Nombrados oficialmente los delegados y los concejales de barrio

El pleno municipal extraordinario celebrado ayer discurrió durante dos horas de discusión jurídica, acusaciones y defensas de UCD por una parte, y socialistas y comunistas, por otra. Los cinco puntos del orden del día aprobados, entre los que se encontraban la designación de presidentes de juntas municipales de distritos y de comisiones informativas, no ofrecieron novedad alguna, ya que dichos nombramientos se sabían de antemano (véase EL PAIS de ayer). La única incidencia fuera del tono esperado (mucho más moderado y menos agresivo que en sesiones anteriores) fue la amenaza de bomba dirigida a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El pleno municipal de ayer, propiamente dicho, comenzó con la lectura, por parte del secretario general de la Corporación, Pedro Barcina, del decreto de nombramiento de los nuevos concejales presidentes de juntas municipales de distrito. A partir de ese momento se enzarzó una discusión político-jurídica que, a lo largo de una hora y 48 minutos, enfrentó a los concejales ucedistas, por un lado, y a los socialistas y comunistas, por otro.Los nuevos presidentes de juntas municipales, tal como estaba previsto -el decreto estaba, incluso, preparado con anterioridad al pleno del pasado día 4, previamente a que el asunto fuera retirado del orden del día por el grupo socialista-, son: Centro, Juan Francisco Pla (PCE); Arganzuela, Benito Martín Lozano (PSOE); Retiro, Esteban Díaz Maroto (PSOE); Salamanca, Javier Angelina (PSOE); Chamartín, Eduardo Ferrera (PSOE); Tetuán, Luis Rufilanchas (PSOE); Chamberí, María Gómez Mendoza (PSOE); Fuencarral, Cristina Almeida (PCE); Moncloa, Jesús González Escribano (PSOE); Latina, Julián Rebollo (PCE); Carabanchel, Miguel Lara (PSOE); Villaverde, Emilio García Horcajo (PSOE); Mediodía, José Luis Martín Palacín (PCE); Vallecas, Saturnino Zapata (PSOE); Moratalaz, Fidel Alonso (PCE); Ciudad Lineal, Manuel Rodríguez Franco (PSOE); San Blas, Mariano López San Román (PSOE), y Hortaleza, Valentín Medel (PSOE).

El hecho de que todos los presidentes de juntas municipales, nombrados por decreto del alcalde, de acuerdo con la ley Especial de Madrid, hayan recaído en miembros de la mayoría de izquierda dentro del Ayuntamiento fue la piedra de toque que dio lugar a la discusión política que siguió, comenzada, como era de esperar, por el portavoz de UCD, José Luis Alvarez, y basada, primordialmente, en la legalidad de tal decisión, de acuerdo con la ley Electoral de julio de 1978.

El grupo ucedista -del que sólo estaban presentes veintidós de sus veinticinco miembros- habló por boca de José Luis Alvarez, quien aseguró haber hecho lo posible para que su intervención en contra no se llegara a producir. De paso, deseó que el pleno de ayer fuera el último que se dedicara a la discusión de temas políticos. El señor Alvarez calificó los decretos de nombramiento que se presentaban al pleno -todos ellos en conjunto, y no sólo los referidos a los presidentes de Junta- como imbuidos de un «estilo autoritario, presidencialista y excluyente, en el que se maquillan con visos democráticos las decisiones ya tornadas anteriormente.

El número uno de UCD en el Ayuntamiento no dejó de referirse directamente al alcalde, para asegurar que «aunque, a veces, se aparenten posiciones de árbitro, no lo es: se es partidista, al excluir a un gran sector». José Luis Alvarez expresó la estadística de que los 47 cargos municipales repartidos hasta ahora lo han sido todos ellos entre 33 concejales, los socialistas y comunistas -«lo que supone un claro pluriempleo», dijo-, «en tanto que son marginados otros veinticinco concejales, representantes de más de 630.000 votantes».

Para el anterior alcalde, «la apetencia de cargos todavía no ha terminado, pues quedan muchas sociedades municipales y varios cargos que dependen directamente del Ayuntamiento. Lo cierto es que me encontré en las reuniones que tuvimos con muy buenas palabras. Pero hoy me encuentro con muy malos hechos». Insistió en que «la inobservancia de la norma y del espíritu de la ley es extrema, despreciando el sentido democrático de las elecciones».

Respuestas al número uno de UCD

Terminó anunciando que «ya que se nos excluye de aquello a lo que creemos que tenemos derecho, ejerceremos las acciones que nos correspondan».El portavoz de UCD fue contestado por Alonso Puerta, por parte socialista, y por Juan Francisco Pla y Ramón Tamames, por parte comunista. Tanto el uno como los otros insistieron en que las negociaciones seguidas con UCD estuvieron animadas del mejor espíritu y que «las manos todavía siguen tendidas». Para el señor Puerta, «Alvarez explica una marginación que no existe», en tanto que Ramón Tamames habló de que «aquí nadie pretende asumir representaciones que no tiene, ni excluir representaciones que otros tienen». Por su parte, Juan Francisco Pla explicó las dos filosofías que se enfrentan en el seno del Ayuntamiento, y que PSOE y PCE forman «una mayoría estable para el gobierno del Ayuntamiento, fundamentada no en la apetencia de cargos, sino en la coincidencia de programas de dos partidos». «Necesitamos ser eficaces -añadió- por la obligación democrática de los votos del 3 de abril.»

La designación por parte de la alcaldía de los correspondientes presidentes de comisiones informativas recayó en los siguientes concejales: Abastos: Luis Rufilanchas, PSOE. Acción Vecinal: Angel Hernández, PSOE; Circulación y Transportes: José Luis Martín Palacín, PCE; Cultura: Enrique Moral, PSOE; Educación: Alfredo Tejero, PCE; Hacienda: Joaquín Leguina, PSOE; Obras: Javier Angelina, PSOE; Relaciones Sociales: Adolfo Luxán, PSOE; Saneamiento: Manuel Mella, PSOE; Sanidad: Juan Francisco Plá, PCE; Seguridad y Policía Municipal: José Barrionuevo, PSOE; Urbanismo: Eduardo Mangada, PCE; Régimen Interior y Personal, Alonso Puerta, PSOE.

Tras la lectura del decreto de designación los concejales se abstuvieron de iniciar un nuevo debate que ya se había producido durante el punto anterior de forma muy extensa. Sin embargo, la discusión se reavivó tras la lectura del decreto que designaba a los delegados de servicio, no concejales, y cuya relación es la siguiente: Hacienda: Baltasar Aymerich, PSOE; Obras y Servicios: Juan Claudio de Ramón, PSOE; Circulación: Carlos García Hernández, PCE; Educación: Miguel Guelbenzu, funcionario municipal; Cultura, Eduardo Huertas, funcionario municipal; Relaciones Sociales: Manuel Ortuño, PSOE; gerente municipal de Urbanismo: Ignacio Quintana, vicepresidente de la Federación de Vecinos, militó en el PCE hasta hace unos meses.

La discusión jurídica fue encabezada en esta ocasión por José María Alvarez del Manzano, número dos de la lista de UCD, quien, dirigiéndose a Enrique Tierno, dijo no dudar de su buena intención, «aunque queda bien patente su autoritarismo. No es necesario que se traiga a pleno algo que está hecho por decreto de la alcaldía en aplicación de la Carta Especial de Madrid». El señor Alvarez del Manzano se refirió a lo arcaico de la normativa legal vigente, abundó en los adjetivos adjudicados por Tamames a las leyes municipales (profusas, confusas y difusas) y señaló que la figura de los delegados de servicio encajan en un sistema legal autoritario. «No entiendo, sin embargo, esa distinción entre concejales-delegados -son delegados aunque los socio-comunistas se empeñen en llamarles concejales-responsables- y delegados técnicos.» Aquí intervino Alonso Puerta para aconsejar al señor Alvarez que hablara de socialistas y comunistas, «no de socio-comunistas. El PSOE tiene nombres y apellidos desde hace cien años». Prosiguió el concejal de UCD diciendo que los delegados recién nombrados tienen exacta y literalmente las mismas atribuciones que los de los ayuntamientos no democráticos, «aunque el señor Tamames asegurara públicamente que los delegados de servicio no iban a tener poder político y el señor Puerta asegurara también que esos delegados de anteriores ayuntamientos eran inaceptables para los socialistas. Estos delegados, pues, deben ser inaceptables para los socialistas porque tienen idénticas atribuciones a los anteriores. Si aceptamos hablar claro, que no se diga que se rechaza lo que después se acepta», finalizó el señor Alvarez del Manzano, quien se congratuló de que entre los delegados haya dos funcionarios.

Pedro Barcina, secretario general del Ayuntamiento, explicó a continuación la legitimidad de los acuerdos adoptados «toda vez que la normativa vigente no prevé la desaparición de los delegados de servicio». El señor Barcina se refirió a la norma por la que los concejales no pueden ser delegados de servicio y en este aspecto los delegados no son concejales aunque haya concejales responsables políticos de las delegaciones.

El quinto y último punto se refería a la designación del concejal Eduardo Mangada, del PCE, como vocal del consejo en la Gerencia Municipal de Urbanismo.