Dirigentes laboristas británicos presionan para que se aplacen las elecciones

Un poderoso grupo del Gabinete británico presiona al primer ministro para que aplace las elecciones generales al menos hasta la primavera próxima. El conjunto de la maquinaria política británica, sin embargo, está puesta en fase de «precalentamiento» electoral, asumiendo que el próximo 5 de octubre será el día elegido por el señor Callagham para convocar al país a las urnas.Entre quienes desean posponer los comicios figuran el vicejefe laborista, Michael Foot; el ministro del Interior, Merlyn Rees, y el de Asuntos Exteriores, David Owen.

Otros dos ministros calve, Denis Healey, de Hacienda, y Roy Hattersley, de Precios, inicialmente inclinados al aplazamiento, bascularían ahora del lado de quienes consideran inevitables unas elecciones este otoño. La razón fundamental de la presión sobre James Callagham es que los últimos análisis llegados a Downing Street no son tan claros como se esperaba en la predicción de una victoria laborista.

Hay otros dos argumentos suplementarios. El primero, que en primavera estará concluido un nuevo registro electoral, en el que la inclusión de numerosos inmigrantes mejoraría notablemente las posibilidades del partido gobernante en al menos seis circunscripciones. La política racial y laboral de los conservadores asegura virtualmente el voto de los británicos de color para el laborismo. El segundo, que el retraso de las elecciones generales convertiría en papel mojado la costosísima campaña propagandística que ha puesto en marcha la oposición conservadora y que ya no puede ser detenida.

Aunque la fecha de la elección es tradicionalmente en Gran Bretaña una decisión estrictamente personal del primer ministro, una ojeada neutral al panorama político no augura nada bueno para el laborismo en el caso de posponer la cita con las urnas. El Gobierno no cuenta con la mayoría en el Parlamento y, tras la extinción del pacto con los liberales que le ha permitido sobrevivir, no se ven otras alternativas de coalición viables, ni con los unionistas del Ulster ni con los nacionalistas escoceses o galeses. El partido de David Steel, suficientemente escarmentado por los nulos frutos de su alianza con el laborismo, no jugará el papel de muleta del señor Callagham hasta la primavera próxima sin sustanciales concesiones previas a su programa político. En las precarias condiciones actuales, el Gobierno se arriesga a ser derrotado en los Comunes por un voto de no confianza tras la lectura del discurso de la reina, el tradicional mensaje del primer ministro sobre el programa legislativo de su Gabinete que tiene lugar en octubre, cuando se reabre el Parlamento. Y unas elecciones forzadas por la derrota sí que serían desastrosas para el partido gubernamental.

Algún signo claro sobre las intenciones finales del señor Callagham se espera la semana entrante, en que el primer ministro, se dirige en Brighton al congreso de los sindicatos británicos. Todo está dispuesto por los líderes de los trabaj adores ingleses para que de Bríghton salga un masivo respaldo para la política laboral del premier, respaldo que James Callagham habrá de pagar con concesiones en los topes salariales. La poderosa maquinaria sindical británica está decidida a poner toda la carne en el asador para impedir que el próximo Gobierno esté dirigido por la señora Thatcher. Y, junto a su compromiso político, el Trade Union Congress pondrá no menos de 150 millones de pesetas en las arcas laboristas para desarrollar la lucha electoral.

Suponiendo que el 5 de octubre sea el día d el primer ministro notificaría sus intenciones a la reina el próximo fin de semana, en que acude a Balmoral, en Escocia, para la tradicional visita de verano. Downing Street emitiría a mediados de septiembre una nota enunciando la disolución del Parlamento. A partir de entonces comenzarían a contarse las tres semanas habituales de campaña, que finalizarían con la votación y la llegada al poder de un nuevo Gobierno.