El Ayuntamiento prepara un plan especial que sustituya al precatálogo

Ha comenzado la elaboración de un plan especial, llamado a sustituir el actual precatálogo municipal, cuyos principales objetivos son evitar la desaparición de la trama urbana y de sus edificios, así como el desalojo de sus habitantes. Dirige el trabajo el arquitecto Enrique Balbín, en funciones de secretario técnico, y colaboran en él los también arquitectos Arturo Soria, García Grinda, Luis Moya y Alberto Humanes.

En un plano más amplio, las pretensiones del nuevo plan especial serían proveer los mecanismos para la ejecución de las obras previstas por el plan, sobre todo la rehabilitación de edificios según las situaciones de sus ocupantes; efectuar estudios de la propiedad de los inmuebles con vistas a su mantenimiento o posible transferencia; lograr diferentes modalidades de créditos; aplicar indemnizaciones por los desajustes causados por planeamiento, y un segundo estudio de la expropiación, encaminado a alojar equipamientos dentro de la trama.Para la delimitación de las zonas urbanas, y al contrario de lo que ha venido haciéndose serán utilizadas dos tipos de catalogaciones: una catalogación negativa mediante la descripción de edificios que carezcan de interés -bien porque sean de época reciente, por deterioro de su estado físico, por su baja calidad o porque rompan la armonía- en las zonas consideradas homogéneas. Estos edificios quedarían excluidos de la protección normativa del plan especial.

En cambio, las zonas exteriores, es decir, las no consideradas como históricas, se definirán en una catalogación positiva de sus edificios, con lo que éstos quedarían bajo las medidas de protección y de gestión. Cualquiera que fuese el tipo de catalogación que se emplease para la delimitación de áreas homogéneas, las zonas ambientales del actual precatálogo quedarían sensiblemente ampliadas. Según se especifica en el proyecto, «para devolver una serie de áreas urbanas de notable consolidación a una mecánica proporcionada a su realidad interna total, hay que instrumentar recursos para romper los mecanismos de desalojo o rotura de las tramas de residencia y uso que ahora existen. El proceso que proponemos sería el chequeo de una serie de políticas que alternativamente, o todas juntas, conduzcan a la rotura de estos mecanismos de desalojo».

Respecto a las tres situaciones en que pueden encontrarse los inmuebles, el plan ofrece también distintas soluciones: propone medidas de exención tributaria, créditos o ayudas para obras de rehabilitación o mantenimiento aplicables a los edificios habitados por los propietarios, y a los locales vacíos, bien en su totalidad o en parte del inmueble, se les considera en él susceptibles de la actuación indirecta. Respecto a los habitados en régimen de alquiler, que son los más conflictivos, se prevé la posibilidad de inversión de los propios vecinos, bien mediante la expropiación a su favor del inmueble, bien supliendo las cantidades que rebasen el 50% del valor del inmueble por parte de los vecinos, en los casos de ruina administrativa, bien autorizando a sus ocupantes a acometer obras elementales de habilitación, o finalmente, previendo que los vecinos puedan iniciar obras a su cargo sin que ello repercuta en un aumento de los alquileres. También se aprecia en él la posibilidad de facilitar créditos o ayudas para las obras que se realicen con la concesión de créditos o gracias a la exención de impuestos o derechos.

Por último, el proyecto del plan prevé una serie de trabajos de carácter sociológico y complementario, entre los que destaca un proceso de investigación de métodos de acceso y averiguaciones del estado de opinión de los usuarios. Su finalidad sería comprobar sus posturas sobre las operaciones de mejora de las viviendas y la recogida de información sobre los expedientes de ruina.

El Plan General se propone actuar dentro del marco legal y considerar el catálogo elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) como una importante fuente de información documental. En él se sugiere, asimismo, la creación de una Comisión de Seguimiento y Control del Plan, de la que formarían parte, entre otros, parlamentarios de Madrid, presidentes de asociaciones de vecinos, y un representante de cada asociación, colegio profesional u otros organismos relacionados con el tema.