La fuerza electoral del "no" equivale a la del Partido Comunista

Cerca de un millón y medio de españoles (5,3 % del censo total) han votado negativamente la Constitución. Sin tener en cuenta la mayor parte de los votos negativos del País Vasco (cerca de 200.000), que probablemente responden a otros motivos, queda un colectivo de más de 1,2 millones de personas que han dicho no, en coincidencia con la postura propugnada por las fuerzas de extrema derecha y el sector de Alianza Popular representado por los señores Silva y Fernández de la Mora. Esa cifra, en términos absolutos, es similar a la obtenida el 15 de junio de 1977 por el Partido Comunista.

El actual colectivo del no resulta sensiblemente superior, en cifras absolutas, a los resultados electorales logrados por Alianza Popular en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 (menos de un millón de votos), y muy similar al conjunto de los votos del Partido Comunista, incluido el PSUC (1,2 millones de votos). Aunque el censo total sobre el que se opera hoy es mayor que el de 1977, también la abstención ha sido muy superior. Por consiguiente, no es en absoluto aventurado afirmar la importancia política del dato antes citado: la fuerza electoral del no conservador representa hoy algo más que la obtenida por tres sectores parlamentarios el año pasado (PCE, AP,PSP).Puede asegurarse, por tanto, que las fuerzas del no están capacitadas, en estos momentos, para dejar de ser extraparlamentarias, en el supuesto de una convocatoria electoral.

Si analizamos brevemente cómo se obtiene la representación parlamentaria, hay que recordar que para ello es decisivo la fuerza disponible en cada provincia, puesto que la elección se hace en circunscripciones provinciales. Pues bien, si la votación del no en el referéndum del 6 de diciembre tuviera una articulación política única, la extrema derecha no tendría dificultades en unas eventuales elecciones para obtener dos diputados en Madrid (quizá hasta tres) y uno en Barcelona, supuesta una votación total alta.

Si la votación total fuera baja (es decir, si hubiera mucha abstención), el conservadurismo podría lograr también representación parlamentaria en otras provincias, como Santander, Toledo, Guadalajara y quizá Cuenca o Ciudad Real, donde se ha confirmado la existencia de núcleos del no de cierta potencia. Bien entendido que todo esto es posible sólo con un sistema de representación proporcional similar al del 15 de junio, que precisamente coincide con el que consagra la Constitución, en líneas generales.

La conclusión a obtener es evidente: la extrema derecha, en colaboración con las posiciones más conservadoras del arco parlamentario, ha logrado doblar largamente su fuerza electoral a nivel nacional y, desde luego, logra significativos avances en la capital de España, donde se constata la existencia de un cuarto de millón de votos negativos a la Constitución, en su mayor parte emanados de los barrios céntricos. Las fuerzas democráticas harán bien en tomar nota de ello.

Ahora bien, si esto es verdad, también es cierta la relatividad del avance conservador: en el total nacional continúa siendo una minoría inferior al 6% de la población mayor de dieciocho años.

El voto afirmativo

Prácticamente el 60% de los españoles con derecho a voto han aprobado la Constitución. Si las fuerzas políticas mayoritarias permiten que cunda el desconcierto y se extienda la impresión de que esta cifra no es demasiado importante, el futuro pacífico de nuestro país puede verse alterado con no excesiva dificultad; si los españoles no tenemos conciencia clara de que casi dieciséis millones de síes sobre veintiséis millones de electores son una gran parte del pueblo español, será difícil abordar la solución de los problemas políticos.

Ahora bien, esa cifra requiere algún examen, desde el punto se vista de las fuerzas electorales. El colectivo que ha aprobado la Constitución es ligeramente superior a la fuerza electoral conjunta de los sectores políticos parlamentarios que pedían el sí (UCD, socialistas, PCE, Minoría Catalana, parte de AP); pero si valoramos las nuevas incorporaciones al censo -especialmente el millón y medio de jóvenes de dieciocho a veintiún años-, hay que llegar a la conclusión de que se lia perdido un elevado número de personas (alrededor de dos millones) para la causa de las fuerzas democráticas parlamentarias y «consensuales». (Obsérvese que no hemos mencionado el electorado del PNV en el conjunto de los partidos antes citados del 15-J.)

Carecemos de medios para saber si esa pérdida coincide con el colectivo de jóvenes apresuradamente incorporados al censo en vísperas del referéndum, aunque lo más normal es que la pérdida se haya distribuido entre diversos sectores del electorado.

Ello nos conduce directamente al tema de la abstención. Ocho millones y medio de españoles con derecho a voto no han pasado por las urnas, y más de medio millón ha votado en blanco, esto es, sin decidirse por el sí ni por el no. Ambas actitudes ante el referéndum -abstención y voto en blanco- pueden ser acumulables desde el punto de vista de las razones de fondo para no aprobar ni rechazar la Constitución, aunque con una diferencia esencial: el abstencionista demuestra su despreocupación por el sistema político, mientras el votante en blanco muestra su deseo de participar en el sistema y su indecisión ante las opciones posibles, o su crítica a ese sistema en el que desea participar. Estos 635.000 españoles del voto en blanco -cifra notablemente superior a otras consultas- son el único colectivo que ha actuado por impulsos personales, ya que ningún partido recomendaba el voto en blanco.

En fin, sobre las razones de la abstención podrían hacerse centenares de especulaciones, aunque sólo una encuesta de actitu des políticas (que es de suponer encarguen el Gobierno o algún partido político) demostraría los motivos de la misma.

Baste decir que las ideas más extendidas son las siguientes: crítica al sistema político establecido por el consenso, que elimina deljuego y de la participación real a un gran número de personas; incidencia de la situación de inseguridad en algunas zonas; incidencia del gran número de paro obrero existente, puesto que es difícil convencer a un parado de que la Constitución sirve para darle trabajo; además de la lluvia, la abstención técnica y otras similares, y todo ello al margen del específico problema vasco.

Pero esto no pasa de ser un conjunto de especulaciones, cuya aproximación o desemejanza con la realidad no estamos en condiciones de medir.