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Reguladas las relaciones de Trasmediterránea con el Estado

El decreto regulador del status de la compañía Trasmediterránea apareció ayer en el Boletín Oficial. La Trasmediterránea fue adquirida recientemente por el Estado después de una oferta pública de compra de acciones a sus propietarios y una vez que caducara el contrato que regulaba la actividad de la compañía y sus relaciones con el Estado. Trasmediterránea viene cubriendo tráficos entre la Península y las provincias insulares y localidades españolas en Africa, con tarifas políticas fijadas por el Estado y subvenciones para cubrir los déficit de explotación. Trasmediterránea, una vez que la práctica totalidad de las acciones están en manos del patrimonio del Estado, regulará su actividad por el decreto publicado ayer que entra en vigor con carácter retroactivo a 1 de enero. El contrato se firma por veinte años prorrogables por otros dos. Las acciones de la sociedad estarán siempre a nombre de españoles y de la misma nacionalidad tendrá que ser sus directivos. El servicio que presta se llamará de comunicaciones marítimas de interés nacional. Con respecto a las tarifas, el decreto dice que serán fijadas por el Ministerio de Transportes con criterios de mercado para constituir de modo prioritario la financiación de la empresa. Las posibles subvenciones para cubrir déficit irán fijadas en la ley de Presupuestos del Estado. El decreto valora la flota actual de Trasmediterránea, constituida por 32 buques, en 7.661 millones de pesetas.

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