Txiki Benegas: "Martín Villa quiere unas policías autónomas decorativas"

«Desde luego, la idea que tiene de las policías autónomas Martín Villa tiene muy poco que ver con lo que quiere el pueblo vasco. Nos quieren imponer unas policías decorativas, dedicadas únicamente a vigilar edificios, dirigir el tráfico y mantener «la convivencia ciudadana» -ese término tan abstracto-. Pero unas policías autónomas sin ningún tipo de competencias en materia de orden público, como pretende crear el Gobierno, no es aceptable, no interesan y, desde luego, no son esas las soluciones políticas que Euskadi precisa para su normalización.»

Estas declaraciones hechas ayer a EL PAIS por Txiki Benegas, consejero del Interior del CGV y miembro de la comisión mixta que estudia la creación de las policías autónomas, recogen de una manera clara el sentir de los miembros del organismo preautonómico vasco acerca de planes que a este respecto tiene el ministro del Interior, Martín Villa.

Proyecto gubernamental

El proyecto gubernamental -al que ha tenido acceso EL PAIS-, titulado Posibles criterios para un proyecto de real decreto sobre policías provinciales en el País Vasco, acuerda autorizar a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa para que puedan crear cuerpos de policía provincial que se denominarán -respetando la tradición- miqueletes y miñones, respectivamente. Asimismo, se autoriza a la Diputación Foral de Alava para que pueda reestructurar el actual cuerpo de miñones dependiente de la misma.Dichos cuerpos -según el mismo proyecto- tendrían carácter civil y dependerían de las diputaciones forales. Entre las funciones que se les asignaría destacan la custodia y protección de edificios e instalaciones, bienes y derechos provinciales, intervención en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública, ordenamiento y vigilancia de tráfico y transporte y auxilio a las autoridades judiciales. Los tres cuerpos tendrán también a su cargo -señala el texto- «la vigilancia, prevención y mantenimiento del normal desarrollo del orden cívico y de la convivencia ciudadana, actuando en todas aquellas situaciones en que resulte necesario o conveniente y colaborando con los cuerpos de seguridad del resto del Estado en la forma y supuestos establecidos en las leyes ... ».

El Gobierno prevé que los cuerpos de policía provinciales vascos no llevarán armas y tendrán consideración de «agentes de la autoridad » cuando estén en acto de servicio. El documento fija el número de miembros de los cuerpos en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en 180, 510 y 880 respectivamente. El mando inmediato de los mismos corresponderá a un jefe -que dependerá directamente del presidente de la Diputación Foral-, cuya plaza se proveerá, por concurso, entre miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia-Civil y Policía Nacional, con grado mínimo de comandante.

Proyecto de Txiki Benegas

El proyecto presentado por Txiki Benegas al CGV, hoy en discusión interna, es más amplio y detallado que el gubernamental y difiere sustancialmente de aquél en varios aspectos importantes. La primera novedad hay que encontrarla en la propia definición de las policías a las que se califica de «autónomas». Se acepta la dependencia de las respectivas diputaciones, pero aclarando que la coordinación de los cuerpos de policía corresponderá al Consejo General Vasco, «sin perjuicio de las facultades que sobre los mismos tengan las respectivas diputaciones.»El aspecto que marca de un modo claro las distintas concepciones que Gobierno y CGV tienen con respecto al papel de las policías autónomas es el referido a las funciones que el organismo preautonómico les asigna a aquéllas. Entre otros servicios se prevé que los cuerpos de policía autónoma vigilen y mantengan el orden público y sean garantía del cumplimiento de las disposiciones emanadas del Consejo General Vasco y las diputaciones forales respectivas. Puede decirse que en la mayor parte de las funciones se somete la actuación de las citadas policías a las normas y disposiciones de las diputaciones y el organismo autónomo. Esta coordinación de las actuaciones policiales por parte del Consejo General Vasco es uno de los caballos de batalla en la negociación, pues el Gobierno es partidario de someter las policías provinciales al único control de las diputaciones.

El capítulo más revelador del valor que el CGV quiere dar a las policías autónomas, es el referido a la delimitación de funciones con respecto a las fuerzas de seguridad del Estado. En el mismo se prevé que las funciones específicamente atribuidas por las presentes bases a los cuerpos autónomos de policía del País Vasco, serán ejercidas, en todo caso, en primera instancia por los mismos. Las fuerzas de seguridad del Estado -dice el texto- podrán intervenir en las funciones específicamente atribuidas a los cuerpos autónomos de policía cuando lo solicite el CGV, la Diputación Foral, la Corporación Local afectada o bien el jefe u oficial que ostente el mando de las unidades actuantes de los cuerpos de policía autónomos. En los tres últimos supuestos la decisión habrá de ser comunicada al Consejo General Vasco.

Podrán actuar las fuerzas de seguridad del Estado, una vez producida la intervención de los cuerpos de policía autónoma del País Vasco, cuando el gobernador civil de la provincia respectiva estime que el orden público no ha sido restablecido. En este supuesto la primera autoridad provincial recabará el consentimiento del titular de la Consejería del Interior del CGV. De no concederse el permiso de actuación, el gobernador civil podrá ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. «Pero deberá justificar su decisión ante la Junta de Orden Público, la cual apreciará la justeza de la decisión obrando en consecuencia ».

La Junta de Orden Público -una novedad del proyecto del CGV- establecerá la política de orden público del territorio de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Dicho organismo quedaría integrado por el gobernador civil, el jefe de policía nacional de la guardia de la provincia, el consejero del interior del CGV, el presidente de la Diputación y el jefe del cuerpo de la Policía Autónoma de la provincia.

En el capítulo de financiación -no previsto en el proyecto del Ministerio del Interior- se prevé que hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía las cargas económicas correrán a cargo del Estado. Después será la comunidad autónoma la que financie su propia policía.