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Los vecinos de Carabanchel Bajo acusan a Visomsa de encarecer sus viviendas

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Bajo ha redactado un informe en el que se pone en entredicho la conveniencia de la continuidad de Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid, SA), y pide al Ayuntamiento de Madrid que se retire de la sociedad, recuperando los terrenos que entregó en su día, valorados en trescientos millones, como aportación para formar parte de la misma.A lo largo de un informe de ocho folios se analiza el papel de Visomsa como encubridora de los intereses de la iniciativa privada y como una alternativa cedida por la Administración ante la exigencia de los vecinos de que las viviendas se hagan exclusivamente por promoción directa.

La sociedad, constituida en enero de 1977, tiene como fin la promoción de viviendas sociales en el municipio de Madrid, y está integrada por el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de la Vivienda, que aporta terrenos por valor de 550 millones, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que participa con 150 millones en efectivo.

Su actividad se encuadra en el real decreto de 12 de noviembre de 1976. El anuncio de la constitución de la empresa suscitó una ola de esperanza entre los madrileños y se estima en unas 70.000 personas las que presentaron solicitudes para acceder a los pisos que se construyeran. Meses más tarde, se conocieron las condiciones económicas de la compra y la desilusión fue total. Los precios, con plazos incluidos, alcanzan casi los cuatro millones de pesetas, pagando letras de 15.000 pesetas durante veinte años. Además, al ser una empresa que necesita más dinero para continuar sus inversiones, los pisos construidos por Visomsa deben dejar unos beneficios. En el informe citado se dice que el metro cuadrado construido sale por unas 14.000 pesetas, y se vende por unas 20.000.

Así las cosas, el movimiento ciudadano rechaza a Visomsa y se reafirma en su petición de que el INV se dedique a construir viviendas de promoción directa, más baratas y con mayores facilidades de pago.

Al llegar a noviembre de 1978, en medio de una amplia campaña por la vivienda, organizada por el movimiento ciudadano, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, publicó un decreto por el que se autorizaba al INV a contratar obras directamente con empresas privadas, eludiendo el trámite del concurso subasta. Mes y medio antes de las elecciones generales se anunció que el INV construiría en Madrid 15.000 viviendas sociales, proyecto en el que Visomsa actuará como promotora y gestora.

Aunque se cambian las personas que forman la directiva de Visomsa, los estatutos permanecen inalterables y uno de sus puntos estipula la necesidad de conseguir beneficios. Así se legaliza que Visomsa, en un papel de puro intermediario, se quede con el 2,5% del valor de los proyectos, al tiempo que la elección de las empresas constructoras que realizarán las obras queda fuera de todo control, no sólo de los vecinos, sino de la propia Administración. Las 15.000 viviendas en cuestión significarán una inversión de 25.000 millones.

La acusación que ahora se hace a Visomsa de falta de transparencia es una, constante repetida en los dos años de vida de la entidad. La asociación de Carabanchel Bajo, como conclusión de su informe, insiste en que se hagan públicas las listas de los adjudicatarios de los pisos construidos en dicho distrito, exige que no se utilicen fondos públicos para construir viviendas que luego se venden con recargo sobre su precio de coste.

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