Los nuevos juzgados, congestionados a los dos meses de su inauguración

Mientras una señora apesadumbrada declara ante un funcionario judicial las circunstancias en que su hijo fue objeto de abusos deshonestos, a menos de medio metro, en la misma sala, otro particular cuenta algo sobre un pleito de tráfico. La Administración de Justicia se ejerce aún a costa de la incomodidad de ciudadanos y funcionarios, a pesar de la inauguración, hace menos de dos meses, del moderno edificio de la plaza de Castilla, donde se ubican todos los juzgados de primera instrucción.

La nueva sede de los juzgados es un edificio de moderna arquitectura que ocupa un amplio solar esquina entre la avenida del Generalísimo y Bravo Murillo. Consta de dos pabellones alargados, paralelos a cada calle, de ocho plantas cada uno. En el ala de la avenida del Generalísimo se ubican los diecinueve juzgados de instrucción civil, dos de los de instrucción penal y varios departamentos (biblioteca, despacho del fiscal, un juzgado especial y el decanato). En el ala paralela a Bravo Murillo están los veinte restantes juzgados de instrucción penal, el registro penal, el juzgado de guardia y la parte destinada a la nueva policía judicial, de reciente creación.En cada planta se ubican cuatro juzgados, con sus correspondientes secretarías, agentes judiciales Y salas de audiencia. El extrañó reparto del espacio se observa al momento de entrar en cualquier planta. El hueco ocupado por la escalera central y los rellanos de cada planta son muy amplios, mientras que las dos alas que se extienden a los lados son profundas y estrechas, sobre todo el pasillo donde esperan los particulares. Estos utilizan el rellano estrictamente como lugar de paso, y abarrotan los pasillos, colocados cerca de las puertas del juzgado que les corresponda, atentos a las llamadas que les afecten. No existen salas de espera, y apenas cuatro o seis bancos de madera, con respaldo recto, les ofrecen una posibilidad de descanso.

Las dependencias se dividen en dos clases: los despachos de los jueces, que son amplios y con sillones cómodos, y las oficinas de secretaría, apenas un poco más grandes que los anteriores, donde trabajan ocho o nueve funcionarios y en los que los particulares tienen que tramitar sus diligencias de pie, ante la falta de sillas para sentarse. Aunque las hubiera no servirían de nada, ya que, dado el exiguo espacio que queda entre cada mesa, no podrían instalarse. En cualquier forma, aparte de la incomodidad física, es mucho peor la consiguiente falta de discreción que se origina. Un funcionario nos contaba la vergüenza de una señora que acudió a denunciar un acto de abuso sexual en la persona de un hijo suyo, de unos diez años de edad, y que tuvo que declarar delante de los que esperaban turno y al lado de los que gestionaban otros pleitos en las mesas cercanas. Esta falta de intimidad provoca un retraimiento en los detalles más escabrosos de los hechos.

En cada secretaría existe un pequeño despacho destinado, inicialmente, a estos asuntos, pero, generalmente, está ocupado por otro funcionario para procurarse un mínimo desahogo. Aunque los empleados estiman que la situación ha mejorado respecto a las antiguas dependencias de General Castaños, la opinión unánime es que a los dos meses de su inauguración los papeles se están amontonando en los rincones más insospechados, se ven obligados a trabajar codo con codo, y se han descuidado detalles tan mínimos como habilitar salas para los objetos recuperados de robos (que ahora se depositan en las sillas, en el suelo o encima de los archivadores).

Simultáneamente, las cuatro salas de audiencia de cada planta, bastante espaciosas, están vacías la mayor parte de la semana. En los juzgados de instrucción penal suelen utilizarse un día o dos por semana, y en los de instrucción civil, en muy pocas ocasiones.

El juzgado de guardia no ha podido entrar en funcionamiento porque las puertas son de dimensiones reducidas y no permiten el paso de los furgones. Asimismo, la oficina de los funcionarios de guardia es estrecha e irregular, mientras que se han dispuesto cuatro despachos individuales, mucho más cómodos, para albergar al juez, el secretario, el médico forense y el fiscal.

Lo dificultoso, de entrada, es el mismo acceso a los juzgados. Situados en una zona que soporta un tráfico intenso, es frecuente ver largas hileras de coches aparcados en doble fila. Un vehículo de la grúa está allí en permanente vigilancia. Si no se consigue aparcar cerca, lo que sólo logran los doscientos primeros, hay que bajar por la avenida del Generalísimo hasta Rosario Pino, la primera calle que no es prohibido el giro, y dar un rodeo muy amplio para salir de nuevo a Bravo Murillo, donde tampoco es nada fácil encontrar sitio.

Los juzgados disponen de un aparcamiento muy amplio de tres plantas subterráneas, de las que sólo funciona una. Aunque, teóricamente, sólo están a disposición de funcionarios, jueces o abogados, de hecho los particulares recurren a meter su coche allí. Esto plantea, por otra parte, un problema de seguridad común a todo el edificio, donde por la tarde es muy fácil introducirse en cualquier despacho. Problema que puede agravarse si se confirman las noticias de que la administración del aparcamiento podría arrendarse a una empresa privada. Esta, de la que no conocemos el nombre, ofrecería las plazas incluso a los vecinos de los edificios cercanos, y, en un principio, se habló de que hasta los funcionarios tendrían que pagar por utilizarlo.

La repulsa ante la idea, incluidos los jueces, fue unánime, y parece que la propuesta se centra ahora en reservar de ocho a tres el aparcamiento y que, a partir de esa hora, sea público y previo pago.

La falta de personal y los dilatados plazos de tramitación motivan que algunos particulares impacientes intenten recurrir al regalo, a veces en metálico. Fenómeno que ha sido confirmado por un funcionario, aunque ha negado rotundamente que lleguen a aceptarse.