Comenzaron las negociaciones de adhesión de España a la CEE

El Gobierno español acepta el procedimiento de organización de las negociaciones de adhesión a las Comunidades Europeas, presentado ayer en Bruselas por el presidente en funciones del Consejo Comunitario, el embajador francés Luc de la Barre de Nateuil a su colega español, Raimundo Bassols. El acto es el primero de la serie -después de la apertura oficial de las negociaciones el pasado 5 de abril-, que definirán las modalidades de ingreso de España a la CEE. «Negociaciones que, en fase sustancial, deberían permitir el arreglo de los temas más importantes de la adhesión antes de finales de 1980», declaró Bassols ante los comunitarios. Madrid no quiere demorar su proceso de adhesión a la CEE.El embajador de España ante las Comunidades Europeas recordó que, entre el acto oficial de apertura, en febrero, y la primera sesión negociadora, a nivel de embajadores, se han realizado varios trabajos técnicos de importancia; en el capítulo de adaptación de la legislación española a la comunitaria.

La estrategia española en la negociación será planteada a la Comunidad, en la sesión negociadora, a nivel ministerial, del 18 de septiembre en Bruselas. Bassols avanzó lo conocido, se entrará de lleno en la negociación, con los asuntos más problemáticos, como la agricultura y la política social.

Desde la óptica comunitaria, el presidente del Coreper (Comité de Embajadores Representantes Permanentes) precisó que «las negociaciones se iniciarán a nivel efectívo después del verano». Partiendo de una visión de conjunto y negociando sector por sector. Por parte de los representantes de la Comisión Europea se destacó el buen trabajo elaborado por la Administración española, hasta el momento, y la esperanza que continúe en la misma línea en el futuro. En resumen, buenas palabras por ambas partes, antes de comenzar a deliberar sobre los asuntos de fondo, cuya única clave radica, básicamente, en negociar unos períodos transitorios de adaptación que cada bando querrá a su medida: España los deseará cortos para la agricultura y largos para la industria, y la Comunidad al contrario.