La nueva demanda de extradición de Apaolaza y Goicoetxea se verá en mayo

En la primera quincena de mayo próximo se celebrará en el Tribunal de Acusación de Aix-en-Provence una nueva vista de extradición contra Mikel Goicoetxea y Martín Apaolaza solicitada por el Gobierno español, que ya vio denegada por la justicia francesa una petición similar referida a ambos refugiados vascos el pasado 4 de abril. La amplia documentación con nuevas acusaciones en las que el Gobierno español basa su segunda petición de extradición contra Apaolaza y Goicoetxea llegó a la corte de Aix-en-Provence el martes pasado. Se esperaba que a última hora de ayer o en la mañana de hoy el ministerio fiscal se dé oficialmente por enterado, abriéndose a partir de ese momento un plazo máximo de ocho días para que la vista se convoque.

En el dossier recibido por la justicia francesa del Gobierno español se considera a ambos refugiados implicados en tres delitos: robo con violencia, el 4 de agosto de 1978; robo con violencia en la papelería Gureola-Scot, de Hernani (Guipúzcoa), el 7 de septiembre de 1978, y robo de coche, con posterior muerte de dos policías armados en el bar Urgull, de San Sebastián, el 5 de febrero de 1979. Asimismo, a Apaolaza le considera la Administración española autor de la colocación de una bomba en la central nuclear de Lemóniz, con muerte de dos trabajadores, en febrero de 1978. A Goicoetxea se le culpa de un robo, con violencia, de un coche, a fin de ametrallar un jeep de la Policía Armada en el barrio de Bidebleta, de San Sebastián, con el balance de dos policías muertos y uno herido.El equipo de abogados que se encargará, como en la pasada vista, de la defensa de los dos refugiados vascos considera que el fallo del Tribunal de Acusación de Ai x-en-Provence podría ser el mismo que el emitido el 4 de abril. Sin embargo, parecen preocupados por la suerte de Martín Apaolaza en lo que se refiere a la acusación que se le imputa de participación en la colocación de una bomba en la central nuclear de Lemóniz.

Miguel Castells, uno de los abogados de dicho colectivo, declaraba ayer a EL PAÍS: «Nos preocupan las presiones que pueda sufrir la justicia francesa en este caso, ya que, creemos, debe de aclarar el acto ,como político. Hay que tener en cuenta que en el tema de Lemóniz no nos enfrentamos solamente a las relaciones entre los Gobiernos francés y español, sino, además, a los propios intereses de las empresas multinacionales que en Europa, concretamente en Francia, sostienen las centrales nucleares. Ellos van a tratar de influir en la Administración francesa para que la justicia aplique un criterio de dureza. Está en juego la posibilidad de que puedan seguir creando nuevas instalaciones en territorio europeo. Por ello, desean que exista un precedente de sentencia ejemplar.»