Un Gobierno para la democracia
Secretario general del Partido del Trabajo de EspañaEl sí mayoritario otorgado por los españoles a la Constitución en el referéndum constituye, sin duda, la mejor prueba de las aspiraciones inequívocamente democráticas del pueblo español. Limitarse al simple enunciado de que la mayoría de los españoles se han pronunciado favorablemente a la Constitución, con ser cierto, apenas si ayuda a profundizar en las claves que nos permitan avanzar hacia la consolidación del proceso democrático en marcha. Estos mismos resultados constituyen un rico material para la reflexión política.
El amplio grado de abstencionismo revela un notable distanciamiento de los españoles con respecto a la política, un cierto desencanto de la práctica democrática. Una cierta apatía que ha venido forzada por diferentes fenómenos que definen la peculiar dinámica del proceso político español. En este sentido es necesario señalar cómo la política del consenso, cuya obra magna son, sin duda, los pactos de la Moncloa, sin resolver ninguno de los problemas planteados, ha impuesto la marginación del ciudadano medio en las grandes decisiones políticas. No vale, pues, de la sociedad convocados a las urnas, opten por eludir su responsabilidad ciudadana, quizá pensando en tantas otras ocasiones en que los partidos de izquierda debían haber reclamado su participación activa, para resolver problemas claves, más allá del simple depósito del voto y no lo hicieron.
Otro aspecto a resaltar, fácil de detectar a la luz de los resultados electorales, ha sido el avance relativo de la extrema derecha, quien ha encontrado en la escala terrorista su mejor aliado para lanzarse a la demagógica tarea de presentar el pasado dictatorial como un seguro contra la violencia.
Los resultados electorales que se han producido en Euskadi evidencian la profunda raíz de los graves problemas que aquejan al pueblo vasco. La abstención en este caso no es sino la búsqueda de soluciones de paz y progreso para Euskadi, en el marco de la Constitución, pero exigiendo el reconocimiento de sus derechos políticos. Mediante la absténción mayoritaria el pueblo vasco ha manifestado su oposición a la política del Gobierno en Euskadi, así como su desconfianza hacia los partidos políticos que han propugnado el sí y el recelo hacia quienes demandaban el no.
En el inmediato período posconstitucional se plantean diferentes opciones políticas que es necesario analizar en profundidad con el fin de optar por la más adecuada a las necesidades de la mayoría de la población. Desde determinadas posiciones se clama por la inmediata celebración de nuevas elecciones generales, como fórmula válida para acceder a la composición de un nuevo Gobierno con capacidad para gobernar. Sin embargo, la posibilidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales es descartable por diferentes razones. Fundamentalmente porque supondría un retraso en las elecciones municipales, profundizando aún más el distanciamiento de los ciudadanos con respecto al ejercicio directo de la democracia y agudizando el abstencionismo político. Por otra parte, este retraso en la renovación de los ayuntamientos lastraría gravemente, en sentido restrictivo, la aprobación de los estatutos de autonomía -uno de los grandes temas pendientes- que en buena parte depende de que existan o no ayuntamientos democráticos.
Descartada la posibilidad de elecciones generales, salta al primer plano de actualidad el voto de investidura que, con toda seguridad, Suárez recabará de las Cortes. En esta tesitura, la opción de izquierdas más recomendable es la de apoyar el voto afirmativo, con el compromiso previo de un Gobierno de centro-izquierda compuesto por la UCD y el PSOE y que desarrolle un programa concreto de realizaciones democráticas.
Es conveniente precisar, sin embargo, que la cuestión fundamental que se ventila en el tema del voto de investidura, no es tanto el Gobierno que se ha de formar -con toda la importancia que esto tiene- sino el programa a desarrollar de inmediato.
Por otra parte, las necesidades políticas del país marcan con claridad cuales han de ser las líneas maestras de este programa, a negociar con anterioridad al voto de investidura. Necesidades que en lo político se concretan en una actitud firme ante golpistas y terroristas, así como con todos aquellos que hacen apología de ambos. En este sentido, la posibilidad de un golpe de Estado se verá truncada por una efectiva democratización del aparato del Estado, Fuerzas Armadas incluidas.
Junto con esto, la satisfacción de las reivindicaciones, del pueblo vasco -recogidas en los proyectos de Estatuto Vasco y proyecto de democratización de los organismos forales de Navarra, recientemente elaborados como paso previo para la pacificación de Euskadi daría un golpe de muerte a ETA, reduciendo a la nada el apoyo social de que ahora disfruta. La convocatoria inmediata de elecciones municipales es otro punto prioritario del programa. Finalmente, la puesta en marcha de un programa a corto, medio y largo plazo para combatir eficazmente el problema del paro, basado en la intervención del sector público, para la creación de puestos de trabajo.
Un Gobierno con esta composición y con un programa de estas características contaría con el apoyo del PTE. Sin embargo, para que un programa de este tipo fuera posible, es necesario vencer las resistencias de una derecha interesada en imponer un programa radicalmente diferente. De hecho, son cada vez más fuertes las presiones que recibe Suárez de cara a la for mación de un Gobierno que practique una política de derechas, en el sentido más duro de la palabra, a la vez que es más patente su debilidad frente a importantes sectores del aparato estatal.
Las libertades democráticas, genéricamente reconocidas en la Constitución, serían constreñidas a su mínima expresión con el fin de maniatar a los trabajadores. El camino para conseguir este objetivo vendría facilitado por la excusa de combatir el terrorismo y la necesidad de arbitrar una política represiva que, en realidad, iría dirigida contra los derechos democráticos del conjunto del pueblo. De esta forma se garantizaría la disciplina social necesaria para satisfacer las exigencias de la patronal en su versión más dura. Se estaría configurando, además, un modelo de sociedad política fuertemente autoritaria bajo el cascarón de una democracia sólo reconocida formalmente en los preceptos generales amparados por la Constitución.
Ante esta amenaza, la posición responsable de los partidos de izquierda debe cifrarse necesariamente en el abandono de la política de consenso practicada hasta el momento acudiendo, por el contrario, a la participación activa de los ciudadanos. Romper el pacto de silencio que parece haberse impuesto, por ahora, en torno a la amenaza real de este Gobierno «duro», así como sobre el conjunto de las implicaciones de la situación, y recabar el apoyo de los trabajadores y el conjunto de los ciudadanos hacia el programa necesario para consolidar la democracia. Apoyo público que deberá verse respaldado por movilizaciones pacíficas, en una línea de presión democrática favorable a las posiciones reformistas. Dicho de otra forma, sólo una suficiente presión social en la dirección de un Gobierno y un programa democrático como el que más arriba he descrito impedirá que la derecha se salga con la suya.
