El Estatuto es más moderado que los de Cataluña y País Vasco

Una atención especial a los emigrantes, la creación de un Consejo de la Cultura gallega, el reconocimiento jurídico de la parroquia como núcleo de población básico y un sometimiento a los criterios que fija la Constitución para los territorios que aspiren a constituirse en comunidades autónomas son los aspectos más destacados del proyecto de estatuto para Galicia que será presentado a finales de este mes en el Congreso.

Las semejanzas con los textos presentados por vasco y catalanes, que comenzarán a ser debatidos en breve plazo por la Comisión Constitucional del Congreso, son notables, pese a que cualificados portavoces de la UCD gallega declararon con reiteración en las últimas semanas que el problema de Galicia debía ser tratado sin mimentismos, en un intento de desautorizar el borrador redactado por la comisión de los dieciséis, valoración que posteriormente algunos de los que han participado en la elaboración del proyecto que ayer difundió EL PAIS han corregido señalando que se había seguido en gran medida el trabajo de los miembros de dicha comisión (ocho representantes de UCD, dos del PSOE, dos de CD y cuatro en nombre de las siguientes fuerzas políticas: PCE, Partido Obreiro Galego, Partido Galleguista y PTE).No obstante, el tono reivindicativo del proyecto de los centristas gallegos, que apenas podrá ser modificado por otras fuerzas de la región, dada la abrumadora mayoría de que dispone UCD en ella, es mucho más moderado que los textos elaborados por la mencionada comisión de los dieciséis y los que vascos y catalanes aspiran a ver aprobados por las Cortes. Así, mientras el Estatuto catalán establece, por ejemplo, la obligatoriedad acreditada de conocer el derecho catalán a todos los que participen en concursos para cubrir vacantes de magistrados, jueces y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, el texto gallego señala sobre este particular que «se tendrá en cuenta la especialización en el derecho gallego y el conocimiento del habla del país». En el apartado dedicado al patrimonio de la comunidad autónoma, el Estatuto gallego afirma que entre los bienes patrimoniales de Galicia estarán los del Estado situados en aquel territorio y que no estén destinados al uso y al servicio público, mientras el texto vasco indica que «pasaran a ser propiedad del País Vasco todos los derechos y bienes del Estado radicados en su territorio, actuales y futuros, excepto los que estén afectos a funciones cuyo ejercicio se haya reservado el Estado».

Sin embargo, el proyecto de la UCD gallega encierra algunas aportaciones novedosas, que para algunos podrían resultar en determinadas cuestiones incluso más avanzadas que los dos estatutos de referencia. Concretamente, en el apartado dedicado a Hacienda se establece que Galicia tendrá porcentaje de participación en la recaudación en todo el territorio español de varios impuestos estatales: el de la renta de las personas físicas, el de la renta sobre sociedades y el de lujo, entre otros. Los catalanes, en cambio, sólo reclaman participación en la recaudación de estos impuestos que se efectúen en su territorio. Este hecho puede inscribirse tal vez en un intento de que revierta a Galicia al menos una parte de la riqueza que producen trabajadores gallegos en otras zonas del Estado o una llamada a la solidaridad interregional.

En este contexto, los parlamentarios de UCD incluyen su desinterés por exigir la gestión de la Seguridad Social, porque tiene un déficit de 5.000 millones en Galicia.