Cuatro "grapos", juzgados por la muerte de un inspector de policía

Los cuatro presuntos miembros de los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) acusados de participar en la muerte del inspector del Cuerpo General de Policía Antonio López Salcedo, en Barcelona, el 11 de febrero de 1977 fueron juzgados ayer en medio de fuertes medidas de seguridad ante la Audiencia Nacional. El fiscal solicita en total para los encartados 46 años de prisión.

La sala de audiencia, en la que fueron juzgados los procesados, estaba fuertemente vigilada por la fuerza pública en evitación de posibles incidentes, mientras que algunos efectivos de las fuerzas antidisturbios habían tomado posiciones en los alrededores del Palacio de Justicia. Una parte del público que llenaba la reducida sala de audiencia, la mayor parte familiares de los procesados, llevaba pegatinas en su ropa en favor de los grapos que eran juzgados.Iniciado el juicio (primero en el que comparecen presuntos grapos acusados de la muerte de un agente del orden público) a primeras horas de la mañana, finalizó, tras un descanso de media hora, pasadas las tres y media de la tarde. Los procesados: Joaquín Vieite, Fernando Silva, Ricardo Sanz e Isabel Santamaría, son acusados por el ministerio fiscal, el primero, de un delito de asesinato, dos de lesiones y uno de terrorismo; el segundo, de un delito de lesiones y de otro de terrorismo-, y los dos últimos, de sendos delitos de terrorismo.

Para el primero de los procesados el fiscal ha solicitado un total de veintiocho añosy tres meses, después de haber modificado su primera petición provisional de un total de 34 años y medio de privación de libertad, aparte del pago de una indemnización de dos millones de pesetas en favor de los herederos de la víctima. Para Silva ha solicitado un total de seis años y tres meses, y para cada uno de los dos restantes, seis años.

Los abogados de los procesados, letrados Juan Manuel González Berzosa, Ignacio Doñate, Augusto Gil y Ana María Pivernat, solicitaron la absolución de Isabel Santamaría y en el caso de los tres restantes procesados pidieron alternativamente, si no eran absueltos, que fueran condenados por tenencia ilícita de armas, aunque dicho delito debía ser comprendido en la ley de Amnistía de octubre de 1977.

El procesado Vieites es acusado por el fiscal de ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida del inspector señor López Salcedo, cuando éste intentó detener a uno de los procesados mientras éstos repartían, en una estación del Metro de Barcelona, propaganda de los GRAPO y un comunicado relativo a los secuestros de los señores Oriol y Villaescusa. Aunque reconocieron su estancia en el lugar de los hechos, los cuatro procesados negaron haber participado en la muerte del policía, la cual, según ellos, fue obra de un quinto miembro del comando, apodado con el nombre de guerra de Juan, del que dijeron desconocer su identidad y que huyó.

Los procesados manifestaron que su confesión ante la policía de haber participado en la muerte del inspector fue formulada por coacción, tras sufrir torturas.