La ruptura de la disciplina financiera y la aceleración del gasto, objetivos gratuitos y demagógicos

Todas las preguntas sobre economía apuntan desde el regreso de las vacaciones en la misma dirección: ¿Qué hacer? Una pregunta a la que no puede retrasarse la respuesta porque el tiempo económico del país apremia. No existe un solo dato económico que justifique la demora y menos aún la pasividad. Las últimas cifras sobre precios testimonian que éstos han apresurado el paso coincidiendo, como en tantas ocasiones, con la vuelta a sus hogares de las familias que han podido veranear. Los empresarios se quejan de la mil y una incertidumbres -sociales, políticas y económicas- que dificultan, cuando no impiden, el ejercicio de su insustituible función de invertir. Las nuevas generaciones que han concluido sus estudios esperan, con sus flamantes títulos, ocupación, salida de cuya posibilidad comienzan a desanimarse por la presencia de unas cifras de paro crecientes que constituyen el problema social y económico más grave del momento. Los salarios van a ser negociados en fechas inmediatas y es preciso disponer de criterios aceptados para inspirar su negociación. En fin, la política económica acordadas en la Moncloa hace un año consume sus últimos cien días de vigencia sin que se disponga aún de una solución de recambio que pueda negociarse.¿Qué hacer? es una pregunta urgida y plenamente justificada por esta realidad.

Nada puede hacerse, sin embargo, sin contar con las posibilidades que el transcurso del tiempo ha dejado en nuestras manos. La coyuntura actual recoge las consecuencias de la política económica aplicada durante un año, y es el análisis de los rasgos que caracterizan esta coyuntura económica y el balance de sus problemas la única salida que nos queda para responder con racionalidad y con fundamento a la inquietante pregunta de ¿qué hacer?

Los desequilibrios ayer y hoy

Se ha venido repitiendo tantas veces en el último año, que no parece necesario destacar, una vez más, el punto de partida de cualquier reflexión sobre el presente de la economía española. Ese punto de partida está en los formidables desequilibrios acumulados en el mes de junio de 1977 por la larga y culpable pasividad de la política económica española frente a la crisis. Un desequilibrio interno de precios, que alcanzaba la tasa de aceleración del 44% en el mes de julio de 1977, y un déficit con el exterior que apuntaba, con toda probabilidad, a los 5.000 millones de dólares en el déficit de la balanza por cuenta de renta, eran cifras que requerían de poca meditación para tomar decisiones, pero de considerable valor para adoptar cuanto antes las medidas necesarias e impopulares de ajuste para que se tradujesen, con la prontitud requerida, en desaceleraciones de precios y en déficit con el exterior que fuesen financiables por un uso prudente de nuestra balanza de capitales. Sin mejorar estos graves desequilibrios resultaba imposible que la producción reemprendiese su marcha a las nuevas tasas que permitía la situación económica del país y el paro abandonase sus desconocidos niveles en el pasado inmediato y que situaba, día a día, nuestra desocupación como el mal más grave y el de más difícil remedio.El otoño del 78 se va a presentar a la economía española con unos desequilibrios menos graves que los que tenía en el punto de partida de su fecha democrática del 15 de junio del 77. Esta mejora de los desequilibrios fundamentales no sólo posibilita, sino que obliga a definir una política económica de signo un tanto diferente del que imperó hace un año.

La balanza de pagos: nueva situación

Comencemos por consignar las cifras de la balanza de pagos para el período enero-julio de 1978.Si el lector repasa sus cifras y está habituado a sus valores, hay que

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decirle que ha leído bien y que no existe error cuando ha comprobado que el saldo de la balanza por cuenta corriente es positivo en más de 430 millones de dólares. La magnitud de este cambio es fácil de apreciar cuando se observa que hace un año este mismo valor. era negativo en más de 3.000 millones de dólares. A este resultado no se ha llegado de manera casual, ni por el efecto de una sola partida. El equilibrio de la balanza de pagos es un fruto trabajado de la política económica abierta en el mes de julio de 1977 con la definición de un tipo de cambio realista de la peseta y continuada en otras decisiones de política monetaria, fiscal y de comercio exterior. Por otra parte, ese saldo favorable de la balanza de pagos se ha visto impulsado desde todas sus rúbricas y conceptos. Han aumentado las exportaciones,en más de 1.500 millones de dólares, han disminuido las importaciones en casi mil millones y el saldo de la balanza comercial se ha reducido a 2.336 millones de dólares, es decir, a algo menos de la mitad del déficit contabilizado en igual período de 1977. Los servicios y las transferencías han arrojado sus habituales -pero esta vez aumentados- saldos positivos con un total de 2.774 millones de dólares, suficientes para compensar el déficit comercial hasta situar el saldo de la balanza por cuenta corriente en su valor positivo de 438 millones de dólares.

A este comportamiento de la balanza por cuenta corriente se ha añadido una balanza de capitales a largo plazo que ha acumulado una entrada total de capitales por más de 2.000 millones de dólares, con lo que la balanza básica resulta positiva por 2.458 millones de dólares, bien distante a la cercana en su tiempo, pero contraria en su signo de los 1.185 millones de saldo negativo que registraba la balanza básica en enero-julio de 1977.

Con frecuencia se ha calificado este comportamiento de la balanza de pagos de espectacular y debe afirmarse que, a la vista de las cifras anteriores, el calificativo sería ajustado. Quizá los signos externos más reveladores de este cambio sean los 3.500 millones de reservas de principios de julio de 1978 y los 8.590 millones de dólares a que las reservas totales ascendían a finales de julio de este año 1978. Desde la cota de esos valores puede afirmarse que la limitación tradicional con la que el desarrollo económico de España se ha detenido en tantas ocasiones -el gollete de su sector exterior- ha sido despejado para los meses inmediatos y que el cambio de situación de nuestras cuentas exteriores facilita un cambio en la estrategia de la política económica, haciendo viables unas medidas imposibles de adoptar hace un año. Ello no quiere decir que el desequilibrio del sector exterior español se considere plenamente resuelto. Buena parte de esa mejor situación exterior se ha conseguido por la disminución del ritmo de crecimiento interno, lo que ha exigido menos importaciones. Por otra parte, la exportación española ha ofrecido, en los renglones de productos intermedios y materias primas industriales, crecimientos sustanciales que se verán frenados, sin duda, cuando se recupere la actividad industrial interna. El año climatológico excepcional que hemos vivido ha traducido también sus efectos sobre la balanza de pagos en forma de menores importaciones de productos agrícolas -por la excelente cosecha-, menores importaciones de petróleo -por el mejor año hidráulico- y mayores exportaciones por servicios turísticos. Estos éxitos no son fácilmente repetibles y, por tanto, los problemas que suscita la balanza de pagos no pueden perderse de vista como si se tratase de un viejo problema superado para siempre. Sin embargo, es claro que, hoy por hoy, la balanza de pagos no constituye ese problema que ha detenido nuestro desarrollo. España puede programar su futura política económica sin el agobio tradicional que le ha planteado el sector exterior y sin las inquietudes y zozobras que siempre suscita el rumor próximo de una posible devaluación de su signo monetario. La balanza de pagos ha alcanzado una posición sólida y la peseta también.

El comportamiento de los precios: progresos claros, objetivos pendientes

Si las ganancias del desequilibrio exterior han sido espectaculares, las del equilibrio interno han sido apreciables, pero de mucha menor dimensión. Es difícil doblegar una inflación creada por la pasividad de la política económica durante más de cinco años en el corto período de doce meses. Quizá la mejor forma de registrar los progresos obtenidos y los problemas pendientes resida en apreciar el movimiento de los precios de consumo por la media móvil trimestral de tres meses. Ese valor alcanzaba en el mes de julio del 77 (media de junio-julio y agosto) el 44,8%, y el índice de agosto del 77 sobre tres meses antes elevado a tasa anual, el 44,7%. La explosión de los precios españoles parecía, en aquellas fechas, incontenible, separando cada vez más a nuestra economía de la inflación europea y aproximándola a las tasas, de los países latinoamericanos. Concentrarse sobre este valor para tratar de reducirlo gradualmente a las, tasas de inflación vigentes en Europa constituyo una acción prioritaria del Plan de Saneamiento y Reforma Económica. La desescalada de precios comienza a ser apreciable ya en septiembre de 1977, situándose en el mes de febrero el índice en una tasa de crecimiento inferior al 15%, próxima a la pactada como objetivo en los acuerdos de la Moncloa. Esta desescalada de los precios se interrumpe al llegar esta fecha, sin duda como testimonio de que los componentes antiinflacionistas del programa han logrado su propósito para bajar de las tasas anteriores hasta el nivel del 16%, pero se ven imposibilitados de conseguir descensos ulteriores. No puede pensarse en precios más bajos de consumo con la política de rentas y precios y la política monetaria pactadas en los acuerdos de la Moncloa.Por otra parte, la tasa-objetivo para 1978 de los acuerdos no está aquí plenamente garantizada como ocurre con las cifras del sector exterior. Es posible, pero problemático, que la economía española pueda lograr en diciembre el cumplimiento pleno del compromiso de precios de los acuerdos de la Moncloa.

En efecto, el crecimiento de los precios en los siete primeros meses de 1978 ha colocado el índice general en el mes de julió en 150,6. El valor medio del índice de precios en el año 1977 fue de 124,5 y el objetivo de precios establecido en los pactos de la Moncloa señalaba un crecimiento -para la media del índice en 1978- de un 20 % como máximo frente a la media del índice en 1977. En consecuencia, el valor medio del índice para 1978 no debería superar en ningún caso la cifra de 149,4. Teniendo en cuenta los valores acumulados en los meses de enero a julio de 1977, el límite máximo al que podrá crecer el índice general a partir del mes de julio para alcanzar el objetivo del 20 % establecido en los pactos de la Moncloa no podrá ser superior al 1,33 % acumulativo mensual.

La tasa-objetivo media que acaba de señalarse no supone una tarea imposible para la política económica de los próximos meses, pero tiene ante sí un camino difícil a la vista de las tasas de crecimiento del índice en los últimos meses. La situación del índice de precios en la actualidad es de tal naturaleza que deja escaso margen para conseguir los objetivos fijados a la política antiinflacionista. Así, por ejemplo, si en agosto el índice creciese, un 1,5 % en lugar de un 1,33 %, en los restantes meses del año no podrá crecer a más de un 1,2 % como tasa media para alcanzar el objetivo previsto, lo cual ya resulta poco viable en los momentos actuales. Si en agosto el índice volviese a crecer al 2 % como en julio, la tasa media de los restantes meses no podría sobrepasar el 1 %, lo cual parece muy difícil conseguir en estos momentos sin una vuelta a drásticas medidas estabilizadoras. Sin duda, puede afirmarse que en materia de precios nos encontramos actualmente en el momento decisivo, pues del comportamiento del índice en el mes de agosto depende, en gran medida, que la política estabilizadora durante 1978 alcance o no a los objetivos previstos.

Con todo debe afirmarse que no es poco lo conseguido en la tarea de desacelerar el proceso inflacionista y es bastante lo que en ese difícil quehacer se ha aprendido desde julio del 77 a hoy.

El aprendizaje de la lucha contra la inflación: algunas enseñanzas

Ante todo ese año, ha testimoniado que nuestros monetaristas tenían razón: que una variable básica que determina el comportamiento de los precios es la cantidad de dinero, término que se traduce técnicamente por disponibilidades líquidas. Hoy podemos decir que no hubiese sido posible desacelerar la tasa de inflación en los meses pasados si no se hubiese desacelerado el crecimiento de las disponibilidades líquidas mediante un control monetario perseverante. El mantenimiento del control monetario sobre el crecimiento de las disponibilidades líquidas de una forma continuada constituye la única garantía que permite avalar con solvencia un futuro de precios estable.Por eso ha de ser considerado con alguna preocupación el comportamiento de las disponibilidades líquidas a partir de marzo del corriente año.

Los meses transcurridos de 1978 se han caracterizado por un crecimiento acelerado del volumen total de dinero en la economía española, es decir, de las disponibilidades líquidas, crecimiento que en términos anuales se aproxima al 22 %, superando el objetivo del17 % previsto en los pactos de la Moncloa.

El problema que plantea el crecimiento excesivo del volumen total de dinero no es otro. que su posible repercusión negativa sobre los precios. La experiencia española de los Últimos años y la de otros países pone claramente de manifiesto que un crecimiento del volumen total de dinero acaba produciendo -en un plazo no excesivamente dilatado- un recrudecimiento de las tensiones inflacionistas. De ahí que el control de crecimiento del volumen total de dinero -dentro de límites flexibles, pero cuidadosamente controlados- constituya la primera regla de actuación para alcanzar un nivel estable en los precios y evitar excesivas tensiones inflacionistas.

Esa ineludible necesidad de control monetario no reduce su indiscutible dificultad. Los aumentos en el volumen total de dinero -disponibilidades líquidas, es decir, dinero en manos del público más depósitos bancarios- dependen, en definitiva, del aumento de la base monetaria del sistema, y ésta, a su vez, depende del comportamiento de la balanza de pagos, del déficit o superávit del sector público y de las actuaciones compensatorias de las autoridades monetarias. Pues bien, a lo largo de los meses transcurridos de 1978 la balanza de pagos ha experimentado fuerte superávit, produciéndose importantes entradas de divisas que, al ser adquiridas por el Banco de España, han conducido a la puesta en circulación de su contrapartida en pesetas, con el correspondiente aumento de la base monetaria del sistema. Durante los meses transcurridos de 1978 este efecto está siendo particularmente intenso y constituye, sin duda, una de las causas principales del crecimiento de las disponibilidades líquidas a los ritmos indicados. Por otra parte, el sector público está manteniendo a lo largo de 1978 un comportamiento deficitario, situado dentro de los límites previstos en los pactos de la Moncloa, aunque con oscilaciones que han afectado al control monetario en algunos meses.

El último de los factores que determina el volumen de la base monetaria y, en consecuencia, el comportamiento del volumen total del dinero no es otro que la actuación de las propias autoridades monetarias. Esas actuaciones, que suelen instrumentarse mediante créditos que el Banco de España concede a la banca privada y a las Cajas de Ahorro o a través de la compara o venta a estas entidades de bonos del Tesoro o de otros fondos públicos, constituyen el posible elemento compensatorio de los factores anteriormente citados, es decir, del efecto expansivo del saldo de la balanza de pagos y del déficit del sector público.

Sin embargo, cuando el crecimiento del superávit de la balanza de pagos o el déficit del sector público son muy elevados, las autoridades monetarias difícilmente pueden compensar tales movimientos con la suficiente rapidez y en la medida adecuada sin provocar con sus actuaciones fuertes tensiones en el mercado monetario. En buena medida, esto ha sido lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, pues las actuaciones compensatorias de las autoridades

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se han visto limitadas por la necesidad de evitar mayores tensiones que las ya provocadas hasta el momento en los mercados monetarios. De este modo se explica -en parte al menos- la aparente paradoja de que los tipos de interés alcancen cotas elevadas mientras el volumen total de dinero crece a ritmos posiblemente superiores a los necesarios para garantizar una financiación adecuada de actividad económica.

En cualquier caso la experiencia española enseña claramente -lección dura, pero lección importante- que el control monetario debe prevalecer si desean estabilizarse los precios y moderar la inflación. Que voces airadas critiquen este control monetario es comprensible, pues la disciplina que la lucha contra la inflación exige no es fácil de aceptar y de cumplir. Pero es una disciplina en la que se forja la menor inflación que por todos los grupos sociales se pide y que el futuro desarrollo económico necesita como punto de partida inexcusable.

Una segunda enseñanza de la política antiinflacionista aplicada tras los acuerdos de la Moncloa es el importante papel desempeñado por la política de rentas y precios. Los datos disponibles permiten afirman que la norma de crecimiento salarial que salió de los acuerdos de la Moncloa se ha cumplido, contabilizando cuatro ventajas en su haber: 1.º Ha perlitado la negociación de los convenios colectivos, con un criterio cuya aceptación ha evitado que los criterios se atascasen en una lucha social larga y costosa. 2.º Ha permitido quebrar la servidumbre del índice histórico de precios como guía para la fijación de los salarios, rompiendo así un largo proceso de inflación acumulativa. La norma salarial generalizada hasta llegar a los acuerdos de la Moncloa era la del «coste de la vida más dos o tres puntos». Esta fórmula equivalía a sobreindiciar los salarios alimentando la continuidad de la inflación de costes y a mantener expectativas alcistas. Era preciso romper estas expectativas; asociando el crecimiento de salarios a una tasa futura y no pasada de crecimiento de los precios. La aceptación a la norma del 20 % de crecimiento salarial del 16 % de crecimiento de los precios de consumo en 1978 cumplía con este objetivo. 3,º Ha permitido que la política monetaria precisa para desacelerar la inflación no descargara sus efectos sobre el nivel de paro. 4.º La vigencia de la norma salarial ha demostrado que la defensa a ultranza del mayor crecimiento posible de los salarios monetarios, sin contemplar sus efectos sobre los precios y el empleo, no constituye el mejor medio de defender los intereses de la clase trabajadora. Y ello por varios motivos.

porque no es el incremento, pretendido en los salarios monetarios el que nos indica las ganancias reales conseguidas por los trabajadores (en 1976-77 una tasa de crecimiento de los salarios del 27% no consiguió más que una mejora real de medio punto, dada el alza de precios producida; en 1977-78, los salarios monetarios crecerán siete puntos menos, pero su ganancia real será mayor).

porque la inflación de costes que origina un alza de los salarios monetarios aunque fuera capaz de seguir a la inflación no proteje la cuota ahorrada por los trabajadores de su renta. El trabajador paga así con el sacrificio de su propia riqueza, erosionada por la inflación, una parte no pequeña del aumento de salario pagado por la empresa. El salario de hoy puede defenderse con alzas constantes (sobreindiciadas de la inflación). El salario de ayer ahorrado está indefenso.

porque el alza indiciada de salarios que alimenta la inflación de costes afecta negativamente al empleo, favoreciendo la extensión del paro. Un crecimiento del coste de trabajo ocasionado por salarios mayores redistribuye la renta en contra de las cuotas percibidas por la propiedad y la empresa, erosionando el excedente empresarial, lo que frenará las inversiones y ocasionará el paro.

Esos efectos de la política de rentas y precios destacan su importancia al servicio de una reducción paulatina de la inflación de costes -hoy todavía muy considerable-, condición necesaria para fortalecer el ahorro, la inversión y el crecimiento de la renta y el empleo.

Un fortalecimiento del todo necesario, ya que aquí se halla el gran problema económico de la economía en este otoño de 1978.

La cuenta de resultados de 1978

Puede aventurarse hoy que 1978 registrará: un desarrollo económico positivo que superará al previsto en los acuerdos de la Moncloa, una reducción de la inflación que podrá ajustarse, con voluntad perseverante hasta fin de año, a la línea marcada para la evolución de los precios y un sector exterior que desbordará positivamente todas las previsiones. Este parte general configura al ejercicio económico que termina como un año de transición en él que se ha realizado un ajuste importante de la economía española a la crisis mundial interrumpiendo así cuatro años de pasividad de la política económica.Es importante profundizar algo más en los resultados de este balance anticipado de 1978, a través de las cifras que ofrece el cuadro macroeconómico que acompaña a este repaso de la coyuntura. El crecimiento económico del 2,4% del PIB supera claramente al modesto crecimiento previsto en los acuerdos de la Moncloa (1%) y al crecimiento nulo que había pronosticado el informe de la OCDE. En este desarrollo de la producción interna han colaborado dos sectores fundamentalmente: el sector primario, a través de una excelente cosecha agrícola, y el sector de servicios, mediante un año turístico excepcional. Merced al avance de estas produeciones, el PIB ha podido superar el mediocre año de la industria, cuyo producto creció en un 1,9 %, y el negativo de la construcción, carente, durante todo el ejercicio, de una política responsable capaz de dar una respuesta constructiva a los problemas que afectan un sector de importancia tan vital en un tiempo de crisis.

Del lado de la demanda se registran también comportamientos muy desiguales. Ha sido la demanda externa la que ha tirado fundamentalmente de la economía, pues la demanda interior apenas se ha movido: el cuadro macroeconómico nos indica que, a lo sumo, creció en el 0,5%. El desarrollo del consumo privado ha tenido lugar por debajo del crecimiento del PIB, mientras que el consumo público lo ha hecho claramente por encima. Tras este crecimiento del consumo público se halla uno de los problemas fundamentales de la economía española de cara a los años que vienen. Es evidente que el sector público debe crecer por muchas razones: por su reducido nivel respecto de nuestro grado de desarrollo, por la deficiencia de servicios públicos suministrados a los ciudadanos, por demandar la producción pública un mayor em pleo de la mano de obra. Sin embargo, todas estas razones no justifican, en absoluto, el crecimiento desordenado del gasto público. El control del gasto público es una necesidad primaria de su propia expansión y el despilfarro presente en determinadas esferas de la economía pública, muy especialmente en la Seguridad Social -un sector auténticamente subdesarrollado desde el punto de vista presupuestario que increiblemente no aplica a su gestión el principio de unidad de caja-, requiere una urgente e imprescindible reforma.

Las cifras más negativas del anticipado balance de 1978 se hallan en la inversión. Un comportamiento que no es nuevo en nuestra economía, pues se muestra desde el comienzo de la crisis económica. Las cifras de inversión en los últimos cuatro años han sido siempre inferiores a las del año anterior en términos reales, oscilando las tasas de reducción entre un 2,4% y un 4,9%. Para 1978, la previsión más razonable indica que la inversión será inferior en términos reales a la de 1977, en torno a un 3%. De este porcentaje negativo participa tanto el capital fijo en construcción, que recoge así el mal año en este sector, y particularmente el resto del capital fijo en equipo, cuya tasa negativa (-5%) constituye la variable más preocupante del balance económico de 1978.

Este comportamiento negativo de las inversiones se relaciona con el problema social y económico más grave del año actual: el crecimiento de las cifras de paro. Quien analiza las tasas de actividad de nuestra población y sus niveles de ocupación y paro se enfrenta con el problema más grave de cuantos tiene planteados la sociedad española a finales de esta década de los setenta. La crisis económica ha traducido sus efectos en este frente en forma muy negativa: ha disminuido el porcentaje de nuestra población activa, que ha caído desde 1974 a hoy desde el 38,2 % al 35,4 %. Lo que ha supuesto una baja de 953.000 puestos de trabajo. La tasa global de actividad (activos sobre mayores de catorce años) ha caído del 52,6 %, en 1974, al 48,2 % para el segundo trimestre del año actual, mientras la tasa de paro se ha elevado del 2,7 %, en 1974, al 7,1 % en 1978. La pérdida de la fuerza de trabajo, cuando más necesaria resultaba para afrontar el descenso de la producción en que se manifiesta la crisis económica, y el aumento del paro constituyen aspectos negativos de la crisis, íntimamente asociados con la caída de la inversión productiva y con la orientación que la inversión productiva ha tomado respecto de la creación de puestos de trabajo.

Esta realidad innegable concede un sólido fundamento a la política capaz de superarla. Esta política no puede consistir, en modo alguno, en la solución burda y simplista consistente en animar el gasto nacional, eliminando todo lo que estorbe a su crecimiento: la disciplina del crédito, el logro de los difíciles equilibrios presupuestarios y la obligada economicidad del gasto público, la definición de una política de rentas y precios con arreglo a criterios antiinflacionistas. La recuperación de la inversión productiva debe lograrse con todas esas exigencias y son esas condiciones las que definen su dificultad. Esa: política no resulta, por desgracia, fácil de articular y mucho menos de aplicar, como muestra la realidad exterior. Dieciséis millones de parados de la OCDE y la lucha de la distintas políticas nacionales por hallar solución al problema testimonian que un programa que recupere la inversión, disminuya el paro y reduzca la inflación es algo mucho más difícil de conseguir que realizar la afirmación gratuita y demagógica de romper la disciplina financiera y acelerar el gasto nacional como único remedio. La recuperación de la inversión productiva y del grado de actividad de la economía española no puede prescindir en absoluto de las condiciones de equilibrio interno y exterior sobre los cuales debe asentarse. Hay, pues, una extensa agenda de deberes -de complejos deberes- a la pregunta ¿qué hacer? que domina el momento actual en todos los ambientes económicos.

El gran quehacer del momento reside en definir una política económica que, conservando los equilibrios fundamentales exterior e interno, permita alcanzar tasas de desarrollo económico más elevadas que requerirán crecimientos positivos de la inversión, que habrá de orientarse para que su impacto sea el mayor posible sobre los niveles de empleo.

Esta política exigente: exigente en la reducción de la inflación de costes, exigente en el crecimiento de las inversiones, no puede improvisarse en su formulación, ni puede aplicarse sin aceptación social. Se trata de una política que reclama el apoyo de la sociedad entera y de todas sus instituciones, económicas. La definición de esa política económica del futuro debe realizarse desde las distintas instancias sociales en fechas inmediatas y es la que debe negociarse al cumplirse el año de los acuerdos de la Moncloa. Pero para que esa negociación arranque de un fundamento firme, es preciso continuar en la lucha contra la inflación en los meses que quedan de 1978, evitando que esa mirada necesaria hacia el futuro nos haga tropezar duramente en el presente.