El control de la inflación, objetivo básico para reducir los costes financieros

Uno de los más graves problemas con que se enfrentan en estos momentos las empresas españolas es la ausencia de un mercado de capitales que posibilite una financiación a medio y largo plazo, más allá del cada vez más restringido uso del papel comercial. Incluso esa financiación mediante letras a noventa días está seriamente recortada. Esta insuficiencia en el ámbito del dinero afecta sobre todo a las empresas de dimensión más reducida, en tanto en cuanto carecen de otras posibilidades alternativas, como puedan ser la apelación a los mercados internacionales, al de capitales o al crédito oficial, en la mayor parte de los casos. En momentos de restricción monetaria como los presentes, con unas tasas de inflación que duplican las de la OCDE, son en primer lugar los pequeños núcleos productivos los que padecen las consecuencias de la crítica coyuntura.

El proceso inflacionario, especialmente agudizado desde 1974, ha provocado un encarecimiento de la financiación de las empresas. La política monetaria restrictiva se revela como la única técnica que, junto al control de rentas, puede remediar el problema de la inflación, satisfactorio a corto plazo para empresarios y consumidores por el espejismo que crea, pero perjudicial a medio y largo plazo para el aumento de la capacidad adquisitiva real, la rentabilidad de las inversiones y las posibilidades de beneficios.Este proceso de inflación y los efectos de la liberalización progresiva de tipos de interés, paralela a una política monetaria restrictiva, ha provocado un encarecimiento de los costes de financiación, especialmente de los de descuento de papel comercial, auténtico pulmón financiero de la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas, que son mayoría en número y en capacidad de generación de empleo. En muchas ocasiones se ha dicho que las empresas españolas están financiadas a noventa días. La afirmación, real en numerosos casos, se ha constituido en los últimos años en auténtico factor de agonía para las empresas.

En algunos medios se achaca a la libertad de tipos de interés la causa del encarecimiento de la financiación. Olvidan estos medios que antes de la liberalización parcial (libre juego del mercado), los precios reales -no confundir con los nominales- de la financiación eran ya muy elevados y, en algunos casos, discriminatorios entre unas entidades y otras. Buen número de empresarios saben bien lo diferente que es ser cliente de uno u otro banco y cuál es el caro y el barato, o quizá, mejor, menos caro.

Lo que realmente subyace en el fondo del encarecimiento de la financiación es la crisis general de la economía española. Por un lado, el proceso de inflación ha. perjudicado y ahogado el ahorro, lo que ha hecho disminuir los depósitos bancarios y ha incrementado la competencia en la captación de los mismos. A la etapa de los extratipos 1973-1977 ha sucedido la de la elevación legal de los tipos de interés en operaciones teóricamente a plazo, aunque realmente pactadas a la vista. Lo que antes costaba al banco entre un cuatro y un 7%, ahora ha pasado hasta a un 17% y generalmente a un once o 12%. Paralelamente se ha producido un aumento de los costes de estructúra-salarios, expansión de los bancos y de los riesgos de sus inversiones. El diferencial entre lo que paga y cobra el banco ha seguido siendo la fuente básica de obtención de beneficios, y por ello, al tiempo que han aumentado los tipos pasivos, lo han hecho en paralelo los activos. En términos muy globales puede estimarse que en los últimos cuatro años se ha producido un encarecimiento del orden de tres a cinco puntos en la operaciones de crédito o de descuento de papel. Además de este encarecimiento se ha producido un encareciducción de los plazos de financiación. Los bancos tratan de rotar sus inversiones y de renovar pólizas o descuento con la mayor rapidez, y las empresas ven multiplicar sus inquietudes por laobtención de los recursos que eviten su fiasco.

En el fondo de todo este proceso está el proceso de inflación. Mientras la tasa de incremento de precios no se reduzca, las posibilidades & una financiación razonable en coste serán nulas. Paralelamente, el Gobierno tiene la responsabilidad de arbitrar los mecanismos para que aparezcan mercados financieros a medio y largo plazo no sólo para las grandes empresas, sino también para las de tamaño medio.

Las demandas de una política preferente e indiscriminada a favor de empresas pequeñas o medianas, o de empresas de sectores específicos, carecen de sentido y son irreconciliables con la defensa de la libre empresa y de la economía de mercado.

El control de la inflación constituye, realmente, la tarea básica para limitar los costes financieros. Este objetivo pasa por una política monetaria rigurosa y, fundamentalmente, por un planteamiento serio de política de rentas. Ambos instrumentos son coincidentes, ya que en ocasiones precedentes una política monetaria permisiva ha permitido satisfacer a las empresas las demandas salariales que luego se repercutían automáticamente en precios. El círculo vicioso que genera este proceso acaba conduciendo a una inflación galopante y a la bancarrota del sector exterior por pérdida de competitividad con los demás países. Cualquier otro análisis que argumente situaciones de intereses contrapuestos entre las PME, la banca y el resto de la industria no es nada más que distorsionar la realidad.

Frente a las voces que apelan permanentemente a una serie de medidas específicas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas, acaso convenga estructurar un modelo que posibilite un mayor desarrollo de la competencia, desde los primeros escalones de la financiación hasta las últimas etapas de la comercialización. Así, quedaría facultada la supervivencia de las auténticas empresas -cualquiera que sea su dimensión-, aun con el costo de condenar a la desaparición aquellas cuya actividad sea marginal o simplemente improductiva. A nadie se oculta que muchas pequeñas y medianas empresas fueron constituidas en su día a partir de determinadas prebendas administrativas, entre las que destacan licencias de importacióri casi monopolístícas, sin otro fundamento industrial o comercial. Otras fueron creadas con el exclusivo propósito de constituir un patrimonio personal y asegurarse unos ingresos más allá del salario profesional. Parece aconsejable que en cualquier proyecto de futuro, la Administración y las fuerzas sociales se esfuercen en definir un marco de actuación que determine la supervivencia de las empresas en función directa de su operatividad.