Otra voz para la Justicia

Juez de primera Instancia e InstrucciónEl modelo «consensual» puesto en juego para la elaboración de la mayor parte del proyecto constitucional ha producido un efecto, a nuestro parecer, de amplio alcance. Diríamos -sin prejuzgar posibles poderosas razones de realpolitik- que el «secuestro» a la opinión pública de un sinnúmero de temas que así no han salido del restringido área de los expertos, como si de materias puramente técnicas se tratase. Y, desde luego, no han llegado a la calle, o ha sido en versión empobrecida y desproblematizada, fruto de una artificiosa «pacificación» coyuntural que, a lo sumo, no hace sino aplazar necesarias e inevitables confrontaciones y debates ideológicos.

Aquí se quiere hablar solamente de la justicia, cuyo tratamiento parlamentario, hasta el momento, ha pasado -por obra y gracia de una atávica desinformación general y la ausencia de discusión y de crítica pública- sin pena ni gloria. Es decir, con mucha más pena que gloria.

El asunto es bastante grave si se considera que el ciudadano medio desconoce por completo ese mundo, que intuye inasequible, y sobre el que de hecho, le faltan datos que pudieran permitirle una aproximación en términos racionales. En general -y en esto sí que hay un amplio consenso popular- la justicia- admistración es algo que se padece desde una situación de desconocimiento que suscita actitudes de frustración, desconfianza e impotencia frente a lo que se vive como absolutamente ajeno. Y si hay algo que no tiene vuelta de hoja la necesidad de una urgente recuperación democrática de la justicia si se desea dar realidad a un sistema que dice quererla emanada del pueblo, con todo lo que esto implica.

Mientras tanto, lo cierto es una práctica de aquélla que justifica ampliamente opiniones populares tan generalizadas como la de que los pleitos se pierden siempre, incluso cuando «se ganan». Y ¿puede negarse que es así?

Pero, a decir verdad, esta constatación nos muestra sólo un aspecto de los varios de ese campo problemático. Porque en él «pierden » no sólo los que llegan y lo sufren desde fuera sino también quienes lo gestionan y padecen desde dentro. Aunque sea en grados y formas cualitativamente diversos. Y esto no es decir nada nuevo.

O ¿ no es cierto que la administración de justicia (administración. que no poder, si nos atenemos a tantas ataduras como ahora le niegan efectiva independencia) es el más envejecido, disfuncional y prácticamente ineficaz de los aparatos estatales?

A quien le pueda caber alguna duda no tiene más que ponderar la evolución del índice de desarrollo de la conflictividad, que es hoy objeto de tratamiento judicial, con la del de dotación de medios personales y materiales para el servicio de que se trata, en un mismo espacio de tiempo. O visitar las instalaciones de cualquier tribunal o juzgado y comprobar la incidencia en las mismas de los modernos métodos de racionalización del trabajo, en un mareo en el que aún no se conoce el fichero y donde la técnica en la manipulación de expedientes se ha detenido en el empleo de la lezna y la cuerda de pita. O comparar las dependencias, por poner un ejemplo, de la última oficina de empleo del país con las del juzgado de instrucción o de distrito de la misma localidad...

Y hablar de falta de personal quiero decir falta grave, de modo que ni siquiera las plazas previstas, en muchos casos, aun siendo ya escasas y rebasadas por las necesidades, se encuentran cubiertas por titulares, con la consecuencia de bajos niveles de rendimiento, falta de calidad el el trabajo. aparte lo insatisfactorio, desde el punto de vista de los afectados, de tantas situaciones de interinidad.

Y por lo que respecta a los medios materiales, baste decir que son harto frecuentes, si no la norma, los edificios malamente habitables, indecorosos o inadecuados: un juzgado puede estar en el sótano de un palacio de justicia con cientos de metros cuadrados de suntuosos pasillos, o en un inmueble antes abandonado por cualquier otra institución y adeudar el importe de la luz y el agua de buen número de meses y el de los desplazamientos en taxi por salidas de oficio durante tal vez medio año. Y carecer, no ya de biblioteca (entendiendo por tal un conjunto de libros actualizado y utilizable), sino incluso normalmente de un repertorio de legislación, que no está previsto que exista en todos los órganos judiciales (donde rige, como se sabe, el principio iura novit curia).

Desde el punto de vista de la remuneración de los profesionales de la justicia. tema en que el agravio comparativo con categorías funcionariales equivalentes es la regla, se dan situaciones francamente depresivas, si se piensa, sobre todo, en los niveles más bajos (de inevitables corruptelas, como la institucionalización de la propina o «astilla»). Y pueden darse incluso casos con auténticos ribetes de surrealismo, como el -bien reciente - de que en virtud (se ha dicho) de una errónea de interpretación de la disposición correspondiente, haya tenido que detraerse, después de tres mensualidades, la mayor parte de lo percibido en concepto de aumento en la retribución por varios cuerpos de funcionarios.

En otro orden de cosas, ¿cómo no hacer referencia en este breve examen de la realidad institucional contemplada al desorden legislativo, a la disparatada multiciplidad de los procedimientos? Lo que debería constituir el medio ordenado y flexible para la pronta resolución de los conflictos entre particulares se presta con demasiada frecuencia a artificiosas dilaciones y utilizaciones interesadas del trámite, a causa de su complejidad y dispersion. Viejas y nuevas disposiciones se mezclan en una legalidad abigarrada y caótica, más próxima a la carrera de obstáculos que a servir de cauce idóneo a un ágil caminar de los litigios en busca de solución eficaz.

Ante tal estado de cosas, que no puede ser interpretado como casual, no falta quien se ha preguntado si no es precisamente cierto tipo de ineficacia lo que este sistema quiere de la justicia. Proposición no tan aventurada si se piensa en la demostrada capacidad del mismo para ser eficiente en otros terrenos de la burocracia estatal.

Sin embargo, se hace cada vez más sensible la profunda necesidad de una justicia. verdaderamente justa en términos de justicia material, en la larga marcha hacia una sociedad democrática.

Y a nuestro modo de ver, el camino pasa por dos puntos. O. mejor, son tal vez dos los caminos que al fin están llamados a confluir.

Uno debe llevar a la liberación de las tensiones que en forma de desasosiego y frustración produce en todos los profesionales la situación denunciada. Y para ello, no existe medio más idóneo que el promover un amplio debate nacional entre los propios interesados en busca de soluciones prácticables a corto plazo, en todos los órdenes.

El otro se cifra en potenciar el conocimiento general de los problemas de la justicia, de sus carencias y limitaciones, de todo aquello, en fin, que ha hecho de la misma una realidad profundamente insatisfactoria.

Se trata, en definitiva, de hacer confluir en el mismo terreno a agentes prácticos y a eventuales destinatarios de una actividad del Estado que sólo puede ser comprendida. Y después transformada si se entiende como «cosa común» que, no por ténica en algún grado, ha de ser patrimonio exclusivo de los expertos. Y que sólo a través del conocimiento y la penetración críticamente constructiva puede llegar a ser tal que lo de que «emana del pueblo» deje de ser sólo una ironía.

El día de la apertura de tribunales es una de las pocas ocasiones en que «la voz» de la justicia, una cierta voz, habla de la justicia y se hace oír en los medios en marcos solemnes y formalizados para la celebración de valores -por hoy- de dudosa operatividad, de lo que apenas trasciende otra cosa que alguna información convencional.

Pues bien, es fuerza concluir que en la hora presente la justicia tiene necesidad de otra voz. Otra voz menos ritualizada. que salga de las aulas judiciales no un día, sino 365 de cada año. Que sea inteligible, que llegue a todos los rincones del país, a todos los que al fin y al cabo tienen algo que ver con ella, es decir, a todos. Otra voz que devuelva un eco informado, exigente y crítico, que establezca en ese ámbito la única dialéctica capaz de propiciar lo que Couture expresó en frase inolvidable al decir que: «El pueblo es el juez de los jueces.»