El "empleo comunitario", una subvención para mantener el orden público en Andalucía

En vísperas de elecciones, tanto los partidos y sindicatos de izquierdas como los representantes gubernamentales parecen esforzarse en convencer al electorado de que ellos son los más adecuados para parchear el problema del paro en Andalucía.El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Fernando Abril Martorell, se entrevistó el jueves con los máximos dirigentes de la UGT andaluza y los diputados comunistas de la región. Ese mismo día se libraban 1.300 millones de pesetas para el empleo comunitario de los campesinos andaluces y extremeños en paro. A la vez, el vicepresidente reiteraba una promesa formulada el pasado otoño de convocar a las centrales sindicales mayoritarias para concretar su participación en el control, planificación y distribución de este tipo de fondos. Hace más de un año que las centrales venían reivindicando esta intervención.

El empleo comunitario ha venido siendo un sustitutivo del inexistente seguro de paro agrario. Fuentes sindicales estiman que en Andalucía hay en estos momentos más de 50.000 parados. Para el próximo mes, cuando finalicen por completo las campañas de la remolacha y la aceituna, esta cifra aumentará hasta llegar a un total de 80.000 personas sin empleo.

Según fuentes del Gobierno Civil, el pasado año se destinaron 1.437 millones de las mutualidades agrarias, sólo en la provincia de Sevilla, para empleo comunitario. A esta cifra habría que añadirle otras -las cantidades destinadas a igual fin por el Iryda, Icona, Jefatura Provincial de Carreteras y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- hasta totalizar cerca de 3.200 millones de pesetas.

Pueblos conflictivos

En un principio, el empleo comunitario era administrado por los ayuntamientos de aquellas zonas con mayor índice de conflictividad, para evitar males mayores. Eran los últimos, años de la vida del general Franco. Los sindicatos, entonces clandestinos, comenzaban a funcionar cada día de una forma más organizada y abierta. Era el momento de los encierros en las parroquias. Algunos sacerdotes colaboraban con el movimiento campesino y muchos entraban por primera vez en las iglesias, al margen de bautizos y funerales.El sistema de reparto del empleo comunitario a través de los ayuntamientos daba lugar a abundantes arbitrariedades. Las zonas menos cormbativas se encontraban desatendidas y la inevitable picaresca comenzaba a surgir. Algunos alcaldes destinaban el dinero del empleo comunitario para trabajos innecesarios o humillantes -desbrozar los caminos vecinales, limpiar de piedras un arroyo, abrir y volver a cerrar zanjas- o, simplemente, daban el dinero a cambio de ningún trabajo.

Sin embargo, en zonas con mayor presencia y control sindical, el dinero era utilizado, por lo general, en obras públicas municipales de mayor interés.

Desde hace un par de años, las comisiones provinciales de Gobierno, presididas por los gobernadores civiles, comenzaron a controlar la utilización de los fondos del empleo comunitario previa presentación de proyectos por parte de los ayuntamientos. En muchos casos, eran los propios sindicatos los que elaboraban estos proyectos y los presentaban a los alcaldes.

El papel de los sindicatos

El vacío de poder municipal existente en los últimos tres años favoreció que el sistema de reparto del empleo comunitario sigluiese funcionando de una forma anárquica. Los alcaldes no sabían cuánto tiempo permanecerían en sus puestos, habían perdido la autoridad y los ayuntamientos entraban en fase de liquidación.En muchos casos, por la fuerza de los hechos, fueron los sindicatos los que terminaron llenando este vacío. Por orden de importancia cuantitativa, CCOO, UGT y SOC -rama campesina de la CSUT- son las tres fuerzas sindicales que actúan en el campo andaluz. El SOC, a pesar de su menor número de militantes, es, sin embargo, una central muy activa y ha protagonizado el año pasado algunas ocupaciones simbólicas de tierras. La central anarcosindicalista CNT, por su parte, tiene una influencia muy localizada y escasa.

En ciertos casos, ante la inhibición de los ayuntamientos, algunos sindicatos fuertemente implantados se ocuparon del reparto del empleo comunitario. Las próximas elecciones municipales acabarán, lógicamente, con el vacío municipal. Es de suponer que en las zonas más tradicionalmente conflictivas los ayuntamientos tendrán mayoría de izquierdas: PSOE, PCE y, en algunos casos, PTE. «Nuestros concejales potenciarán la clarificación de cuentas y el estudio de medidas inversoras. En cualquier caso, el próximo verano, habrá nuevamente ocupaciones de tierras», afirma Paco Casero, líder del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), cercano al PTE.

Instrumento de control

Para UGT y CCOO, los ayuntamientos democráticos serán también, entre otras cosas, un instrumento de control de la utilización de los fondos del empleo comunitario. «Nuestros concejales y alcaldes se pondrán a la vanguardia de la lucha contra el paro y serán ellos quienes negocien con las instancias, superiores», dice el líder campesino de CCOO Carmelo Acuña.Sin embargo, la cuestión de fondo en la que todos parecen estar de acuerdo -matices aparte- es en lo inadecuado del actual sistema de parcheo contra el paro. Incluso el gobernador civil de Sevilla, Luis Fernández, considera que una medida inmediata sería la puesta en funcionamiento de «unas verdaderas oficinas de colocación ágiles y modernas». Así se acabaría con un sistema de contratación arbitrario -en las plazas y bares de los pueblos-, se conocería con exactitud el índice de paro y se acabaría con la picaresca que ha llevado a algunos a beneficiarse, sin derecho, del empleo comunitario y, en ciertos casos, del seguro de desempleo.

Los sindicatos reivindican también el derecho de los campesinos en paro al seguro de desempleo y consideran que el problema agrícola andaluz pasa por una planificación a todos los niveles que estudie la optimización de las tierras, una reforma agraria de corte moderno -cuyo alcance final varía según cada una de las centrales que lo proponen- y la creación de sistemas de industrialización y comercialización de los productos agrarios.