El Congreso, unánime sobre la lamentable situación de las cárceles

El Pleno del Congreso aprobó ayer, con la única abstención del diputado de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendía, el informe sobre las prisiones elaborado por una comisión especial de la Cámara. La sesión fue secreta hasta la aprobación del informe,, conforme al Reglamento del Congreso, y pública durante las explicaciones de voto. No obstante, el informe, que describe una lamentable situación de las cárceles y propone profundas reformas, era conocido con anterioridad por la opinión pública.

La sesión comenzó a las doce y media del mediodía con la lectura del informe, y continuó con las votaciones. El resultado de la encuestaciones. El resultado de la encuesta, que será publicado próximamente en el Boletín de las Cortes, consta de diecinueve folios, fruto de varios meses de trabajo de varios diputados. Su contenido detalla la situación de los reclusos en todos los aspectos de la vida penitenciaria, tales como condiciones de los centros, alimentación, enseñanza, sexualidad, drogas, régimen disciplinario, inspecciones, funcionarios y otros.Señala el informe que el 95% de la excesivamente densa población reclusa procede de las clases más bajas, especialmente inmigrantes en zonas industriales, con un índice cultural muy bajo. En el interior de los centros no existe más separación que entre políticos y comunes y entre éstos se tiende a separar a los que plantean mayores problemas, tales como fuguistas u homosexuales manifiestos.

Sobre la sexualidad, informa la comisión que en ninguna prisión se ha puesto en práctica la visita conyugal, aduciéndose como motivo fundamental la falta de instalaciones. Estos y la falta de control provocan importantes problemas tales como la explotación de los presos más débiles y la prostitución explotada.

También es insuficiente la sanidad e higiene -en casi todos los centros hay parásitos y roedores-, alimentación, instalaciones deportivas y de ocio, talleres y otros aspectos materiales.

Tres grupos de reclusos

Agrega el informe que en el interior de las misiones existen tres interior de las prisiones existen tres grupos diferenciados: la Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), que reivindica un indulto amplio y mejoras en los centros; la anti-Copel, formada por antiguos chivatos y simpatizantes de la extrema derecha, y la mafia dedicada a negocios sucios, prostitución de menores, drogas, etcétera.

No se cumple debidamente el reglamento disciplinario y hay pocos furícionarios respecto al número de reclusos. Algunos funcionarios tienen un espíritu progresista, pero otros muchos responden aún a concepciones atrasadas del régimen carcelario. De todas formas, en conjunto apoyan la reforma penitenciaria actualmente en marcha.

En las conclusiones, el informe propone una profunda reforma del mundo penitenciario, sobre la base de dos principios. Primero, sustituir la orientación represiva por atra centrada en la rehabilitación y recuperación social del preso y, segundo, basar este cambio en una profunda transformación de las estructuras.

Como medidas concretas, el informe propone entre otras un aumento sustancial del presupuesto penitenciario; crear establecimientos especializados para menores de edad, deficientes mentales y drogadictos, -y de alta seguridad para delincuentes marcadamente peligrosos; extender a todos los reclusos el trabajo, bajo inclusión obligatoria en la Seguridad Social, y dar mayores facilidades para las visitas de amigos y familiares.

En cuanto a la vida poscarcelaria, se propone la eliminación de los antecedentes penales, can celándolos en el más breve plazo de tiempo posible, y hacer campañas de concienciación pública para evitar la marginación de quiene han cumplido condena.

Fraga: poca atención a los incidentes

En el turno de explicación de voto, ya en sesión pública, tanto los portavoces como el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, mostraron su acuerdo general con el informe. Por Alianza Popular, Manuel Fraga lamentó que no sé hubiese prestado mayor atención a los «gravísimos incidentes ocurridos en las cárceles» y señaló a, este respecto que las inspecciones de jueces y fiscales se han suspendido por falta de seguridad.

Dijo también que no había ha bido suficiente descripción de la Copel y demasiado detallada de la anti Copel, y calificó de gravisimo que se reduzca casi a la nada el régimen de antecedentes penales «porque la sociedad tiene derecho a él».

Por UCD, José María Gil-Albert afirmó que la sociedad desconocía lo que pasaba en las cárceles, porque se ocultaba la realidad y señaló como punto de mira el paso de na visión penitenciaria y paternal a otra solidaria y regeneradora, sn caer en las solucione fáciles, como reprimir con dureza o vaciarlas cárcéles con indultos.

Julio García, del Grupo Socia lista, coincidió en el desconoci miento social del mundo carcelario, y resaltó que en él se transfor man en ciudadanos de tercera clase los de segunda: aquellos con menos posibilidades educativas, porque la falta de formación es una de las primeras causas de la delincuencia. También señaló la necesi dad de que las cárceles sean centros de recuperación, para lo que hace falta una gran dedicación deniedios, y terminó mostrando su apoyo a la nueva ley Penitenciaria, salvo en la disposición que faculta la presencia de las fuerzas de orden público en las cárceles.

El socialista catalán Rodolfo Guerra negó que los conflictos en las cárceles comenzaran con la democracia, y consideró un error no haber dado un indulto al tiempo de la amnistía política. Señaló como causa de los conflictos la errónea orientación del régimen carcelario, que mientras «la mayoría de los presos eran recuperables, el régimen norecuperaba a nadie, sino al contrario». El señor Fraga respondió que, en realidad, nunca se ha hecho una verdadera inspección de, las prisiones.

Francisco Letamendía explicó su abstención solitaria, aunque estaba totalmente de acuerdo con el informe, porque no se ha cesado a los antiguos directores de las prisiones «con un pasado fascista y torturador». Comenzó después a leer una carta de presos de Carabanchel donde se acusaba a los inspectores de prisiones de cercar al director general, Carlos García Valdés, y a otros funcionarios de mover los hilos y organizar las mafias. En este punto,el presidente del Congreso interrumpió por considerar que no estaba realmente explicando su voto, aunque el senor Letamendía consideraba que si.

El Gobierno reconoce los males

En nombre del Gobierno, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, reconoció Las carencias que se habían señalado, y dijo que todo ello se unió a un movimiento conflictivo, iniciado en 1972, y que en la transición democrática sólo culminó, en sintonía, con fenómenos semejantes en otros países, aunque hoy los conflictos parecen ir a menos.

Ante esta situación, sostuvo que no se debían oír tanto las llamadas a la implantación del orden a todo trance como la solución fácil de concederlo todo, sino buscar la solución de los problemas profundos, para,lo que se necesitaba tiempo. Esta solución debería concretarse en la reforma, no a base de grandes principios, sino de hacer cosas prácticas.

Dijo también que hoy los reclusos están de acuerdo en que la única salida es la reforma de las leyes penitenciarias y penales, y anunció algunas de las medidas a tomar, como la construcción de nuevas instalaciones, entre ellas prisiones de alta seguridad para aislar a los reclusos más peligrosos.