Se mantiene la convocatoria de huelga en Radiotelevisión

La asamblea de trabajadores de RTVE, reunida ayer en el estudio dos de Prado del Rey, reafirmó su intención de ir a la huelga a partir del , lunes, con nueve votos en contra y 45 abstenciones sobre un total aproximado de ochocientos trabajadores.

La votación se efectuó después que dos portavoces del comité de huelga informasen de los resultados de la negociación mantenida en la Delegación de Trabajo de Madrid entre los doce miembros del comité y siete altos cargos de los órganos de personal, administrativos y jurídicos de RTVE. Por lo que se refiere al primer objetivo de la huelga (la inmediata aplicación de la ordenanza laboral que entró en vigor el pasado 1 de enero y que los trabajadores entienden incumplida total o parcialmente al menos en veintiséis artículos y varias disposiciones finales o transitorias, y, en particular, el cumplimiento inmediato de la reclasificación y homologación de las categorías profesionales), la asamblea rechazó las propuestas de la dirección. Es decir, abrir un plazo de información, otro para las reclamaciones, revisión de las mismas y resoluciones de la dirección general. Este proceso de reclasificación y homologación, según la empresa, concluiría el próximo 30 de abril, y no el 31 de diciembre de este año, como en un principio había prometido. La empresa, que ofrecería un anticipo lineal en enero, se negó a negociar con los trabajadores a nivel estatal (y sólo aceptó provincia por provincia) en contra del parecer del director general de Trabajo, según expusieron los portavoces del comité de huelga.

Los representantes de la empresa alegaron que la culpa de la situación actual se debe a que el comité de empresa había hecho públicas las tablas de homologación y que se habían producido «numerosas» impugnaciones. Cifra que, a instancias de los trabajadores, no precisaron. Por otra parte, la dirección de Administración y Finanzas manifestó que la repercusión económica de 741 millones de pesetas, elaborada por la dirección de Ordenación Social y Personal, no era un dato fiable y se exigía un estudio más exacto. Los trabajadores entienden que las resoluciones de la dirección general están prácticamente listas, que el Ministerio de Trabajo aprobó la tabla de homologación el pasado 30 de noviembre y que, sin embargo, la empresa ocultó este hecho, del que tuvieron conocimiento los trabajadores el pasado martes en la delegación del Ministerio.

Por otra parte, en la asamblea se manifestó el temor de que este retraso por parte de la dirección era una excusa ante la inminencia de la aprobación del estatuto jurídico, en el que se contempla la división de RTVE en tres empresas -TVE, RNE y Radiocadena Española-, con las consiguientes modificaciones de las actuales plantillas y situaciones laborales. Los trabajadores piden que se aplique de inmediato la reclasificación y que se abra un plazo de cua.tro semanas para las reclamaciones.

En cuanto al segundo objetivo de la huelga -la anulación de las cuatro resoluciones de la dirección general de RTVE que con nombramientos y creación de nuevos cargos modificaron la estructura orgánica de RTVE- los representantes de la empresa se manifestaron intransigentes: este segundo punto no era negociable por entender que era-una atribución legal de la dirección general. Los trabajadores alegan, como en ocasiones anteriores, que el real-decreto 2.750/77 prohibía expresamente dichas modificaciones.

Acciones durante la huelga

La asamblea pasó a estudiar las acciones para los días de la huelga. Se informó de la legalidad y cumplimiento de todos los requisitos para el ejercicio de este derecho. Consideran que es obligatorio advertir a los usuarios, además de las notas en la prensa, en los medios de radio y televisión mediante comunicados, a emitir el sábado y el domingo. Proponen, por último, que durante los días de huelga se mantengan las señales tanto en radio como en TV, con un rótulo o texto que informe de la situación de huelga y anuncie dos boletines diarios de información, que durarían cinco minutos. Extremos a los que la empresa se ha negado a contestar.

Mientras tanto, proseguirán hoy las negociaciones en la Delegación de Trabajo y se celebrarán reuniones por sectores profesionales para hacer efectiva la huelga. La convocatoria cuenta ya con la aprobación de todos los centros de RTVE, a excepción de los centros de RNE en Tenerife, Barcelona y Arganda, y los de RTVE en Valencia y Andalucía.

La dirección califica de "politico" el conflicto

A última hora de ayer el gabinete de prensa de RTVE difundió una nota de la dirección general en la que se acusaba, sin especificar, a algunos miembros del comité de empresa de dar al conflicto un «carácter eminentemente político». La nota añade que «varios miembros del comité de empresa de RTVE de Madrid han retirado sus firmas una vez solicitado el paro» y que «respecto al tema de la reclasificación, origen de la huelga, abrirá inmediatamente un proceso de información para todos los empleados». El comunicado de la dirección concluye con la afirmación de que el reajuste de la hornologación asciende a «unos mil millones de pesetas» y que RTVE ha solicitado al comité de empresa una aclaración sobre el supuesto incumplimiento de los veintiséis artículos de la ordenanza laboral».

Portavoces del comité de huelga informaron a EL PAIS que no es cierto que hayan retirado su firma «varios miembros», sino uno solo, perteneciente al sindicato APLI, y que el origen de la huelga no es la reclasificación, sobre la que no cabe discusión, «sino la negativa de la dirección general a hacer públicas las resoluciones». En cuanto a la cantidad de los mil millones de pesetas como repercusión de las reclasificaciones, los citados portavoces informaron que esa cifra no figura en las actas de la negociación, sino 741 millones de pesetas, según los cálculos de la dirección de ordenación social y personal. Por lo que se refiere al incumplimiento de los artículos de la ordenanza laboral, el comité de huelga afirma que entregaron una lista detallada a los representantes de la empresa en el acto de negociación. En este sentido, la primera de las disposiciones incumplidas ha sido la no publicación del reglamento de régimen interior, al que aluden 34 artículos de la ordenanza y cuatro disposiciones transitorias.

El reglamento tenía que haberse hecho público el pasado mes de abril.