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Los recortes al Plan Especial son excusas municipales erróneas

Juan López Jaén y Enrique BaIbín, responsables directos de la redacción del Plan Especial de Conservación y Protección de Conjuntos de Interés Histórico-Artísticos de Madrid -que no de su posterior degradación y aprobación inicial- defendieron en un coloquio celebrado ayer su concepción de lo que debe ser la protección de una ciudad de cara a los derechos de los que la habitan y criticaron la actitud municipal de rebajar el contenido del plan, excusándose en unas supuestas contradicciones con el Código Civil que, según afirmaron, no son ciertas en absoluto.El coloquio se llevó a cabo en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos. El señor López Jaén prefirió grabar en casette todo lo que allí se dijera para no dar pie a tergiversaciones, ya «que mi situación como funcionario municipal está muy en el aire». Comenzó su explicación diciendo que, aunque el plazo para confeccionar el precatálogo era de un año, el equipo de De Arespacochaga impuso un parón de varios meses. El actual alcalde, señor Álvarez, prosiguió, volvió a lanzar los trabajos, aunque presentando ciertas dificultades, tanto técnicas como conceptuales.

«El trabajo realizado y presentado a la aprobación de la Comisión de Urbanismo del 24 de octubre -dijo- era algo coherente, dirigido a evitar al máximo el tremendo detenoro del patrimonio urbanístico de la ciudad, que a partir de 1974, alcanza unas cotas de destrucción increíbles, manteniendo-una curva ascendente hasta 1976.»

«Pienso -terminó su exposición- que las presiones para degradar el contenido del plan no vinieron directamente de los concejales, de los que ya está comprobado que aprueban cualquier cosa que diga el alcalde.»

Habló a continuación el señor BaIbín, quien aludió al secretismo que el Ayuntamiento impuso a los trabajos del plan y la negativa a permitir la participación ciudadana. «En un principio el equipo nuestro puso como condición que se creara una comisión de control y seguimiento formada por parlamentarios, asociaciones y otros, que luego el Ayuntamiento no quiso poner en práctica. Aun hoy nosotros mismos no conocemos lo que se aprobó por fin.»

«Otro aspecto que se ha abortado desde el Ayuntamiento es el carácter que quisimos dar al plan de ser un marco de los derechos del ciudadano, derechos adquiridos por ser habitante de una ciudad o un barrio ya consolidado, y que, en contrapartida, debería limitar el derecho del propietario a derribar un edificio, aunque sea suyo, que aún tiene utilidad. Es decir, que el implicado en los procesos de cambios urbanísticos no sea el propietario, sino el usuario. En este sentido, las excusas del alcalde de que el plan contradecía las leyes vigentes, entre ellas algunos artículos del Código Civil son.... digamos, erróneas. El Código Civil y la ley del Suelo, por ejemplo, contemplan también la posibilidad de suprimir o implantar servidumbres».

«Lo que sí planteamos, pero fuera del plan concreto, como mociones, es que, para mejorarlo al máximo, se modificarar, aspectos de la ley de Arrendamientos Urbanos, que ahora son armas a favor de las empresas inmobiliarias» .

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