Madrid: 35.000 hectáreas de suelo vacante

Arquitectos miembros del equipo LUR

Con la derogación reciente del Plan de Viviendas Sociales, las nuevas medidas de protección oficial se caracterizan por una ayuda a las personas del 70% del precio de la vivienda que se encuentre en el mercado, a cargo de bancos y cajas de ahorro. El Ministerio desaparece por arte de magia, centrando su actuación en una muestra mínima de promoción directa: unas 30.000 viviendas en tres años es el proyecto que cuenta con base presupuestaria por ahora. Promoción directa que no quiere decir barata, según el módulo de 17.746 pesetas/m.2 aprobado el 18 de julio, al incluirse en el mismo beneficio industrial más el del promotor.

La relación existente entre precios de vivienda social-salarios ha tendido a descompensarse desde la firma del pacto de la Moncloa. Según datos del INE de agosto, la mitad de los asalariados gana entre 15.000 y 30.000 pesetas y sólo un 2%, gana más de 60.000 mensuales. Una vivienda social de 86 m.2 vale hoy en Madrid 2,4 millones, siendo asequible sólo para ese 2% de asalariados con unas mensualidades del orden del 30% del salario.

Con respecto a población afectada por los derribos, las medidas ministeriales tienden a seguir marginándola socialmente. Los propios responsables del departamento Vivienda declaran la imposibilidad de acabar con el chabolismo a corto plazo. Para las viviendas oficiales provisionales o en estado de ruina no hay ningún plan de reciclaje de la población ocupante, ni previstas medidas compensatorias del esfuerzo realizado por estas familias. La reciente preocupación de la Administración por los cascos antiguos se debe al escándalo que suponen los derribos frecuentes de un patrimonio social o artístico importante.

La existencia de suelo urbano

Para cumplir su finalidad social, el suelo urbano sólo puede ser Patrimonio público. Dentro del suelo urbano con posibilidades edificatorias podemos distinguir: solares privados retenidos, terrenos de núcleos infraurbanizados y suelo público.

Los solares libres se retienen por sus propietarios con fines especulativos mientras cuenten con previsibles aumentos de precios. Las contribuciones que se pagan son bajas, pues no tienen en cuenta las expectativas edificatorias de los mismos, la retención no constituye un fraude fiscal y la Administración no ejerce ningún control sobre las calificaciones urbanísticas otorgadas a cada solar. Todo esto da lugar a la creación de una escasez artificial de un bien. indispensable para las necesidades ciudadanas. Según el reciente inventario de suelo del MOPU, la provincia con mayor superficie de suelo vacante es Madrid, con un total de 35.491 hectáreas, que suponen un 60% del suelo que cuenta con planes parciales aprobados. En términos de población, el suelo ordenado vacío permitiría un aumento de un 40% de los habitantes actuales de Madrid capital, o acomodo mejor a los existentes.

En los terrenos infraurbanizados ocupados por núcleos de baja densidad los procesos de renovación tienden al cambio de uso o la intensificación en el uso residencial. La apropiación de todos los valores creados por el capital combina la remodelación de estas áreas junto con la edificación de solares libres retenidos o de terrenos públicos. La posibilidad de construir un mayor número de viviendas aumentando la densidad de estas áreas da lugar a operaciones de remodelación en las que inmobiliarias y grandes propietarios comercializan este aumento de las viviendas existentes y sustituyen éstas por otras dirigidas a clases sociales de mayor renta. La Administración hace de correa de transmisión en el trasvase de plusvalías.

Los solares públicos son el tercer ejemplo de la existencia de suelo urbano, que tampoco va acompañada en este caso con la disponibilidad para atender a los déficit sociales. Distan mucho de ser el Patrimonio Municipal previsto en la ley del Suelo, al no haber dedicado el Estado y los ayuntamientos recursos para la dotación de infraestructura residencial, situación que viene agravada por las prácticas especulativas de los ayuntamientos.

La promoción directa por el Estado ha sido determinada por razones coyunturales, siendo, cada ano que pasa. mas restringidos los presupuestos dedicados a la misma. La reducción de los presupuestos. dedicados a vivienda se debe. por un lado, al trasvase de fondos de los presupuestos generales del Estado a otros sectores, como los industriales en manos del capital multinacional (electrónico, químico, centrales nucleares) y, por otro al refuerzo del aparato de seguridad del Estado o bien hacia la enseñanza. Así, el presupuesto para este año en vez de aumentar, ha bajado de 117 a 113 millones, encargándose la curva inflacionaria de recortarlo aún más. Pues resultan irrisorios los 50.000 millones para los próximos tres años aprobados antes del verano en un sector que representa el 60% de la formación bruta de capital fijo, cuando, además, el déficit de vivienda oscila alrededor del millón.

Dentro del sector vivienda, la aplicación de los mermados recursos económicos del Estado está dirigida principalmente a las clases medias. A las desgravaciones fiscales se añaden los créditos y ayudas. tanto a las viviendas de protección oficial del grupo I, como a las de renta libre, de 125 m.2 (decreto de 5-8-77), de lujo o semilujo en ambos casos. Otra parte importante se ha dedicado a la financiación o recompra de las viviendas sociales del Plan Lozano, cuyo acceso es sólo posible para cuadros técnicos.