Juicio contra los veinticuatro despedidos de transportes Tusa

Ayer quedó visto para sentencia en la Magistratura número uno de Barcelona el juicio por demanda de despido de veinticuatro trabajadores de la empresa de transportes Tusa, informa Efe.Los veinticuatro trabajadores, todos ellos conductores, fueron despedidos a raíz del secuestro de tres autobuses en el transcurso de una huelga. La empresa acusó a los conductores de haber secuestrado los vehículos, motivo por el cual los despidió.

Durante la celebración de la vista, el abogado de los trabajadores, Leopoldo Espuny, señaló en reiteradas ocasiones que los autobuses fueron secuestrados por los vecinos de Badalona, afectados por la huelga, y que los conductores decidieron llevar ellos mismos los autobuses para evitar accidentes.

Por su parte, el abogado de la parte empresarial, el catedrático Manuel Alonso García, expuso que los conductores eran libres de participar o no en la conducción de los autobuses y que, en ningún caso, una huelga legal presupone la ocupación de los bienes de la empresa.

Entre los testigos que prestaron declaración, además de varios miembros del comité de empresa y del gerente de Tusa, figuró el secretario general de CCOO de Cataluña, José Luis López Bulla, quien manifestó que había dado su consentimiento a que los conductores llevaran los autobuses para evitar males irreparables. Citó como ejemplo de ocupación de funciones por personal no especializado las huelgas de controladores aéreos de París, de los trabajadores del Metro de Madrid y de los ferrocarriles de Sarriá.

También prestó declaración Gabriela Serra, secretaria de la OIC, presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Franquesas, de Badalona, quien manifestó que durante el secuestro de los autobuses fueron los propios vecinos quienes se encargaron de cobrar a los viajeros, solicitándoles la voluntad con el fin de poder pagar la, gasolina.

Tras la presentación de conclusiones por los abogados de ambas partes, el juicio quedó visto para sentencia.

En el estrado de los abogados defensores de los despedidos se encontraban también los parlamentarios catalanes Benet y Solé Barbera, quienes no pudieron intervenir por decisión expresa del magistrado.