La familia imperial iraní condenada a muerte en "rebeldía"

El sha y la ex emperatriz Farah y otros dos miembros de la familia imperial iraní, así como los tres últimos primeros ministros del sha y otras dos personalidades del antiguo régimen, han sido condenados a muerte, en rebeldía, por el Tribunal Revolucionario Central de Teherán, según comunicó el domingo su presidente, jeque Sadeh Jaljali.

En la rueda de prensa que siguió el anuncio de la condena, Jaljali declaró: «Cualquiera que los mate no podrá ser arrestado como terrorista en ningún país, porque se habrá limitado a ejecutar las órdenes del Tribunal Revolucionario Islámico de Irán.»Además del sha Reza Pahlevi y la emperatriz Farah Diba, también han sido condenados a muerte una hermana y un hermanastro del sha, así como los últimos tres primeros ministros del antiguo régimen (Sharif-Emami, general Reza Achari y Shapur Bajtiar), el ex embajador en Washington (Ardechir Zahedi) y el ex ministro de Educación y secretario particular de la emperatriz (Houchang Nahavandi).

Todos estos condenados se encuentran fuera de Irán. Sólo hay serias dudas sobre el paradero del último primer ministro del antiguo régimen, Shapur Bajtiar. Según ha podido saber el enviado especial de EL PAÍS en Teherán, Bajtiar abandonó la presidencia del Gobierno en la mañana del 11 de febrero, pocas horas después de que comenzara la rebelión que llevaría al poder al régimen islámico de Jomeini. Fuentes de los servicios de seguridad de la Presidencia del Gobierno han declarado que Bajtiar salió del palacio con un paquete de documentos y acompañado sólo por un guardaespalda y un chofer. «Voy a hablar con Jomeini», dijo. Desde entonces no se le volvió a ver en sus oficinas. Aquella tarde se dirigió al país en la que sería su última alocución radiotelevisada. En los ambientes políticos de Teherán se ha dado como cierto el rumor que decía que Bajtiar había sido protegido por su viejo amigo y correligionario, el primer ministro de Jomeini, Melidi Bazargan.

Jomeini pone límites

Horas después de que se conocieran estas condenas pronunciadas «en rebeldía», el ayatollah Jomeini dio a conocer una circular dirigida a todos los tribunales islámicos en la que ordenaba que «nadie debe ser condenado a muerte ni ejecutado, excepto en los casos en que se pruebe que han matado, han dado órdenes de matar o han causado muertes con sus torturas».De este modo, la acusación de «corrupción sobre la tierra» deja de ser una causa de fusilamiento. Hasta el momento, buena parte de los más de doscientos ejecutados habían sido acusados por esta figura jurídica sui generis. Con esta especie de amnistía, se cree que el régimen de Jomeini trata de tranquilizar a buena parte de los funcionarios del antiguo régimen que siguen sin incorporarse al trabajo ante el temor de represalias. Este absentismo político, entre otras instituciones, tiene paralizado al Ejército, ya que la mayor parte de los oficiales sigue sin reincorporarse a sus cuarteles.

La minoría árabe comienza a actuar

Militantes guerrilleros de la minoría árabe del Juzestán atacaron ayer la sede de un grupo político rival iraní en la ciudad de Khorramssha, en la región del Juzestán, al suroeste del país.Esta zona (que es donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos petrolíferos) está poblada por árabes (y no persas), que reivindican una autonomía cultural y económica. El tipo de armamento utilizado (fusiles automáticos Kalashnikov, arma de los países del Pacto de Varsovia) hace suponer que la guerrilla de la zona puede estar ayudada por Irak, país fronterizo con Juzestán.