Confirmada la ruptura del Partido Socialdemócrata portugués
Confirmada ayer la ruptura en el seno del Partido Socialdemócrata portugués, la pregunta que domina ahora todos los comentarios es la siguiente: ¿Quién recogerá los dividendos de la nueva situación política así creada? ¿Eanes, Mota Pinto, Mario Soares?A primera vista, el gran vencido es Sa Carneiro. El grupo parlamentario del PSD ha decidido renovar su confianza en la dirección del mismo, y Sa Carneiro podría perder entre treinta y cuarenta de los 73 diputados de que disponía en la Asamblea. La dirección del grupo parlamentario ha dejado a la conciencia de cada uno la decisión de abandonar o no el partido y de renunciar, simultáneamente, a su escaño, pero varios diputados han comunicado ya su salida del partido.
¿Cuál será la estrategia adoptada por los disidentes? Pueden constituir un nuevo partido. Hoy la creación de una «federación reformadora» o de un movimiento independiente parece menos segura que hace unos días, aunque haya declarado ayer que podría ser una buena solución para el país, negando cualquier responsabilidad en la iniciativa. Juntando sus votos a los de los democristianos y contando con la abstención de los socialistas, los disidentes del PSD pueden asegurar al actual Gobierno una base de apoyo estable, capaz de hacer fracasar el intento de los comunistas y de San Carneiro de provocar elecciones generales anticipadas.
¿Será esta lajugada de los socialistas, que podrían así dedicarse, sin mayores problemas, a la recuperación de su popularidad en la oposición?
Se trata, de todas maneras, de un juego peligroso para la propia democracia parlamentaria. El Gobierno acaba de ser vencido, por tercera vez consecutiva, en el Parlamento por la «mayoría de izquierda», que, después de rechazar el presupuesto y la ley de Radio, se ha negado a ratificar el decreto-ley fijando en el 18% el techo de los aumentos salariales autorizados en 1979. Mota Pinto se ve así empujado a gobernar cada vez más de espaldas al Parlamento, en actitud de claro desafío a los poderes teóricamente encargados de controlarlo, concretamente el Parlamento y el Consejo de la Revolución.
