La Guardia Civil denuncia supuestas estafas a Renfe en Asturias

El Grupo de Investigación y Vigilancia de Ferrocarriles, compuesto por miembros de la Guardia Civil, y conocido entre los ferroviarios como brigadilla, ha presentado en el juzgado de León una denuncia por supuestas estafas cometidas en Asturias por particulares que realizaron obras para Renfe.

La denuncia fue trasladada por inhibición al Juzgado decano de Gijón, que ha archivado mediante providencia las actuaciones instruidas por la brigadilla, al no estimar que, de momento, hubiese infracción penal. Las vías por las que aún podría prosperar la denuncia son a través de la delegación del Gobierno en la Red Nacional de Ferrocarriles o por medio de una acción civil de la propia Renfe.Por un decreto de 9 de mayo de 1969 se hizo coincidir el cargo de delegado gubernativo con el de presidente del consejo de administración de Renfe. Este decreto, justificado en base a la disminución del gasto público, convierte al titular de estos dos cargos en juez y parte en su papel de observar y exigir al consejo de administración el cumplimiento de las leyes y disposiciones gubernativas. La denuncia judicial presentada por el Grupo de Investigación y Vigilancia de Ferrocarriles había sido formulada previamente a la dirección de Renfe, sin haber sido tomada en consideración. Las diligencias instruidas por la brigadilla ante los indicios de posibles fraudes por parte de determinados constructores fueron iniciadas el pasado mes de abril.

Por otra parte, miembros del Grupo de Investigación y Vigilancia de Ferrocarriles instruyeron unas nuevas diligencias, después de tomar declaración a los inspectores de coordinación de Renfe, por otras supuestas graves irregularidades, prácticamente en todo el país, en la explotación de líneas de autobuses supuestamentte competitivas para la red, cuyo estatuto contempla esta actividad como una infracción siempre que las líneas no tengan una finalidad complementaria o sustitutiva. Según la denuncia formulada, sobre la que, al parecer, deberá entender la Audiencia Nacional, median notorios intereses privados de las empresas que tienen contratadas estas líneas, cuya titularidad pertenece a Renfe.

Al ser consultados por EL PAIS, miembros del Grupo de Investigación y Vigilancia de Ferrocarriles se han negado a facilitar datos sobre estas denuncias, alegando no estar autorizados para ello.