El caso Arana supone el mayor problema judicial en la historia de Andorra

Varios procedimientos judiciales de carácter civil -por lo menos cuatro- y uno de carácter penal configuran el mayor problema judicial de la historia de Andorra, país que se caracteriza por vivir de espaldas al derecho moderno, rigiéndose esencialmente por el derecho romano. En el centro de todo ello se halla el ex diputado -y actual aspirante al mismo cargo- Joaquín Arana Pelegrí, junto con Julio Muñoz Ramonet, persona clave en la Barcelona de los años cuarenta. Ambos continúan sometidos a una inculpación penal por parte de la justicia andorrana, ante la cual, por vez primera, alguien es inculpado por un presunto delito de base económica. El problema gira en torno a la propiedad de un terreno valorado en más de 1.500 millones de pesetas.

El pasado 9 de marzo el vespertino Catalunya Express, citando a Arana, afirmaba que aquel problema penal «está totalmente aclarado y que sus supuestas actividades fraudulentas (de Arana). han que dado sobreseídas». No obstante, EL PAIS ha sabido en fuentes jurídicas andorranas que la realidad es otra. Resulta que el auto de inculpación sólo fue modificado en el sentido de quedar levantada la administración judicial de los bienes en litigio y saldada la reclamación económica de la Societé de Banque Suisse, entidad que presentó la denuncia. Pero ello no ha parado el procedimiento penal.El pago de los 82 millones reclamados por la entidad bancaria suiza habría podido efectuarse mediante una hipoteca conseguida por Firsa -empresa de la que Arana es consejero delegado-, de Bartornéu Rabés Durán, ex alcalde de Andorra la Vieja y probablemente la persona más rica de Andorra, y de quien Arana es abogado o asesor legal. El importe de la hipoteca -que, por cierto, también es objeto de una demanda judicial- era de 120 millones de pesetas, más quince de intereses.

Se da el caso que Arana obró como abogado o asesor legal de Rabés en toda una serie de actuaciones extrajudiciales que tenían por fin anular el matrimonio de la amante de Rabés, quien había sido objeto de una querella por presunto adulterio. Todo ello costó a Rabés una fuerte suma, al pa recer varios millones de pesetas, al tiempo que le creaba una delicada duda sobre el posible destino de unas presuntas grabaciones de conversaciones telefónicas, cuyo contenido podría ser considerado obsceno.

De la muy amplia documentación obtenida ahora se desprende que aquel terreno fue comprado en 1963 por una andorrana que obraba en nombre de un español, Emilio Soler, según ahora manifiestan ambos. Poco después el terreno era objeto de un contrato privado de venta en beneficio de la Sociedad de Banca Andorrana (Sobanca), entidad bancaria de la que Emilio Soler era director general y cuya historia, que indudablemente deberá escribirse algún día, arrojaría mucha luz sobre el gran tema de la evasión de capitales de España. Esta presunta venta del terreno a Sobanca es ahora objeto de impugnación judicial por parte de Emilio Soler, quien reclama la propiedad efectiva del terreno, comprado por catorce millones en 1963, pero cuyo valor actual es de más de 1.500 millones de pesetas.

Pocos meses después -estamos todavía en 1963- Julio Muñoz Ramonet empezó a penetrar fuertemente en Sobanca, tanto directamente como a través de una sociedad que controlaba: Contram Incorporated, constituida nada menos que en Panamá y, por tanto, sujeta al derecho de aquel país. Paralelamente, Soler abandonó Sobanca, mientras era detenido y procesado por la justicia española, por un delito monetario.

El terreno ha seguido, desde entonces, toda una serie de peripecias cuyas figuras principales son Muñoz y Arana, ambos precisamente procesados en concepto de presuntos autores de los delitos reseñados, íntimamente unidos a la titularidad del terreno en cuestión.

Soler manifiesta ahora que, con relación a la compra de aquel terreno, Julio Muñoz le había prestado 360.000 francos suizos, pero que esta cantidad fue devuelta. Por considerarse propietario del terreno instó el pasado mes de abril una demanda contra la sociedad Firsa.

Como es bien sabido, a mediados de los sesenta se produce en Suiza lo que la Tribune de Genéve calificó de «primer gran escándalo bancario suizo». Su principal protagonista es Julio Muñoz, quien había comprado dos bancos helvéticos que siguieron una trayectoria que en fecha reciente aún estaba pendiente de resolución por la justicia suiza. Como consecuencia de ello salta Sobanca, que queda intervenida y posteriormente es liquidada. Cuando estaba ya intervenida el consejo de administración consideró que, con relación al terreno que nos ocupa, el banco había obrado como mandatario de la sociedad panameña controlada por Muñoz, la Contram Incorporated. Obedeciendo una orden de esta sociedad, el terreno fue puesto en manos de José Riba Tor por Sobanca. La entrega se efectuó por acta notarial en la que Arana aparece de testigo.