privado: una ascética para ganarse la credibilidad de la sociedad en el desempeño de íus funciones. De ahí que la mejor manera de romper las expectativas alcistas y de crear el clima necesario de estabilización de precios sea que cuanto antes el Gobierno defina un objetivo de precios e indique qué actitudes piensa mantener frente a las elevaciones de materias primas y productos estratégicos, cuál va a ser su política del tipo de cambio, cuál su política de oferta en cuanto a energía, materias primas esenciales y productos agro alimenticios, cuál su política de rentas, en qué va a Consistir su política presupuestaria y de financiación de la Seguridad Social, cuáles van a ser los objetivos de la política monetaria, cuáles los elementos de modificacióh de los mercados y de ampliacíón de la competencia. Con estos datos en la mano, el ciudadano podrá saber si la política económica concede a la inflación la prioridad que debe o si, por el contrarío, la seínana inflacionista que hemos vivido por sucesivas elevaciones de precios -en algunos casos plenamente justificadas- habrá de proseguirse en meses próximos llevándose por delante el esfuerzo acumulado durante veinte largos meses para reducir la inflación, el primer mal en que la crisis económica se manifiesta, y sin cuyo remedio nada puede hacerse por superarla.