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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Las vacaciones de un criminal

EL QUEBRANTAMIENTO por el señor Lerdo de Tejada del régimen de prisión preventiva, situación derivada del gravísimo delito por el que fue procesado hace más de dos años, ha producido en la opinión pública una reacción de estupor e indignación que puede cobrar mayor amplitud si las autoridades no dan una explicación satisfactoria de lo sucedido.La primera reflexión que surge en torno a la fuga del señor Lerdo de Tejada no tiene como objeto el hecho en sí mismo, sino la lentitud con que se ha ido arrastrando la instrucción del sumario, tanto menos disculpable cuanto que los actos criminales sometidos a investigación tuvieron una trascendencia y significación históricas. La matanza de Atocha y el emocionado entierro de sus víctimas fueron acontecimientos decisivosen la prehistoria inmediata de nuestras recientes instituciones democráticas. De añadidura, las declaraciones ante el juez y a los medios de opinión de los encartados en esa siniestra y cobarde vendetta han esclarecido parte de los hechos, aunque no hayan aclarado más que mínirnamente las complicidades y encubrímientos que forman la base oculta del iceberg, y han suministrado incluso elementos suficientes para escribir el guión de una pelíCula sobre aquellos trágicos días de enero. Por lo demás, causa sorpresa conocer la generosa liberalidad de los permisos de que han disfrutado los procesados en este sumano para abandonar la prisión de Ciudad Real y los motivos puramente vacacionales para concederlos. Porque es difícilmente comprensible que los acusados de autoría por un crimen como la matanza de Atocha puedan salir de su reclusión como si de, alumnos en un internado se tratara. La noticia, todavía no confirmada, de que la decisión del juez instructor de la Audiencia Nacional para conceder esa merced al señor Lerdo de Tejada no fue precedida del inforime del ministerio fiscal sería cuando menos chocante, y la información de que la acusación privada no fue notificada de esa medida suscita algo más que perplejidad, ya que la ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de notificar los autos y providencias del juez instructor a las partes. En cualquier circunstancia, habría que plantear una seria interrogante sobre los criterios de oportunidad que animaron a mostrar esta benevolencia y, por supuesto, exigir una investigación sobre las complicidades que han permitido al

señor Lerdo de Tejada cruzar la frontera.Desde órganos de opinión de la derecha autoritaria se ha lanzado, en los últimos meses, una virulenta campaña contra la reforma penitenciaria iniciada, con bastantes mejores intencionesque resultados, por el señor García Valdés. El incremento de la delincuencia comun sería, según las opiniones de los críticos, la segura consecuencia de transformar las cárceles en luigares ligeramente menos invivibles y de establecer regímenes de prisión abierta para los condenados por sentencia firme. Los biempensantes, que olvidan los condicionamientos sociales de los delitos comunes y que erigen altos muros, disciplina legionaria y largas condenas para los que invaden el ámbito de la propiedad privada, tienen ahora una excelente ocasión para meditar. Mientras, el señor Lerdo de Tejada ha roto su palabra y ha defraudado la confianza que en su honor depositara el juez de la Audiencia Nacional, con la consecuencia añadida de perjudicar a todos los procesados y condenados, que pueden verse privados de ese beneficio por el precedente de su fuga, Eleuterio Sánchez cumple a entera satisfacción sus compromisos.Pero en este caso se trata, dirán los críticos, de un delito de motivación política. Aun dejando a un lado la circunstancia de que los autores de la matanza de Atocha no se vieron beneíiclados por la amnistía de octubre de 1977, resulta difícil para quienes condenan la violencia, venga de donde venga, dejar de comparar la prisión de Ciudad Real con la cárcel de Soria y el permisivo régimen a que han estado sometidos los procesados por la matanza de Atocha con la dureza que se aplica a los acusados de haber participado en las acciones criminales de ETA.

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