Diálogo de sordos en torno al sindicalismo

Representantes de los principales sindicatos, de la patronal y de la Administración reiteraron sus puntos de vista, ya conocidos, en una especie de diálogo de sordos ante las cámaras de RTVE. El espacio La clave, en la segunda cadena, proyectó ayer el largometraje La ley del silencio, de Elia Kazan (1954), y dedicó con tal motivo el debate posterior a los sindicatos.Por los sindicatos asistieron Marcelino Camacho (CCOO), Jerónimo Saavedra (UGT), Enrique Marco (CNT) y Manuel Zaguirre (USO). Por la Administración acudió Gerardo Harguindey, subsecretario de Trabajo, y por la CEOE, su secretario general, José María Cuevas. Intervino asimismo José Solís Ruiz, ex ministro de los sindicatos franquistas, y moderó el debate José Luis Balbín.

Todos los asistentes se enzarzaron, a veces con gruesas acusaciones como las intercambiadas entre Marcelino Camacho y José María Cuevas, en alusiones constantes sin entrar en el fondo de los problemas. Los sindicatos insistieron en la necesidad urgente de que se devuelva el patrimonio sindical. El subsecretario de Trabajo se escudó en la complejidad del tema -reconocida por la OIT- para justificar la demora en dar solución a este problema. Jerónimo Saavedra, en una de sus últimas intervenciones, dijo que Harguindey se olvidaba de los demás extremos del dictamen de la OIT, como era el que de inmediato se iniciaran negociaciones sobre el patrimonio, y que para que al menos se sacara algo en claro del coloquio, que él quería saber del subsecretario por qué UCD había derrotado el viernes dos mociones, comunista y socialista, que pedían en las Cortes exclusivamente el inicio de negociaciones. Gerardo Harguindey dijo que tampoco eso quedaría claro, ya que era el Grupo parlamentario de UCD quien había tomado la decisión y no él.

La representatividad de las centrales

El tema de la representatividad de las centrales quedó también extremadamente confuso. Cuevas afirmaba los deseos de la CEOE de que existan unos sindicatos fuertes, pero acusaba a éstos de mendigar a la Administración para suplir las insuficiencias de afiliación, que se debían -según su opinión- a que mantenían estrategias no estrictamente sindicales. Harguindey afirmaba que la Administración también deseaba unos sindicatos fuertes, pero que había que respetar el derecho constitucional a la constitución de organizaciones de trabajadores o empresarios. CCOO y UGT acusaban al Gobierno, que en muchos casos identificaron expresamente con los empresarios de favorecer la debilidad de los sindicatos.

La necesidad de una legislación laboral corrió igual que los anteriores temas. Y en medio de todo el debate, Solís Ruiz, cuando hacía uso de la palabra, hablaba de la gran labor realizada, a su juicio, por los sindicatos franquistas, e incluso llegaba a vanagloriarse de lo cenetistas históricos que colabora ron con él y de que el propio Marcelino Camacho -ante la perplejidad de éste, que le recordaba a su vez sus años de cárcel- había tenido largas conversaciones con él en su despacho.