Los alcaldes no tendrán competencias en cuestiones de orden público

Los gobernadores civiles asumen el carácter de autoridad gubernativa única en materia de orden público y en la totalidad del territorio de su provincia, de acuerdo con una orden del Ministerio del Interior que publicó ayer el Boletín Oficial. Esta disposición que no significa tanto una innovación de derecho, como de hecho, viene a recortar las atribuciones que hasta ahora venían ejerciendo los alcaldes en sus municipios.

La ley de Orden Público de 30 de julio de 1979 establecía que los alcaldes de municipios que no sean capitales de provincia ejercitarían la autoridad gubernativa cuando el gobernador civil no la asumiese personalmente o por un delegado especial. Esta es la situación que, salvo en casos excepcionales, se mantuvo con carácter general y que desde ayer queda radicalmente modificada, al asumir los gobernadores el carácter de autoridad gubernativa única en cada provincia.A los alcaldes les corresponde «coadyuvar a la conservación del orden público, de acuerdo con las directrices e instrucciones de los gobernadores civiles». Esta nueva situación entró en vigor ayer mismo, con la publicación de la orden en el Boletín Oficial.

La atribución en exclusiva de las competencias de orden público a los gobernadores refuerza su dependencia directa del Ministerio del Interior y aleja la posibilidad de que pasasen a depender del Ministerio de la Presidencia.

Al parecer, el nuevo ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, se opuso desde el principio a esta remodelación de competencias, ya que, una vez perdidas las que ostentaba sobre la Administración local, que pasan al Ministerio de Administración Territorial, el departamento del Interior hubiese quedado reducido a poco más que una subsecretaría de Orden Público, de haberse consumado la transferencia de poderes respecto de los gobernadores civiles.

El señor Ibáñez Freire ha mantenido largas reuniones de trabajo con sus inmediatos colaboradores durante la semana que termina, con el fin de diseñar la reestructuración del departamento, a la vista de la nueva situación.

Según informa la agencia Europa Press, que cita «fuentes autorizadas», las grandes líneas de la política del Ministerio descansarán sobre tres pilares: garantía para las libertades públicas, seguridad ciudadana y protección civil.

Puesto que las cuestiones de orden público son prioritarias para el departamento, las mismas fuentes señalan que está justificado el que los gobernadores civiles continúen dependiendo de Interior e insisten que se acentuará el propósito de abandonar la imagen represiva de las fuerzas de seguridad ciudadana, en la línea ya iniciada por el anterior titular del Departamento, Rodolfa Martín Villa, al encomendar a las patrullas de policía misiones de protección civil.

Siempre según la misma fuente, la próxima semana el ministro y sus colaboradores comenzarán el estudio de la nueva dirección de Seguridad del Estado que creó la ley de Policía Nacional.

El anterior equipo dejó muy perfilados los reglamentos de la policía, pero la estructura de la dirección de Seguridad del Estado no puede responder al proyecto inicial que era la coordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado. La atribución de competencias en materias de seguridad nacional al vicepresidente primero del Gobierno exige un nuevo estudio de las que tendrá la dirección de Seguridad del Estado.

Probablemente -anuncian las mismas fuentes- la misión del director de Seguridad del Estado será técnica y coordinadora de la Policía Nacional, el Cuerpo Superior de Policía y la Guardia Civil, y el Ministerio contará con dos grandes secciones: la subsecretaría del Interior y la seguridad ciudadana, a cuyo frente estará el director de Seguridad del Estado.