España tiene un excelente argumento en América Latina para su integración comunitaria

«La buena posición de España respecto a un conjunto de países que agrupan más de doscientos millones de habitantes (América Latina) es un excelente argumento de negociación (para España) con los nueve en Bruselas», anotaba ayer el editorial de primera página del independiente Le Monde. La ampliación del Mercado Común, como la futura asamblea parlamentaria de la Comunidad y el aumento de competencias que esta última pueda arrogarse al ser elegida por sufragio universal directo, caldean la vida política gala en vísperas de la cumbre de Bruselas que, debiera adoptar el sistema monetario.En una amplia consideración sobre «el gran proyecto latinoamericano de España», ilustrado por el viaje en curso del rey Juan Carlos, el editorial de Le Monde evoca intenciones de los dirigentes españoles relativas a la posibilidad de crear «no sólo un amplio mercado común hispánico, sino también una comunidad de naciones íberoamericanas». Esta política, estima el diario referido, sería una baza preciosa en manos de España para negociar con la CEE.

El antiguo ministro señor Poniatowski, actualmente embajador personal del presidente de la República, viajó a Portugal la semana pasada y se expresó de manera parecida, aunque en términos más diplomáticos, ante el presidente lusitano, Ramalho Eanes, incluyendo también a Portugal como «puente» entre la Comunidad y América Latina.

La ampliación de la CEE le sirvió, otra vez, anteanoche, en Melun, al secretario general del Partido Comunista francés (PCF), Georges Marchais, para fulminar a sus partidarios: en un mitin ante 6.000 personas dijo que su partido se opone vigorosamente a la entrada de los tres nuevos candidatos (España, Grecia y Portugal) por que «la ampliación servirá para reemplazar la regla de la unanimidad actual por la de la mayoría». Si así fuese, es decir, si las decisiones de los nueve se tomaran por mayoría simple de votos, los comunistas, como los gaullistas, sospechan que los poderes de la Asamblea Europea, que se elegirá en junio de 1979, podrían ser ampliados.

Y a partir de este momento, se iniciaría un proceso de transferencia de los poderes nacionales hacia la asamblea comunitaria, sería el camino de la supranacionalidad y, en consecuencia, «el final de la independencia y soberanía nacionales», caballo de batalla de los antieuropeos gaullistas y del PCF.

El señor Marchais, en el mismo discurso, reconoció que la actitud de su partido difiere, en materia de construcción europea, respecto a la de los comunistas italianos y españoles, «pero estamos dispuestos a hacer de la elección un momento importante de la lucha por la democracia y el progreso».

El contencioso creado en torno al futuro Parlamento, a ocho meses vista de los comicios, parece claro que pasa por momentos cada día más complejos. Cada palabra de un dirigente, francés o extranjero, excita a partidarios o enemigos de una Europa aún indefinida, pero que indudablemente, para empezar, cuestionará la noción tradicional de la nación.

Anteayer, un fiel del presidente, Jean Pierre Fourcade, antiguo mínistro de Economía, en el mismo momento en que el Gobierno consideraba inoportunas las declaraciones del canciller Schmidt, en las que estimaba que el nuevo Parlamento tendría más poderes, se declaró partidario de «nuevas competencias para la asamblea» y, para ello, preconizó que «se realicen negociaciones sobre los artículos del tratado de Roma que abordan la cuestión de estos poderes».