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Consejo de Ministros

La muerte de una joven en Tudela fue un accidente, afirma el Gobierno

Un informe del ministro del Interior, sobre los sucesos de Tudela ocurridos el domingo pasado, refuerza la calificación de accidente que se dio a los hechos desde el primer momento, e incluso pone en duda seriamente la honorabilidad de algunas fuentes», afirmó anoche Josep Meliá, secretario de Estado para la Información, durante la conferencia de prensa celebrada para informar del Consejo de Ministros.

El señor Meliá añadió que el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, había aportado al Consejo un extenso informe sobre el tema terrorista en general y que el Gobierno tiene ya citas y datos precisos que «de momento es preferible no divulgar, por estar relacionados con el éxito de las propias operaciones policiales».Abundando sobre el suceso de Tudela, en el que perdió la vida la joven Gladis del Estal, el señor Meliá afirmó que el informe del forense señala que en el cuerpo de la víctima no se encontró ningún hematoma, por lo que se descarta que fuese golpeada, y menos aún -dijo- a culatazos, puesto que el arma que portaba el guardia civil al que se achaca el disparo no posee culata. Ello demuestra -siguió- que no existió discusión ni confrontación previa y está demostrado que la víctima estaba en la parte de atrás, respecto al guardia civil, y que cuando alguien intentó arrebatarle el arma desde atrás, ésta se disparó, dirigiéndose hacia atrás el proyectil.

En respuesta a otras preguntas sobre el mismo tema, dijo el secretario de Estado que la manifestación fue pacífica, aunque no exenta de cierta tensión, y que en la cabeza iban gentes escenificando una supuesta situación represiva: unos con carnets de identidad en la boca y otros fingiendo que los golpeaban con látigos. Añadió después que la policía conoce perfectamente el papel que desarrolló en la manifestación Pedro Solabarría, diputado de Herri Batasuna, y que actuó como «director de ese montaje escénico: él llevaba el carnet de identidad entre los dientes».

En relación con el incidente protagonizado ayer por dos redactores de Informaciones, a los que se les impidió hacer fotografías del inspector Antonio González Pacheco, el señor Meliá respondió que «personalmente no conozco una ley que prohiba fotografiar policías. Pese a lo cual, creo que dentro de un proceso como el nuestro existen lagunas que deben ser vistas desde algunos principios que son contradictorios y que hay que cohonestar. La Constitución recoge el derecho a la información, pero también el derecho a la propia imagen.

«Hay que ver también», prosiguió, «si existen razones de seguridad por la que determinadas personas no deben ser fotografiadas. Mi larga experiencia como periodista y lector de prensa extranjera me dice que en otros países no se publican fotos de policías o se les ocultan cuidadosamente los rostros. El hecho de que el señor González Pacheco cuide tan celosamente su imagen contribuye a que no sea reconocido, no sólo por los terroristas, sino por los periodistas; la versión de Informaciones contiene serias imprecisiones, ya que los redactores no hablaron en ningún momento con el señor González Pacheco, ni éste les acompañó en el coche; fue un compañero suyo quien lo hizo.»

General Motors: todo a punto

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En torno a la instalación de la General Motors en España, el señor Meliá aseguró que la madrugada pasada faltaban solamente pequeños puntos en la negociación, que las discrepancias parece que son mínimas y es posible decir que la General Motors se instalará en Zaragoza y,en Cádiz y que el acuerdo puede hacerse público el lunes por la tarde.

En cuanto a los medios de comunicación social del Estado, el señor Meliá explicó que el Consejo no había tomado decisiones definitivas, pero que había nombrado una comisión para resolver el problema. Y que en el ánimo del Gobierno está adoptar una solución, respetando los intereses de los trabajadores. Señaló algunas cifras, como las relativas al diario Arriba, que en 1978 tuvo una difusión medía de 4.000 ejemplares diarios y unas pérdidas de 430 millones, por lo que cada ejemplar vendido costó 270 pesetas.

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